El caso del Dr. Hector Granados: persecuciones políticas, ciencia médica y leyes en Texas
Cómo la política conservadora en Texas ha usado el sistema judicial para intimidar a profesionales que tratan a menores trans, incluso cuando no violan ninguna ley
El inicio de la controversia
El Dr. Hector Granados, un endocrinólogo pediátrico de El Paso, Texas, fue acusado en 2023 por el fiscal general del estado, Ken Paxton, bajo la sospecha de haber proporcionado atención médica afirmativa de género a menores, lo cual fue prohibido por una ley estatal recién aprobada. Granados fue una de las primeras personas en enfrentar una demanda judicial de este tipo tras la entrada en vigor de esta legislación.
Aunque la ley entró en vigor ese mismo año, Granados afirmó que había cesado todas las prácticas relacionadas con el tratamiento afirmativo de género para menores previamente, cumpliendo así la ley vigente. Sin embargo, la oficina de Paxton decidió presentar la demanda sin siquiera consultar al médico acusado. El propio Granados declaró en entrevistas: “Fue simplemente anunciado, y tuvimos que reaccionar después”.
Una ley controvertida
Texas se encuentra entre los 27 estados de EE. UU. que han aprobado leyes que limitan o prohíben la atención médica afirmativa de género a menores de edad. Estas leyes han sido una de las banderas del movimiento conservador liderado, entre otros, por figuras como el expresidente Donald Trump y aliados cercanos como Paxton.
La Corte Suprema de EE. UU. ratificó en junio de 2024 que los estados tienen la potestad legal de prohibir esa clase de cuidados, lo que dejó el camino totalmente abierto a iniciativas estatales en ese sentido. En el caso de Texas, aunque los médicos acusados no enfrentan cargos penales directamente, las sanciones incluyen multas severas y la revocación de licencias médicas.
El papel de Ken Paxton y la política detrás del caso
El fiscal general Ken Paxton ha centrado parte de su perfil político en una cruzada contra los derechos de las personas transgénero, y ha dicho que continuará luchando contra lo que él llama “insanidad de género impuesta por profesionales médicos de izquierda delirante”. No es una frase aislada: Paxton ha repetido su compromiso en múltiples ocasiones y ha hecho de este tema uno de los pilares de su imagen pública y de su campaña para postularse al Senado de EE. UU.
En un patrón que ha preocupado a expertos legales y defensores de derechos civiles, la oficina de Paxton parece usar el sistema judicial como medio para intimidar a los prestadores de servicios médicos. Harper Seldin, abogado del proyecto LGBTQ & VIH de la ACLU, aseguró: “Incluso cuando una demanda es retirada, el simple hecho de enfrentarla tiene un costo enorme para los acusados”.
Una victoria silenciosa
En contraste con el ruido mediático generado en el momento de la acusación pública, la retirada de la demanda contra el Dr. Granados se hizo casi en silencio la semana pasada. La oficina del fiscal general emitió brevemente una nota diciendo que no se habían hallado pruebas de violaciones legales después de revisar las historias clínicas completas.
El abogado de Granados, Mark Bracken, explicó que se llegó a un acuerdo de confidencialidad con el estado para presentar los registros necesarios. Luego de eso, quedó demostrado que Granados había cumplido todas las normas establecidas. Según cuenta el mismo doctor, desde que se promulgó la ley él continuó recetando bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales, pero exclusivamente a pacientes con trastornos endocrinos, como parte de su práctica habitual ante condiciones clínicas como la pubertad precoz o niveles hormonales irregulares.
La acusación se basó en publicaciones científicas de Granados e incluso en una cita en un artículo de 2015. También incluyó registros sin identificar de pacientes menores con prescripciones de testosterona, aún cuando no se trataban de casos de transición de género.
Detrás de la ciencia: ¿qué es el cuidado afirmativo de género?
La atención médica afirmativa de género en jóvenes generalmente incluye terapias psicológicas especializadas, bloqueadores hormonales (que no inducen cambios permanentes) y terapias hormonales para pacientes que han alcanzado cierta madurez. Diversas organizaciones médicas —desde la Asociación Médica Americana hasta la Asociación de Endocrinología Pediátrica— han defendido estos tratamientos como parte del estándar de atención médica basado en evidencia.
Sin embargo, el uso político de este tema ha generado una ola de prohibiciones en estados conservadores. Estas medidas se han tomado sin consenso científico y bajo la excusa de “proteger a los menores”. El resultado ha sido una ola de incertidumbre para médicos, familias e incluso hospitales que prefieren no ofrecer tratamientos por el riesgo legal, incluso en estados donde la atención sigue siendo legal.
Consecuencias y daños colaterales
Profesionales médicos como Granados se han visto expuestos al escarnio público, el estrés emocional y profesional, y el estigma de ser vinculados con prácticas supuestamente ilegales, aunque luego se demuestre lo contrario. Aun así, varios médicos en Texas aún enfrentan procesos judiciales abiertos: los doctores May Lau y M. Brett Cooper siguen bajo investigación y en proceso judicial.
Además, este tipo de acciones afectan directamente a los pacientes, muchos de los cuales deben suspender tratamientos continuos o desplazarse fuera del estado para recibir atención. Una encuesta realizada en 2023 por el Trevor Project reveló que el 45% de los jóvenes transgénero en EE. UU. habían considerado el suicidio en el último año, y uno de los principales factores de riesgo era la falta de atención médica adecuada.
Una advertencia para otros estados
El caso de Granados demuestra que no solo hay presiones políticas generalizadas, sino que también se usa el aparato judicial para campañas ideológicas. El profesor de derecho Peter Salib, de la University of Houston Law Center, calificó de “inusual” que un estado retire una demanda después de presentarla por falta de evidencia. También señaló que deberían haberse agotado las instancias de revisión antes del litigio.
El resultado no solo deja un precedente legal, sino también una advertencia: en atmósferas políticas polarizadas, incluso la medicina basada en la evidencia puede convertirse en un campo de batalla ideológico.
¿Qué viene ahora?
Mientras se avecinan nuevas elecciones y figuras como Paxton intentan reposicionarse políticamente, es probable que continúe esta guerra contra la comunidad médica y los derechos LGBTQ+. Aunque el Dr. Granados haya limpiado su nombre legalmente, los efectos de este ataque seguirán marcando su vida personal y su carrera profesional.
Cuando un profesional como él declara: “Siempre pesa en ti y en cómo te sientes”, queda claro que la defensa de valores conservadores extremos no solo afecta a poblaciones vulnerables, sino también a quienes, desde la ciencia y la medicina, intentan protegerlas.