El choque entre las ciudades santuario y el control migratorio de Trump: ¿una amenaza a la seguridad o una erosión de la confianza pública?

Un nuevo frente en la guerra migratoria: Chicago como epicentro

Chicago se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre las políticas migratorias del expresidente Donald Trump y los gobiernos locales que se rehúsan a colaborar con lo que consideran tácticas federales agresivas. Lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino también la seguridad pública, la confianza ciudadana y los delicados equilibrios de poder entre los niveles de gobierno.

Como ciudad santuario desde hace más de cuatro décadas, Chicago ha adoptado políticas que prohíben a sus policías colaborar directamente con agencias federales como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y más recientemente, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes locales realizar funciones que puedan confundirse con las de los federales.

En palabras de Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council, "el tipo de intervenciones que impulsa la administración Trump están desgarrando las relaciones entre las autoridades estatales y federales, así como entre las comunidades y la policía".

¿Hasta dónde puede llegar la policía local?

La tensión crece a medida que se anticipa la posibilidad del despliegue de la Guardia Nacional, iniciativa que ya ha enfrentado el rechazo del gobernador de Illinois, JB Pritzker. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Chicago camina por una delgada línea: mantener el orden público en una ciudad que ya sufre tensiones, sin parecer que trabaja al servicio de una agenda migratoria que podría alienar a amplios sectores de la población.

Según Craig Futterman, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, "cualquier cooperación, así sea mínima, entre la policía local e ICE, puede destruir la confianza de la comunidad e incluso generar enfrentamientos innecesarios".

Las políticas de ciudad santuario: más que una declaración política

Chicago no está sola. Otras grandes urbes como Los Ángeles y Washington D.C. también han navegado mares turbulentos al enfrentarse con el gobierno federal. En estas ciudades, la intromisión de ICE en comunidades inmigrantes ha generado protestas masivas, investigaciones internas a los cuerpos policiales y una ruptura visible entre las promesas políticas y la realidad en las calles.

Chicago ha establecido que su policía no puede preguntar por el estatus migratorio de las personas, ni asistir en redadas o compartir información con ICE. Además, se exige que los agentes locales vistan uniforme claramente identificable para no ser confundidos con agentes federales encubiertos.

Protestas, denuncias y confusión policial

El 4 de junio, una redada migratoria en una oficina federal de inmigración en Chicago culminó con al menos 10 personas detenidas. La presencia de ICE provocó protestas inmediatas. Testigos afirmaron haber visto a policías de Chicago despejando el camino para los agentes federales —algo que la alcaldía niega oficialmente— generando pedidos dentro del Concejo Municipal para investigar esas acciones.

Este tipo de roces entre los deberes policiales y las manifestaciones ciudadanas también se ha manifestado en California, donde protestas contra las redadas federales llevaron al arresto de cientos de personas y el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de la oposición local.

¿Puede la policía local intervenir ante abusos federales?

Sigue sin estar claro si los agentes locales tienen autoridad para impedir a los agentes de ICE llevar a cabo ciertas acciones, especialmente si observan abusos contra manifestantes. Futterman plantea la interrogante clave: “¿Tienen la policía local la facultad legal para intervenir si no están de acuerdo con lo que hace ICE en el terreno?”

Rose Cuison-Villazor, profesora de derecho en la Universidad de Rutgers, hace una distinción crucial: "Ser ciudad santuario no significa que un policía local pueda físicamente interponerse entre un agente federal y una persona sin ciudadanía. Eso sería obstrucción de la justicia."

Una Guardia Nacional sin entrenamiento legal

Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, advierte que el uso de la Guardia Nacional para funciones policiales locales va en contra de su tradición, que históricamente ha estado limitada a asistencia en desastres naturales y disturbios masivos.

Además, fiscales como Larry Krasner de Filadelfia alertan sobre el impacto jurídico que estas incursiones podrían tener: declaraciones inadmisibles, pruebas invalidadas y derechos constitucionales violados podrían colapsar investigaciones completas. “Ninguno de esos miembros está entrenado en derecho procesal ni en el uso de advertencias Miranda”, afirmó Krasner.

Corea del Sur y la dimensión internacional del conflicto laboral-migratorio

La política migratoria de línea dura tuvo eco más allá de las fronteras estadounidenses. Una operación en Georgia contra una planta de Hyundai terminó con la detención de más de 300 trabajadores surcoreanos en una sola acción de ICE. La ofensiva provocó una tormenta política en Corea del Sur, donde muchos sintieron la acción como una traición por parte de un aliado estratégico.

En respuesta, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, voló a EE. UU. para negociar la liberación y regreso de los trabajadores. El gobierno de Seúl expresó su frustración por el uso limitado de visas H-1B por parte de EE. UU. y denunció la falta de herramientas legales para que estos técnicos de alta cualificación pudieran operar en fábricas recién inauguradas.

Steven Schrank, agente de ICE en Georgia, alegó que algunos trabajadores cruzaron la frontera ilegalmente o bien no renovaron sus estatus migratorios. No obstante, la percepción en Corea del Sur es que EE. UU. falla en ofrecer un marco migratorio coherente mientras se beneficia de miles de millones de dólares en inversión surcoreana.

Impacto económico y diplomático

Según Eugene Investment and Securities, esta acción podría aumentar los costos laborales y demorar operaciones industriales clave, afectando la cadena de suministro de vehículos eléctricos en EE. UU., justo cuando Washington intenta depender menos de sus rivales comerciales.

El gigante coreano Hyundai, uno de los mayores fabricantes del mundo, había planeado comenzar la producción de baterías en EE. UU. en 2026. Ahora, todo podría verse retrasado debido a la falta de trabajadores autorizados, presionando aún más a una industria global frágil.

¿Es esta política sostenible?

Kenneth Corey, exjefe del Departamento de Policía de Nueva York y ahora académico del University of Chicago Crime Lab, concluye que el efecto disuasorio de un despliegue masivo de la Guardia Nacional es temporal: "No se aborda la raíz del crimen ni de los problemas sociales. Cuando se van, los problemas regresan".

Estados Unidos enfrenta una encrucijada. Una política migratoria basada en la fuerza militar y la intimidación podría traer alivio temporal en términos de números, pero al costo de erosionar los lazos comunitarios, destruir colaboraciones internacionales clave y sembrar el miedo en los barrios más vulnerables.

Chicago, con su historia de acogida a inmigrantes y sus políticas de ciudad santuario, puede ser el primer obstáculo real para este tipo de política federal. Las próximas semanas revelarán si la ciudad puede sostener su resistencia sin sacrificar su seguridad o su alma ciudadana.

Imagen: Policía observa durante el desfile de la Independencia de México en Pilsen, Chicago — 6 de septiembre de 2025. (Foto de Carolyn Kaster)