¿Estados Unidos en guerra contra los cárteles? El polémico giro militar de Trump en América Latina

Un bombardeo que cambia las reglas del juego

El 1 de septiembre de 2025, la noticia recorrió el mundo en segundos: una embarcación cerca de la costa venezolana fue destruida por un misil de precisión disparado desde un navío estadounidense. El ataque, que mató a 11 presuntos miembros del Tren de Aragua —un violento grupo criminal catalogado como organización terrorista por EE. UU.— fue justificado por la administración Trump como una medida de “autodefensa frente a una amenaza inminente”.

Este hecho marca un antes y un después en cómo el gobierno estadounidense aborda la lucha contra el narcotráfico. Tradicionalmente liderada por la Guardia Costera, la DEA y agencias diplomáticas, el combate marítimo a las drogas pasa ahora a una etapa donde los misiles y bombarderos podrían sustituir esposas y extradiciones.

Trump y la militarización del Caribe

Según fuentes del Pentágono y declaraciones del Secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Trump firmó meses atrás una directiva que autoriza el uso de la fuerza militar contra determinados grupos criminales latinoamericanos. Se trata de un cambio drástico en las normas que han regido durante décadas las operaciones antidrogas marítimas.

“Los carteles representan una amenaza directa para Estados Unidos”, afirmó Rubio durante su visita a Ecuador. “Trump tiene el derecho, bajo circunstancias extraordinarias, de eliminar amenazas inminentes”.

Estas declaraciones se dan en medio de un despliegue militar creciente en la región: se han enviado 10 cazas F-35 a Puerto Rico para apoyar misiones de interdicción, y oficiales han comenzado a utilizar términos como “campaña de guerra” para describir las nuevas estrategias contra el contrabando marítimo.

Reacciones encontradas en el Congreso

El ataque ha desatado una tormenta política en Washington. El vicepresidente JD Vance celebró el bombardeo en redes sociales: “Eliminar a miembros del cartel que envenenan a nuestros ciudadanos es el mejor uso del poder militar estadounidense”. Pero miembros de ambos partidos expresaron su preocupación por el precedente legal y geopolítico.

Claire Finkelstein, profesora de derecho en la Universidad de Pensilvania, fue tajante: “No existe ninguna autoridad legal que justifique este accionar. No fue en autodefensa, ni en plena guerra. Fue un asesinato extrajudicial”.

Incluso aliados históricos del Partido Republicano se preguntan por la falta de transparencia. El Departamento de Defensa no ha ofrecido detalles sobre qué servicio ejecutó el bombardeo, ni cómo se identificó el objetivo como perteneciente al Tren de Aragua.

Implicaciones legales internacionales

Según el derecho internacional y las convenciones de la ONU, un ataque militar en aguas internacionales o territoriales sin una resolución del Consejo de Seguridad o sin una declaración de guerra formal se considera, técnicamente, un acto de guerra.

“¿Se imaginan si un buque venezolano bombardease un barco a 12 millas náuticas de Florida?”, preguntó Finkelstein en una entrevista con PBS. “Estados Unidos lo consideraría una declaración de guerra. Esto no es diferente”.

Días después del bombardeo, cazas venezolanos sobrevolaron peligrosamente cerca de un buque de guerra estadounidense. La respuesta de Trump fue directa: “La próxima vez que lo hagan, serán derribados”.

¿Una estrategia efectiva o un caos diplomático?

La historia del combate al narcotráfico desde el mar data de hace casi 40 años. La Maritime Drug Law Enforcement Act (1986) fue diseñada para permitir que buques de EE. UU. interceptaran tráfico de drogas en aguas internacionales que se dirigiera hacia su territorio. Estos operativos, liderados por la Guardia Costera y apoyados por fuerzas de países amigos como el Reino Unido, Francia o Colombia, han generado docenas de arrestos y decomisos anuales.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse:

• En los primeros 9 meses del año fiscal 2025, se abrieron 127 nuevos casos bajo esta ley.
• En 2024, se registraron 131 casos en total.
• El promedio por caso incluye más de 2 acusados internacionales por incidente.

Pero la militarización podría poner en riesgo las redes diplomáticas que han hecho este sistema viable durante décadas. James Story, exembajador en Venezuela y especialista antidrogas, fue claro: “Eliminar a criminales de forma unilateral y sin debido proceso amenaza las alianzas que hemos cultivado por 40 años”.

Story añadió que más de 20 naciones colaboran actualmente con EE. UU. desde la base aérea naval de Key West, Florida, en labores de interdicción marítima conjunta.

¿Por qué apuntar al Tren de Aragua?

El denominado Tren de Aragua ha crecido exponencialmente durante la última década, originalmente como una estructura mafiosa dentro de las prisiones venezolanas. Hoy opera desde Chile hasta México, con actividades que van desde tráfico de personas hasta extorsión, minería ilegal y, por supuesto, drogas.

Un informe de Insight Crime de 2023 estimaba que el Tren de Aragua tenía células en al menos 8 países de América Latina.

La designación formal de este grupo como Organización Terrorista Extranjera por parte de EE. UU., similar a la empleada para Al-Qaeda o los talibanes, habilitó legalmente medidas extremas como los ataques militares. Pero ¿legítimas bajo derecho internacional? Aquí es donde reside el debate más caliente del momento.

Un giro narrativo impulsado por Trump

La narrativa de Trump no es nueva: durante su primera administración ya habló de “invadir México” para combatir cárteles y reforzó la vigilancia fronteriza con fines militares. En 2025, sin embargo, esta narrativa entra directamente en la fase de implementación.

Estas acciones están siendo enmarcadas como respuestas “proporcionales” frente a lo que la Casa Blanca denomina “una guerra de los carteles contra el pueblo estadounidense”.

Pero las consecuencias de este enfoque podrían ser incalculables. Desde represalias diplomáticas hasta la erosión de principios jurídicos que han diferenciado, históricamente, la actuaciones de EE. UU. frente a otras potencias más autoritarias.

¿Intervención o extralimitación?

Mientras el debate se intensifica, es crucial entender lo que está en juego. No se trata solo del éxito o fracaso en la lucha contra las drogas, sino del tipo de país que Estados Unidos quiere ser: ¿un defensor del derecho internacional o una potencia que recurre a la fuerza unilateralmente?

La guerra contra el narcotráfico ha sido, desde tiempos de Nixon, una batalla de largo aliento. Pero convertirla en una guerra literal militarizada abre puertas difíciles de cerrar.