Texas, enfermería escolar bajo amenaza: cuando una curita necesita autorización parental

Un vendaje en la tormenta política

En tiempos en los que la política y la educación colisionan con ferocidad, Texas ha implementado una ley que está generando ondas de confusión y preocupación entre el personal sanitario escolar. La SB 12, una ley aprobada por la legislatura republicana del estado, exige que se obtenga consentimiento escrito de los padres antes de que las escuelas puedan administrar servicios médicos, incluso los más simples, como aplicar una curita o entregar una bolsa de hielo.

Lo que comenzó como una legislación centrada en limitar prácticas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión ha terminado afectando directamente la capacidad de respuesta ante situaciones de salud cotidianas en las escuelas. ¿Las consecuencias? Una profunda ansiedad en la comunidad de enfermería escolar y una implementación desigual a lo largo de los más de 1200 distritos escolares texanos.

¿Qué dice exactamente la SB 12?

Aprobada como parte de un paquete de medidas en 2023, la ley SB 12 prohíbe la instrucción sobre identidad de género u orientación sexual, limita los clubes escolares LGBTQ+ y enfatiza lo que los legisladores denominan “derechos parentales”. Uno de estos derechos estipula que las escuelas deben recibir autorización escrita de los padres antes de proveer atención médica o servicios de salud, incluso de carácter básico.

Además, los distritos escolares tienen la obligación de disciplinar a los empleados que brinden estos servicios sin el debido consentimiento, lo cual ha sembrado el miedo entre quienes, hasta ahora, consideraban su tarea como un simple deber de cuidado.

El miedo entre las enfermeras escolares: ¿Estoy poniendo en riesgo mi licencia?

Becca Harkleroad, directora ejecutiva de Texas School Nurses Organization, lo resume con claridad alarmante: “Ahora hay enfermeras que se preguntan si pueden tener una cajita con curitas en su escritorio”.

Más allá del absurdo, la preocupación subyacente es genuina. Enfermeras como Hollie Smith, presidenta electa de dicha organización, confiesan que el temor gira en torno a una posible revocación de sus licencias por simplemente cumplir con su labor cotidiana. Tal incertidumbre ha obligado a muchas a operar bajo un velo de ansiedad constante: “Claro que usamos el sentido común. Pero, ¿se verá mi licencia comprometida por usarlo?”, se pregunta Smith.

Aplicación desigual: cada distrito interpreta la ley por su cuenta

El verdadero caos ha surgido precisamente porque la ley, lejos de precisar qué tipo de intervenciones requieren consentimiento, deja lugar a interpretaciones.

• Algunos distritos permiten atención básica —como poner hielo, revisar cortaduras menores o dar analgésicos no recetados— siempre que no suponga una emergencia médica grave.
• Otros, más estrictos, solo permiten intervenciones en situaciones que ponen en peligro la vida. En otras palabras: si un niño sangra luego de una caída, la enfermera tendría que llamar a los padres antes de ofrecer asistencia.

Diana Rios-Rodríguez, presidenta del consejo de Texas School Nurses Organization y directora de salud en Manor ISD, cerca de Austin, asegura que algunos distritos se han vuelto excesivamente conservadores, optando incluso por prohibir la atención a cualquier alumno cuyo formulario de consentimiento no esté debidamente firmado.

Padres confundidos y molestos

Lejos de estar de acuerdo con estas restricciones, muchos padres se sienten desconcertados. La negativa a brindar atención sin consentimiento previo obliga a las escuelas a notificar cada incidente, incluso si se trata de un rasguño menor, lo que ha generado frustración e incluso enojo entre quienes creían que el personal escolar estaba allí para proteger a sus hijos.

“Cuando les decimos ‘no puedo ayudar a su hijo sin su firma’, lo consideran insensible. Pero es lo que la ley nos obliga a hacer”, insiste Rios-Rodríguez.

Los legisladores republicanos defienden la ley... pero piden sentido común

Ante el incremento de la polémica, los autores de la ley —Jeff Leach y Brandon Creighton— emitieron una declaración pidiendo al Departamento de Educación que brinde guías claras a los distritos escolares. “Esperamos que los educadores cumplan con la ley, pero también que no suspendan el sentido común al brindar atención básica a los niños”, escribió Leach en redes sociales.

No obstante, esta dualidad en el discurso político —una ley estricta combinada con un llamado al “sentido común”— ha hecho poco para calmar los nervios del personal médico educativo.

¿Qué dicen los expertos en salud pública?

Organizaciones como la National Association of School Nurses consideran estas restricciones peligrosas para la seguridad infantil. La atención temprana a cortes, hematomas u otros problemas menores podría evitar complicaciones mayores que eventualmente demanden atención médica más intensiva.

Además, en casos de niños con enfermedades crónicas (como diabetes o asma), la necesidad de intervención rápida puede ser vital. ¿Qué sucede si un estudiante tiene un ataque de asma sin haber presentado el formulario de consentimiento? ¿Deberá la escuela esperar una autorización mientras el niño lucha por respirar?

Un vacío legal con consecuencias reales

Hasta ahora, la Agencia de Educación de Texas (TEA) solo ha ofrecido orientaciones generales, que llegaron apenas cuatro días antes de que la ley entrara en vigor el 1 de septiembre. Harkleroad señala que advirtieron a los legisladores que sin detalles claros se producirían estas situaciones de incertidumbre. Su propuesta hubiese sido limitar el consentimiento a actividades específicas: exámenes físicos, administración de medicamentos recetados, atención psicológica, etc.

Pero los legisladores se mantuvieron firmes: “Los padres deben saber todo lo que ocurre con sus hijos en las escuelas”.

Docentes y personal de salud escolar: al borde del colapso

El problema escala más allá de las enfermeras. Muchos docentes temen que al aplicar una bolsa de hielo luego de una caída, puedan ser objeto de acciones disciplinarias. Escuelas completas comienzan a adoptar medidas excesivas, como prohibir cualquier contacto sanitario que no haya sido previamente aprobado, lo que agudiza un clima de desconfianza y burocratización del día a día escolar.

¿Qué sigue?

La presión está ahora sobre la TEA para que clarifique las directrices y tranque el debate. De no hacerlo, miles de escolares podrían seguir viendo restringido su acceso incluso a primeros auxilios básicos, en una paradoja legal donde el miedo a sanciones supera el bienestar de los menores.

En palabras de la enfermera Smith: “No queremos dejar de brindar atención básica, pero tampoco queremos perder nuestras licencias. ¿Quién protege al que protege?”

La ley, aunque motivada por un impulso protector hacia los derechos de los padres, ha acabado dejando a los protagonistas más vulnerables —los estudiantes— en un limbo legal donde el dolor de rodillas peladas no se resuelve con alcohol... sino con autorización formalizada.