El acuerdo millonario de la Arquidiócesis de Nueva Orleans: ¿justicia o estrategia para el silencio?

Un acuerdo histórico que sacude a la Iglesia en EE. UU.

Más de una década después de las primeras denuncias públicas, la Arquidiócesis de Nueva Orleans ha acordado pagar 230 millones de dólares como parte de un acuerdo con más de 500 sobrevivientes de abuso sexual clerical. Este acuerdo representa uno de los más grandes en la historia reciente de la Iglesia Católica en Estados Unidos, y abre una profunda reflexión sobre justicia, reparación y responsabilidad institucional.

De 179 a 230 millones: la lucha por ser escuchados

En mayo, la arquidiócesis había ofrecido pagar al menos 179,2 millones de dólares. La reacción fue inmediata: abogados de las víctimas consideraron que se trataba de una "oferta insuficiente" y presionaron para lograr una cifra más justa ante el sufrimiento de cientos de personas. “Con el poder del 'no' nos hicieron escuchar”, dijo un grupo de diez abogados que representan a una parte significativa de los demandantes. El nuevo acuerdo representa un 28% más que la propuesta original, señal clara de la determinación de las víctimas por no conformarse.

Un proceso marcado por el silencio y el desgaste

La arquidiócesis se declaró en bancarrota en mayo de 2020, una medida interpretada por muchos como un mecanismo para evitar mostrar una rendición pública de cuentas. Optar por la vía financiera le ha permitido a la Iglesia evitar juicios individuales y las difíciles preguntas del tribunal.

Según la organización BishopAccountability.org, este caso es uno de los más extensos y conflictivos dentro de los procesos de bancarrota de diócesis en EE. UU. relacionados con abuso sexual. El presidente de la entidad, Terence McKiernan, señala que este tipo de procedimientos permiten a las instituciones “controlar la narrativa” a cambio de compensaciones financieras.

Si el acuerdo fracasa, empieza otra odisea judicial

Los sobrevivientes tienen hasta finales de octubre para votar si aprueban el acuerdo. De aprobarse por al menos dos tercios, se espera que los pagos comiencen a ejecutarse a principios del próximo año. De lo contrario, el caso podría volver a tribunales, arrastrando años de litigios, apelaciones y trauma adicional, una alternativa que ni víctima ni abogados desean transitar nuevamente.

La jueza Meredith Grabill, quien supervisa el proceso de bancarrota, advirtió que si el plan no es aprobado, el caso será desestimado. Esto podría resultar en una nueva declaración de bancarrota por parte de la arquidiócesis, haciendo aún más difícil la obtención de justicia para las víctimas.

Un plan que va más allá del dinero

Aunque el aspecto financiero es central, el acuerdo contempla otras disposiciones significativas:

• Incorporación de expertos externos para evaluar e implementar mejoras en los programas de protección infantil.
• Creación de un fondo documental en una universidad laica sobre los casos de abuso dentro de la arquidiócesis.
• Organización de foros públicos para que los sobrevivientes puedan compartir sus historias directamente con el arzobispo y la comunidad.

Estas medidas buscan ir más allá de lo económico, señalando un intento –aunque tardío– de avanzar hacia la transparencia y la reconciliación.

¿Es suficiente el dinero?

Algunos sobrevivientes consideran que ninguna cantidad monetaria puede reparar el daño sufrido. Kevin Bourgeois, oriundo de Nueva Orleans y víctima de abuso que resolvió su caso en privado antes de 2020, indica: “No hay una cifra que compense lo que he vivido o lo que sigo reconstruyendo cada día de mi vida”.

Además, Bourgeois critica la bancarrota como herramienta que “desgasta emocionalmente a los sobrevivientes” y evita que el público acceda a la verdad completa sobre cómo la Iglesia facilitó o encubrió los abusos.

La posición de la arquidiócesis y su líder

El arzobispo Gregory M. Aymond ha resistido los múltiples pedidos de renuncia surgidos entre las víctimas. En una declaración reciente dijo: “Rezo todos los días por los sobrevivientes y me comprometo a escuchar sus historias directamente”.

Sin embargo, la credibilidad de la arquidiócesis está severamente comprometida. Un reportaje investigativo reveló que ejecutivos de los New Orleans Saints colaboraron con la Iglesia para controlar el daño mediático derivado de estos casos. Además, el proceso desató una investigación a gran escala del FBI, que aún está en curso.

Más allá de Nueva Orleans: una crisis extendida

Este no es un caso aislado. Desde comienzos de los 2000s, más de 25 diócesis estadounidenses se han declarado en bancarrota, con acuerdos millonarios que suman más de 5 mil millones de dólares a nivel nacional, según el National Catholic Reporter.

La estrategia se repite: bancarrota para limitar daños financieros, evitar descubrimientos judiciales y negociar en bloque. Muchos abogados y supervivientes critican que aunque ofrece algo de justicia económica, limita la verdad pública y exige poco en términos de responsabilidad criminal.

El dilema ético: verdad o compensación

El Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, que representa a los sobrevivientes en el caso, advirtió que acudir a juicio supondría interminables apelaciones y duros interrogatorios por parte de una arquidiócesis “hostil y agresiva”. Esa carga emocional es una razón clave por la que muchos ahora prefieren cerrar este capítulo con un pago certero.

Kristi Schubert, abogada de decenas de sobrevivientes, señala: “Muchos simplemente están listos para recibir lo que se les debe y seguir adelante”.

Sin embargo, esta elección no elimina el dolor, ni la necesidad de verdad y justicia. Da paso a una pregunta crucial: ¿puede una institución que ha negado a tantas víctimas su voz, reivindicarse a través del dinero?

¿Reparación real o estrategia de control?

El acuerdo incluye elementos de justicia restaurativa, pero también reproduce patrones que la Iglesia ha utilizado globalmente: asumir culpa monetaria sin permitir el juzgamiento de los responsables o publicar todos los archivos.

Existen propuestas más radicales que permanecen inexploradas por la arquidiócesis, como:

• Publicación completa de los nombres y cargos de todos los sacerdotes acusados.
• Renuncia del arzobispo y otros líderes que, aunque no perpetraron, permitieron el encubrimiento.
• Indemnización y prioridad de atención psicológica continua para las víctimas que así lo soliciten.

Estas medidas podrían haber marcado una ruptura real con el pasado. Pero siguen siendo una deuda.

Una herida abierta en la historia católica de EE. UU.

Este acuerdo marca una página importante, pero no definitiva, en la crisis que la Iglesia Católica vive en EE. UU. Desde Boston a Los Ángeles, pasando por Milwaukee y finalmente Nueva Orleans, el patrón ha sido el mismo: negación, escándalo, indemnización, desgaste.

¿Cuánto pesa verdaderamente la palabra perdón si no va acompañada de cambios estructurales? Quizás ese sea el verdadero examen ante Dios, la sociedad y la historia.