Corrupción bajo el agua: el escándalo que salpica a congresistas en Filipinas por obras de control de inundaciones

El inicio de una tormenta política

En un país azotado regularmente por tifones y lluvias torrenciales, las obras de mitigación de inundaciones deberían ser un salvavidas para los ciudadanos más vulnerables. Sin embargo, en Filipinas, dichas obras podrían estar siendo utilizadas como una fuente de enriquecimiento ilícito para legisladores y altos funcionarios. El reciente testimonio del matrimonio Discaya en el Senado ha sacado a la luz una de las más graves tramas de corrupción en la historia reciente del país asiático.

Pacifico y Sarah Discaya, propietarios de una empresa constructora, comparecieron ante el Comité del Lazo Azul del Senado filipino y señalaron a por lo menos 17 congresistas y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) como responsables de exigirles sobornos del 25% del valor total por cada proyecto de control de inundaciones adjudicado.

El precio del acceso: 25% por proyecto

El escándalo se centra en los contratos de obras hidráulicas, que forman parte de un paquete nacional al que se han destinado alrededor de 545.000 millones de pesos filipinos (unos $9.600 millones) en los últimos tres años. Las cifras espantan, sobre todo al conocer que, según los Discaya, una cuarta parte del presupuesto era desviado como “peaje político”.

“Nos exigieron pagos para garantizar que nuestros proyectos fueran aprobados. Si no lo hacíamos, nuestros contratos simplemente no avanzaban”, declaró Pacifico Discaya bajo juramento.

Autos de lujo y un estilo de vida millonario

La pareja cobró notoriedad pública anteriormente tras aparecer en medios nacionales mostrando su colección de docenas de autos de lujo de marcas europeas y estadounidenses. Aunque entonces su fortuna fue aplaudida por algunos como muestra del éxito empresarial, hoy esa imagen se torna escandalosa.

Según dijeron, no piensan quedarse callados. “Estamos preparados para testificar contra todos los involucrados. Pero tememos por nuestra seguridad”, afirmó Sarah Discaya. La pareja solicitó comparecer también a puertas cerradas para ampliar los detalles del llamado “payola hidráulico”.

Un Congreso salpicado de denuncias

Entre los nombres mencionados en la audiencia se encuentra el del presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, supuesto beneficiario indirecto de sobornos a través de intermediarios. Romualdez negó vehementemente las acusaciones, calificándolas de “mentiras y una campaña deliberada para manchar su integridad”.

“No permitiré que falsedades manchen mi nombre ni el de la honorable institución que presido”, declaró Romualdez en un comunicado oficial.

Subestándares, obras fantasma y una renuncia clave

La renuncia del secretario del DPWH se produjo tras una ola de indignación pública en redes y medios tradicionales, motivada por la gravedad de las acusaciones. El presidente Ferdinand Marcos Jr., tras inspecciones sorpresa, denunció hallazgos alarmantes, como proyectos completados que en realidad eran inexistentes y otros de calidad subestándar.

“Lo que hemos visto es horrible. Es inaceptable. Esta corrupción le cuesta vidas al pueblo filipino”, declaró visiblemente emocionado Marcos, quien ordenó la creación de una comisión independiente para la investigación del caso y prometió castigos penales ejemplares.

La Iglesia alza la voz

Con una influencia aún significativa en la vida política del país, la Iglesia católica también reaccionó con firmeza. Varios obispos exigieron en un comunicado la restitución del dinero robado y alentaron a la juventud a denunciar injusticias desde sus plataformas sociales.

“Filipinas necesita una conversión moral profunda. No podemos permitir que estas prácticas persistan mientras millones viven en riesgo de inundaciones y pobreza”, se leía en el comunicado.

Las víctimas silenciosas: los damnificados por tifones

El telón de fondo de este escándalo es aún más trágico si se toma en cuenta la geografía y el clima del archipiélago. Filipinas sufre anualmente más de 20 tifones y tormentas, con impactos devastadores sobre su infraestructura y especialmente sobre sus comunidades más pobres.

En julio pasado, dos tifones consecutivos y los monzones asociados provocaron grandes inundaciones que afectaron a millones de personas, desplazaron a más de 300.000 filipinos y causaron al menos 26 muertes, muchas de ellas en barrios marginales donde las defensas contra el agua simplemente no existen.

Negocios turbios, obras vitales

La magnitud del desfalco genera preguntas incómodas: ¿cuántas obras no se ejecutaron adecuadamente por el desvío de fondos? ¿Cuántas vidas se perdieron por la corrupción estructural?

De los 15 contratistas invitados a declarar ante el Senado, solo la empresa Discaya ha admitido abiertamente haber pagado sobornos. El resto lo negó. Expertos anticipan una bola de nieve judicial que podría durar años y remodelar profundamente el acceso a la obra pública en el país.

Nuevas herramientas, más denuncias

En respuesta a la reacción pública, el gobierno lanzó una plataforma digital para denunciar irregularidades en proyectos públicos. La web ha sido inundada con miles de reportes desde su activación, en una muestra de lo extendido de la indignación popular.

Según el analista político Francisco Lazo: “Esto podría ser un punto de inflexión. Si se judicializa seriamente, más jugadores podrían caer. Hay temor, claro, pero también hay un hartazgo palpable con la impunidad”.

¿Y ahora qué sigue?

El caso Discaya sitúa a Filipinas ante una oportunidad histórica. En plena era digital, la corrupción ya no puede ocultarse tan fácilmente. La presión pública, amplificada por redes sociales y medios de comunicación independientes, podría empujar a una reforma estructural del funcionamiento del Congreso y de los procesos de contratación pública.

El Senado ha convocado a nuevas sesiones públicas y presenciales en las próximas semanas. Mientras tanto, se fortalece la exigencia ciudadana para que se nombre un fiscal especial, independiente del poder político, para encabezar las investigaciones.

Ahora, la pregunta que ronda en el aire no es solo quién recibió sobornos, sino quién realmente protegerá a Filipinas de sus inundaciones.