Prohibición polémica: ¿Palestine Action es terrorismo o disidencia legítima?

Una protesta en Londres que terminó con casi 900 arrestos

El sábado pasado, el centro de Londres fue testigo de una masiva manifestación organizada por el grupo Defend Our Juries en apoyo a Palestine Action, un colectivo que fue recientemente proscrito por el gobierno británico al ser considerado una organización terrorista. La protesta, que comenzó pacíficamente, concluyó con 890 personas arrestadas, la mayoría detenidas bajo la Terrorism Act por, supuestamente, apoyar a una organización prohibida.

Los organizadores de la protesta, que reunió a unas 1.500 personas, defendieron la naturaleza no violenta del acto, señalando que los arrestos se realizaron por portar carteles con mensajes como “I oppose genocide, I support Palestine Action”. Estos eventos reavivan una discusión sustancial: ¿en qué momento la disidencia política se convierte en terrorismo?

¿Qué es Palestine Action?

Fundado en 2020, Palestine Action ha destacado por su uso de protestas directas como estrategia principal. Entre sus principales blancos figuran fábricas y oficinas de Elbit Systems UK, una subsidiaria del fabricante israelí de armas Elbit Systems, que produce drones y otros equipos militares.

El grupo ha sido acusado de causar millones de libras en daños mediante acciones que incluyen sabotajes, pintadas y vandalismo. Entre sus actos más notorios destacó uno ocurrido en una base de la Royal Air Force, donde activistas irrumpieron para rociar con pintura roja los motores de aviones cisterna.

La entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, justificó la proscripción afirmando que “las evaluaciones son claras: esta no es una organización no violenta”. La ley británica penaliza el apoyo público a grupos clasificados como terroristas con hasta 14 años de cárcel.

El rol de las libertades civiles y la ONU

La medida ha sido ampliamente criticada por entidades de derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una dura advertencia. Señaló que utilizar la legislación antiterrorista para criminalizar acciones que claramente no encajan en el estándar internacional sobre terrorismo representa una amenaza para los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión.

Según Türk, “las leyes contra el terrorismo deben aplicarse únicamente a conductas encaminadas a causar la muerte, lesiones graves o a la toma de rehenes”. De lo contrario, advirtió, existe un peligro real de utilizar la ley para sofocar la crítica legítima al Estado.

Los rostros detrás del movimiento

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, calificó la medida del gobierno como un “ataque catastrófico a las libertades civiles” que producirá un “efecto paralizante mucho más amplio sobre la libertad de expresión”.

El grupo ha recibido apoyo de personalidades del mundo cultural, como la reconocida autora irlandesa Sally Rooney. La escritora ha expresado públicamente su respaldo, indicando que sus ingresos recientes serán destinados “a seguir apoyando Palestine Action y las acciones directas contra el genocidio”.

Incluso ciudadanos como Mike Higgins, un manifestante ciego que utiliza silla de ruedas, han sido detenidos bajo acusaciones de terrorismo. “¿Y yo soy un terrorista? Esa es la gran broma”, comentó. A pesar de su situación, afirmó que regresará a protestar: “¿Qué otra opción tengo?”

La reacción policial y social

La respuesta de la Policía Metropolitana de Londres fue contundente. Según declaraciones de la subcomisaria Claire Smart, durante la protesta varios agentes fueron “golpeados, pateados, escupidos y les arrojaron objetos”. Sin embargo, desde la organización de la protesta se niegan categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “risibles”.

Los cánticos entre los presentes dejaron claro su descontento con la actuación policial: “Shame on you” y “Met Police, pick a side — justice or genocide”. Testigos informaron que manifestantes fueron arrastrados cuando ofrecían resistencia pasiva, negándose a moverse.

Palestine Action y el desafío de los tribunales

A pesar de la designación de terrorismo, Palestine Action ha recibido el respaldo del Alto Tribunal británico para impugnar la prohibición. El proceso judicial continúa su curso y se espera un fallo clave el 25 de septiembre.

Una victoria legal podría sentar un precedente crucial respecto a cómo puede usarse (o malusarse) la legislación antiterrorista para abordar protestas políticas —sobre todo cuando estas afectan poderosos intereses económicos o geoestratégicos, como las fábricas de armas.

¿Activismo o sabotaje? El debate legal y moral

La línea entre lo que constituye una protesta legítima y lo que puede ser considerado sabotaje con implicancias terroristas es cada vez más difusa. ¿Utilizar pintura roja para simbolizar la sangre de palestinos equivale a una amenaza contra el Estado? ¿Sabotear una instalación militar, sin víctimas mortales, puede categorizarse igual que un atentado?

Estas preguntas obligan a revisar el concepto mismo de terrorismo. Históricamente, el término ha sido ampliamente manipulado. Desde los años posteriores al 11-S, muchas democracias occidentales comenzaron a extender el alcance de sus leyes antiterroristas para incluir actos que, si bien son disruptivos y a veces ilegales, no constituyen violencia letal.

Hoy, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertan que varios gobiernos están abusando de estos marcos legales para reprimir movimientos incómodos, especialmente aquellos que critican aliados estratégicos como Israel.

¿Por qué el foco está en Elbit Systems?

Elbit Systems, el principal fabricante israelí de tecnología militar, ha sido señalado por múltiples informes de organizaciones de derechos humanos como un actor decisivo en el conflicto armado en Gaza y Cisjordania.

Sus drones y equipos de vigilancia se utilizan en operaciones que, según Human Rights Watch, pueden estar vinculadas a violaciones del derecho internacional humanitario. Que sus filiales operen en Reino Unido, vendiendo tanto al Ministerio de Defensa británico como a socios privados, ha sido denunciado por activistas como una forma de complicidad indirecta en los crímenes cometidos contra la población palestina.

¿Y la opinión pública británica?

A pesar del endurecimiento legal, una gran parte de la sociedad británica no ha dejado de expresarse. El mismo fin de semana que se realizó la protesta de Defend Our Juries, se llevó a cabo una marcha aparte, también pro-palestina, que reunió a unas 20.000 personas según estimaciones policiales.

Esto pone de manifiesto un clivaje interesante: aunque el gobierno busca criminalizar ciertos discursos o acciones, la ciudadanía sigue mostrando una fuerte voluntad de movilización y de solidaridad internacional.

Un futuro delicado para el activismo en Reino Unido

La proscripción de Palestine Action podría convertirse en un punto de inflexión para el activismo británico. No sólo por sus implicaciones inmediatas —cientos de activistas enfrentando años de prisión—, sino por el precedente que sienta respecto a lo que el Estado puede o no puede calificar como terrorismo.

Más allá del caso puntual, queda abierta una pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿Dónde termina la protesta legítima y empieza el extremismo? Y más aún: ¿estamos dispuestos a aceptar que esa línea sea trazada por quienes tienen el mayor interés en silenciar la crítica?