El caso ‘Cop City’ y el poder del estado: ¿justicia o represión enmascarada?

El contexto: ¿Qué es ‘Cop City’ y por qué desató tantas protestas?

En medio del bosque de South River, en DeKalb County, Georgia, se planeó la construcción de un centro de entrenamiento para policías y bomberos que, desde un inicio, levantó fuertes críticas de activistas ambientales, organizaciones comunitarias y movimientos anti-policiales. Apodado despectivamente como “Cop City” por sus opositores, el proyecto fue percibido como un símbolo de militarización policial y opresión institucionalizada, todo ello dentro de un entorno de justicia racial aún tenso tras las protestas del 2020 por el asesinato de George Floyd.

La instalación, impulsada por la alcaldía de Atlanta y con elementos de entrenamiento considerados de corte militar, fue rechazada bajo argumentos ambientales, urbanísticos y sociales. Se talaron árboles en un área con riesgo de inundación habitada mayoritariamente por comunidades afroamericanas. Además, los críticos sostienen que este centro se convierte en un bastión de represión contra los movimientos sociales.

Una protesta que terminó en el mayor cargo de crimen organizado contra activistas en EE.UU.

En enero de 2023, tras años de manifestaciones pacíficas e intervenciones más radicales por parte de algunos grupos, las autoridades estatales llevaron a cabo una de las acciones judiciales más drásticas jamás vistas contra la protesta social en EE.UU.: imputaron a 61 personas por cargos bajo la Ley Rico, comúnmente usada para perseguir mafias criminales.

Desde sabotajes materiales, como incendios de maquinaria, hasta acciones logísticas como alimentar a los manifestantes o repartir panfletos, todo fue incluido dentro de una misma narrativa jurídica: una presunta “organización criminal” con un objetivo común de detener la construcción del centro.

Esta acusación masiva, considerada por expertos como la más grande en la historia bajo la ley RICO contra activistas, fue vista por muchos como un intento deliberado de disuadir la protesta mediante temor legal. Cada acusado enfrentaba hasta 20 años de prisión.

El punto de quiebre: un juez anula los cargos

El martes, el juez Kevin Farmer del condado de Fulton desencadenó una tormenta jurídica al anunciar que anulará los cargos por crimen organizado contra los 61 acusados. El motivo: el fiscal general republicano Chris Carr, quien impulsó el caso, no contaba con la autorización legal del gobernador Brian Kemp para hacerlo.

“Hubiera sido muy fácil simplemente pedirle al gobernador una carta de autorización”, dijo el juez, visiblemente molesto por el proceso irregular. La fiscalía había reconocido no haber solicitado ese permiso.

Pese a que el juez aún estudia si dejarán en pie cargos relacionados con terrorismo doméstico, su decisión sienta un precedente significativo y es una victoria jurídica sin precedentes para los movimientos sociales en Estados Unidos.

¿Protesta o terrorismo?

El caso “Stop Cop City” ha sido un campo de batalla simbólico y jurídico sobre dónde trazar los límites entre protesta y crimen. El fiscal general Carr buscaba tratar a los activistas como parte de una estructura criminal organizada, lo que incluía acciones tan diversas como lanzar cócteles molotov hasta cocinar para manifestantes acampados.

Incluso cinco de los acusados habían sido imputados además por terrorismo doméstico y primera clase de incendio intencional. El juez Farmer cuestionó también la validez de este segundo cargo, y únicamente el de terrorismo parece posible que continúe.

¿Justicia o represión política?

El departamento del fiscal Carr, quien aspira a postularse para gobernador, fue acusado de utilizar los recursos del estado para sofocar disidencias. Kemp, gobernador republicano y aliado político, elogió el caso como una defensa frente a “radicales foráneos que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Pero muchos analistas coinciden en que este proceso constituye un enfoque alarmantemente represivo contra el derecho a protestar. Matthew Strugar, abogado de derechos civiles con años de experiencia en casos contra la Ley RICO, declaró que “criminalizar la solidaridad es una herramienta peligrosísima para un estado democrático”.

Un movimiento que simboliza mucho más que una protesta local

“Stop Cop City” surgió dentro del calor sociopolítico que siguió a las movilizaciones contra el racismo sistémico en 2020. Pero a diferencia de los momentos espontáneos del pasado, esta fue una coalición organizada, diversa y contundente.

• Anarquistas enfrentaron directamente a policías y maquinaria.
• Ambientalistas defendieron los bosques nativos del condado de DeKalb.
• Líderes comunitarios afroamericanos alzaron la voz contra lo que consideran un nuevo bastión de brutalidad policial.

Este pluralismo volvió al movimiento en un fenómeno nacional con eco en Seattle, Portland, Chicago y Oakland.

El asesinato de ‘Tortuguita’: un mártir de la resistencia

En enero de 2023, las tensiones escalaron gravemente cuando agentes estatales mataron de un disparo a Manuel Esteban Paez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, durante un operativo para despejar el área. Las autoridades alegaron que se trató de legítima defensa, pero los activistas aseguran que se trató de una ejecución extrajudicial.

Las protestas se intensificaron y decenas de detenidos comenzaron a enfrentar cargos impensables para quienes simplemente ejercían su derecho a disentir.

Errores procesales: otro obstáculo para la fiscalía

Más allá de los errores de protocolo en la autorización del caso, la fiscalía enfrentó duras críticas desde etapas tempranas del proceso. La jueza anterior, Kimberly Esmond Adams, denunció una “negligencia grave” por parte de los fiscales, al incluir correos privilegiados entre abogados y sus clientes en el expediente de la fiscalía.

El juez Farmer también subrayó los costos de acusar a tantas personas simultáneamente: “Este elefante de 61 personas lo trajeron ustedes”, dijo, en una crítica directa al desorden y caos del procedimiento.

Cop City: el centro ya fue inaugurado, pero el costo político sigue escalando

Pese a las protestas, los contratiempos legales y los daños materiales causados durante la resistencia, el centro de entrenamiento entró en funcionamiento en 2024, con millones de dólares en sobrecostos, en parte por la necesidad de protección policial continua.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, defendió la obra como una inversión en seguridad ciudadana. No obstante, los enfrentamientos alrededor del proyecto resaltan un profundo desacuerdo social respecto a cómo y con qué recursos se enfrenta la seguridad pública en contextos urbanos.

Reflexión final: ¿es este el nuevo frente de la batalla por los derechos civiles?

Este caso ha abierto un nuevo escenario jurídico y político en Estados Unidos: ¿Puede el estado calificar como organización criminal a un conjunto de ciudadanos que protestan de manera organizada? ¿Dónde está el límite entre la protesta legítima y el terrorismo?

El fallo del juez Farmer no es solamente técnico y coyuntural. Es un manifiesto judicial sobre los límites del poder estatal. Y es, para muchos, una victoria moral de enorme valor. Porque si protestar contra la brutalidad policial y defender un bosque podían llevarte a prisión por décadas, ¿qué tipo de democracia nos queda?