Noruega ante un dilema centenario: el futuro del impuesto a la riqueza divide al país
En una de las democracias más igualitarias del mundo, la campaña electoral gira alrededor de un tributo que ha permanecido por 130 años. ¿Es hora de eliminarlo o es clave para sostener el estado de bienestar noruego?
El país de la riqueza compartida va a las urnas
Noruega, una de las naciones más prósperas del planeta, ha atravesado unas elecciones parlamentarias marcadas por una intensa disputa ideológica: el futuro del impuesto a la riqueza, en vigor desde 1892. Aunque en muchos países una figura fiscal puede parecer un tema técnico, en Noruega simboliza los valores fundamentales de su sociedad: equidad, redistribución y bienestar común.
La votación, celebrada este lunes, convoca a más de 4.3 millones de personas para elegir a los 169 miembros del Storting, el parlamento nacional. Sin embargo, la atención del electorado se ha enfocado en una pregunta clave: ¿Debe mantenerse un impuesto que grava los activos de los ciudadanos más adinerados o es hora de dejarlo atrás?
Un país millonario con conciencia social
Noruega no es simplemente un país prospero. Según el Fondo Monetario Internacional, presenta el sexto PIB per cápita más elevado del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Su éxito económico se apoya en la combinación de una rica reserva de petróleo y gas, políticas fiscales sólidas y un enfoque de redistribución social que ha convertido al país nórdico en un modelo del estado de bienestar moderno.
El ejemplo más poderoso de esta estrategia es el Fondo Soberano de Noruega, conocido oficialmente como el Government Pension Fund Global, que gestiona alrededor de 20 billones de coronas noruegas (equivalente a unos 2 billones de dólares estadounidenses). Es el fondo de inversión más grande del mundo, y se utiliza para asegurar la sostenibilidad financiera de las generaciones futuras.
Un impuesto con historia: desde 1892 hasta hoy
El impuesto a la riqueza se introdujo formalmente en Noruega en 1892, y ha perdurado por más de un siglo como uno de los pilares fundamentales del sistema tributario. A día de hoy, grava los activos —acciones, propiedades y otros bienes— que superen un umbral de 1.76 millones de coronas (alrededor de 176,000 dólares), con una tasa que puede alcanzar hasta el 1.1% dependiendo de las reducciones aplicables.
El Partido Laborista, liderado por el primer ministro Jonas Gahr Støre, defiende su continuidad. Argumentan que eliminar este tributo implicaría una pérdida de ingresos estatales de aproximadamente 34 mil millones de coronas anuales (unos 3.3 mil millones de dólares), ingresos que se destinan a servicios esenciales como salud, educación y pensiones.
La derecha económica contraataca
Sin embargo, el bloque de derecha se ha movilizado con fuerza para desafiar esta “reliquia fiscal”, como la llaman sus detractores. El Partido Conservador, encabezado por la ex primera ministra Erna Solberg, propone reducirlo gradualmente, pero la narrativa más radical la encarna el Partido del Progreso, bajo la conducción de Sylvi Listhaug, que plantea su eliminación total.
Listhaug argumenta que el impuesto penaliza el éxito empresarial y motiva la migración de capitales hacia países con políticas más favorables a los inversionistas. Esta postura ha captado la atención de los jóvenes votantes, en gran parte gracias a una agresiva campaña en redes sociales, alimentada por influencers y creadores de contenido que denuncian lo que consideran un “castigo a la ambición”.
¿Un impuesto en retirada en Europa?
La tensión en torno al impuesto a la riqueza no es exclusiva de Noruega. De hecho, solo cuatro países europeos todavía lo implementan de forma sistemática: España, Suiza, Noruega y Bélgica (con limitaciones). La tendencia internacional ha sido mayoritariamente hacia su desaparición, en parte por las dificultades de control, evasión fiscal y la fuga de capitales.
En el caso noruego, aunque la tasa no parece particularmente elevada, su simbolismo cobra gran importancia. Según datos oficiales, alrededor del 0.2% de los ciudadanos —unas 10,000 personas— pagan más del 60% del total recaudado del impuesto, lo que resalta su carácter progresivo.
Los defensores sostienen que es una herramienta fundamental para evitar brechas de desigualdad extrema y financiar el generoso welfare state. Por el contrario, los críticos sostienen que espanta el emprendimiento y no representa una gran fuente de ingresos.
Una elección sin impactos en la política exterior
A pesar de la intensidad del debate interno, el resultado electoral no cambia diametralmente la orientación internacional de Noruega. Tanto el bloque de izquierda como el de derecha coinciden en su férrea alianza con la OTAN y su apoyo a Ucrania frente a Rusia, país con el que comparte frontera en el ártico norte.
Noruega tampoco pertenece a la Unión Europea, pero mantiene estrechos lazos económicos a través del Espacio Económico Europeo (EEE), que le permite acceso al mercado común a cambio del cumplimiento de numerosas normativas comunitarias.
Prosperidad, pero ¿a qué precio?
Noruega ha demostrado durante décadas que el crecimiento económico y la equidad pueden ir de la mano. El país lidera los rankings de igualdad de ingresos, y su modelo ha sido envidiado internacionalmente por combinar eficiencia con justicia social.
Pero la tensión actual pone de relieve una creciente fractura generacional y filosófica: mientras algunos consideran fundamental mantener los mecanismos redistributivos, otros creen que ha llegado la hora de liberar la economía y atraer capital mediante incentivos fiscales.
¿Un posible punto de inflexión?
Este debate simboliza una encrucijada que afrontan no solo los noruegos, sino las democracias avanzadas contemporáneas: ¿cómo seguir financiando servicios públicos de alta calidad en un contexto donde la movilidad de capital y la presión competitiva obligan a repensar los modelos fiscales tradicionales?
Las elecciones de este año podrían marcar el inicio de una reforma impositiva estructural en Noruega, o bien reafirmar el compromiso histórico del país con su política de justicia social. Lo que está claro es que el viejo impuesto de 1892 sigue teniendo un impacto profundo en la manera en la que los noruegos entienden su contrato social.
Como señalaba el sociólogo noruego Johan Galtung: "Una sociedad no se define por cuánto tiene, sino por cómo trata a quienes menos tienen". En Noruega, ese principio aún resuena visiblemente en cada urna.