El legado de control: la esterilización forzada de mujeres inuit en Groenlandia

Durante décadas, miles de mujeres y niñas inuit en Groenlandia fueron sometidas a procedimientos anticonceptivos invasivos y no consentidos. La reciente publicación de los resultados de una investigación independiente confirma algo que las voces indígenas venían reclamando hace tiempo: que esta práctica formaba parte de una política sistemática de control de población ejercida por el gobierno danés.

¿Qué se descubrió exactamente?

El informe publicado el pasado martes arroja una luz contundente sobre los testimonios de 354 mujeres que fueron víctimas de esterilización forzada en Groenlandia desde los años 60. La mayoría de ellas eran adolescentes, algunas tenían apenas 12 años, y relataron cómo fueron implantadas con dispositivos intrauterinos (DIU) o recibieron inyecciones hormonales sin explicación médica ni consentimiento legal.

La inmensa mayoría de estos procedimientos ocurrieron en hospitales y clínicas del territorio groenlandés, en un momento en que el servicio sanitario estaba completamente bajo control de Dinamarca. Lo más inquietante es que estas acciones no fueron casos aislados ni errores administrativos; fueron sistemáticas, planificadas y ejecutadas como parte de una estrategia colonial de contención demográfica.

Los números detrás del horror

• Más de 4,000 mujeres y niñas recibieron DIUs entre los años 1966 y 1975, lo que representaba aproximadamente la mitad de toda la población femenina fértil de Groenlandia.
• 1 de cada 2 mujeres en edad reproductiva fue impactada por esta política sin tener conocimientos de lo que se les implantaba.
• Alrededor de 150 de estas mujeres han iniciado demandas contra el gobierno danés.

Muchas de las víctimas reportaron efectos secundarios físicos severos, incluyendo hemorragias internas, infecciones vaginales, pérdida de fertilidad y dolores crónicos. A nivel emocional y psicológico, las mujeres hablaron de humillación, vergüenza, pérdida de dignidad y desconfianza permanente hacia el sistema médico.

¿De dónde surge esta política?

Groenlandia fue una colonia oficial de Dinamarca hasta 1953, momento en que se convirtió en una provincia danesa. Sin embargo, las políticas coloniales persistieron incluso tras la autogestión parcial obtenida en 1979. Entre los años 60 y 70, Dinamarca trató de frenar el crecimiento poblacional de Groenlandia — impulsado por mejoras en condiciones sanitarias y médicas — y consideró que el aumento de números indígenas dificultaba la modernización e integración del país nórdico.

La colocación de DIUs sin consentimiento fue solo una más de varias políticas sistemáticas de asimilación e intervención colonial, como:

• Traslado de menores inuit a Dinamarca para ser criados en hogares europeos e integrarse “culturalmente”.
• Implementación de “pruebas de competencia parental” para declarar a padres indígenas como inadecuados y quitarles la custodia de los hijos.
• Educación obligatoria en danés y eliminación de tradiciones culturales.

Una disculpa que llega tarde

El gobierno de Dinamarca y de Groenlandia emitieron el mes pasado una disculpa oficial conjunta, anticipando la reacción que generaría el informe. Asimismo, se ha programado para el 24 de septiembre una ceremonia formal de disculpa en la capital groenlandesa, Nuuk.

En palabras del primer ministro danés:

“Reconocemos el sufrimiento silencioso al que fueron sometidas generaciones de mujeres inuit. Que nunca más se repita esta atrocidad, ni en Groenlandia ni en ninguna parte del mundo civilizado.”

Demandas y búsqueda de justicia

Aunque muchas víctimas celebran el reconocimiento oficial del daño causado, la lucha judicial sigue activa. Numerosas mujeres han demandado al Ministerio de Salud danés por violación de derechos humanos. La base legal de esta demanda se apoya en la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Las víctimas exigen:

• Compensación financiera individual por daños físicos y psicológicos.
• Reformas legislativas para asegurar consentimiento informado en todo procedimiento médico.
• Programas de salud mental y apoyo a largo plazo.

El eco de otras historias

Lo que ha ocurrido en Groenlandia no es un hecho aislado. Casos similares de esterilización forzada han salido a la luz en diferentes partes del mundo:

• Canadá: mujeres indígenas han denunciado prácticas similares hasta bien entrado el siglo XXI.
• Estados Unidos: durante los años 60 y 70, mujeres afroamericanas, latinas e indígenas fueron esterilizadas sin su consentimiento, especialmente en estados del sur.
• Perú: durante la presidencia de Alberto Fujimori, unas 300,000 mujeres — muchas de ellas quechuas o aimaras — fueron sometidas a esterilizaciones forzadas.

El patrón es claro: la esterilización forzada ha sido una herramienta de control racial, económico y demográfico disfrazado de política pública de salud.

¿Qué sigue?

A casi medio siglo de distancia de los hechos, la generación que sufrió estas políticas empieza a envejecer. Sin embargo, la lucha de estas mujeres y de la comunidad inuit ha logrado poner el tema en la agenda global sobre derechos reproductivos y justicia postcolonial.

Además de las compensaciones y las disculpas, diversas voces indígenas exigen que estos hechos se estudien en las escuelas, que se reconozcan en espacios públicos conmemorativos y que haya un compromiso internacional para frenar prácticas similares.

El cuerpo como territorio político

El cuerpo de las mujeres indígenas, igual que sus tierras, ha sido históricamente objeto de extracción, control, silenciamiento y apropiación. El caso de Groenlandia confirma lo que el feminismo interseccional ha advertido durante décadas: que no hay justicia social sin justicia reproductiva, y que las heridas del colonialismo se siguen manifestando en los lugares más íntimos del ser humano.

El legado más potente de estas mujeres no solo será la denuncia, sino la dignidad con la que han recuperado sus voces, y su lucha incansable para que la historia no se repita. Como dijo una de las víctimas durante la rueda de prensa posterior a la publicación del informe: “Nos callaron fuertemente, pero ahora nos escucharán fuerte también.”

Este capítulo oscuro de la historia danesa y groenlandesa debe servir de recordatorio: los derechos sexuales y reproductivos no son un lujo, son derechos humanos fundamentales.