¿Seguridad o control? El despliegue federal en Washington D.C. y lo que dejó tras de sí

Un experimento sin precedentes en la capital estadounidense

Durante 30 días, Washington D.C. vivió una realidad que muchos describen como una militarización parcial. Fue el escenario de un proyecto piloto en el que el presidente Donald Trump federalizó temporalmente la policía de la ciudad, desplegó a miles de soldados de la Guardia Nacional y profundizó la colaboración con agencias federales con el objetivo declarado de reducir el crimen.

Si bien las cifras oficiales presentadas por la Casa Blanca parecen indicar que el número de crímenes bajó (con una reducción del 39% en delitos violentos y del 53% en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior), detrás de estos números existe una realidad más compleja, difícil de resumir solo en estadísticas.

¿Resultados reales o una narrativa política?

Expertos como Brian Levin, profesor emérito de justicia criminal de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, señalan que el crimen en D.C. ya estaba disminuyendo desde enero, mucho antes de la intervención federal. Según su análisis, la “oleada” pudo haber intensificado esa caída, pero no es fácil cuantificar su impacto directo.

El presidente usó repetidamente estas cifras para autoproclamarse como el guardián de la ley y el orden. Su imagen de “mano dura” pareció resonar con un sector del electorado: su índice de aprobación aumentó cinco puntos, del 40% al 45% entre julio y agosto, según una encuesta de AP-NORC.

No obstante, surge una pregunta importante: ¿Hasta qué punto es sostenible esta estrategia? ¿Y cuáles son sus consecuencias tangibles para la vida cotidiana de los habitantes de la capital?

Una ciudad dividida entre la seguridad y el miedo

Las cifras indican que se incautaron 222 armas de fuego, se arrestaron más de 2.100 personas y se desmantelaron 50 campamentos de personas sin hogar. Aunque para algunos esto representa una mayor seguridad, para otros significó todo lo contrario: temor, agresión y una sensación de que habían perdido sus derechos básicos.

La presencia visible de agentes de ICE con pasamontañas, puestos de control migratorios y soldados armados en estaciones de metro o puntos turísticos alteró la percepción de muchos ciudadanos, especialmente inmigrantes y comunidades negras.

Laura, de 43 años, originaria de México, contó que fue detenida tres veces en el mismo mes por NBC officers. Guadalupe, una salvadoreña de 49, dijo con firmeza: “Estoy legal en este país, pero tengo cara latina. Ya no siento que tengamos derechos en este país”.

Muriel Bowser: ¿Cómplice silenciosa o líder pragmática?

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, adoptó una postura cautelosa. Evitó confrontaciones verbales con Trump y optó por colaborar, aumentando la integración entre la policía local y agentes federales. Incluso extendió la operación del centro de emergencia que se estableció para coordinar con el gobierno federal.

Sin embargo, Bowser también reconoció que la cantidad de actos violentos bajó, especialmente los robos de autos, que se redujeron un 87% durante el operativo. En sus palabras: “Cuando bajan los carjackings, los tiroteos y los homicidios, nuestros vecindarios no solo se sienten más seguros: lo están”.

Pero la colaboración de Bowser no fue bien vista por todos. Varios miembros del Consejo Municipal, encabezados por el fiscal general del Distrito, interpusieron una demanda federal calificando la operación como una “ocupación militar forzada”.

La autonomía frágil de un distrito en manos de la política nacional

El caso de Washington D.C. es particular: su estatus de distrito federal implica que, en gran medida, está bajo control directo del Congreso de EE. UU. Aunque goza de autonomía limitada desde 1973, el Congreso —particularmente los republicanos— puede bloquear su presupuesto y vetar sus leyes.

De hecho, en plena emergencia, el Congreso federal bloqueó más de mil millones de dólares del presupuesto local de D.C., dejando a la ciudad en una situación financiera delicada.

Migración, política y el fantasma del autoritarismo

El despliegue no fue solo una respuesta interna. Se conectó directamente con la cruzada migratoria de Trump y su retórica antiinmigrante. Bajo la justificación de capturar a pandilleros —mencionando a organizaciones como MS-13 o Tren de Aragua—, las redadas migratorias se hicieron más frecuentes. Esto generó un clima de paranoia para miles de migrantes, legales o no.

Una de las situaciones más criticadas fue la colaboración activa entre la MPD (policía metropolitana) y agentes de inmigración, lo cual contradice la política de “ciudad santuario” que antes caracterizaba al D.C de Bowser.

¿Y ahora qué? El futuro de la seguridad en la capital

El mandato de emergencia venció el 11 de septiembre sin ser renovado. Tras eso, la policía de D.C. dejó de estar bajo supervisión presidencial directa. Pero la presencia de la Guardia Nacional continuará al menos hasta diciembre, y más estados han prometido enviar tropas.

¿Qué significa esto para los ciudadanos? Según Bowser, los delitos seguirán siendo ilegales y la ciudad seguirá patrullada. Pero los habitantes lo saben: la diferencia está en quién tiene el poder y con qué propósito lo ejerce.

El profesor James Nolan de la Universidad de West Virginia explicó que estos modelos de patrullaje agresivo no suelen ser sostenibles: “Las causas del crimen están ligadas a la salud física, mental y emocional. Si la solución es solo fuerza, esto puede generar más conflicto que seguridad”.

Entre el orden y el abuso: una línea delgada

El caso de Washington D.C. se convierte, así, en una especie de laboratorio político donde se ensayan estrategias que podrían expandirse a otras ciudades, como Chicago o Baltimore, las siguientes en la lista del presidente.

Pero este experimento nos deja al menos una lección clara: la seguridad no puede construirse a base de miedo, ni el orden a costa de los derechos civiles. Las cicatrices en la comunidad, especialmente entre los más vulnerables, perdurarán mucho después de que los uniformes dejen las calles.