Explosión en Iztapalapa: una tragedia anunciada sobre ruedas

Una noche de horror en la capital mexicana

Miércoles por la noche, una carretera clave entre Ciudad de México y Puebla se convirtió en escenario de una de las peores tragedias de transporte en lo que va del año. Una pipa que transportaba más de 49,500 litros de gas explotó, desatando un infierno que cobró la vida de al menos tres personas y dejó a más de 70 heridas, varias de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado.

La magnitud del desastre fue total: más de veintena de vehículos calcinados, cuerpos con quemaduras graves vagando con ropas destrozadas y escenas propias de una película bélica. Este accidente ocurrido en Iztapalapa no fue una coincidencia, sino el resultado de una red sistémica de irresponsabilidad, falta de regulación y una peligrosa normalización de riesgo.

Un patrón mortal: los accidentes con pipas en México

Accidentes como este no son una sorpresa en México. Las cifras, cuando se analizan, son escalofriantes. Entre 2010 y 2020, hubo al menos 781 accidentes relacionados con el transporte de hidrocarburos, según datos del Instituto Mexicano del Transporte.

En 2020, 13 personas murieron en Nayarit cuando un doble remolque que contenía gas volcó y provocó una explosión. En 2015, una pequeña pipa abastecía gas en un hospital materno-infantil en Ciudad de México cuando una fuga provocó una explosión que destruyó gran parte del edificio, matando a cinco personas, entre ellas recién nacidos.

¿Qué tienen en común estas tragedias? Una débil regulación, falta de mantenimiento, negligencia y una cadena de suministro de gas que se transporta como si fuera mercancía ordinaria, cuando en realidad lleva dentro una bomba de tiempo.

El oscuro negocio del reparto de gas

Gran parte de los hogares mexicanos consume gas LP –alrededor del 79% de los hogares, según el INEGI–, lo que ha impulsado el crecimiento de una vasta flota de pipas, muchas veces gestionadas por empresas privadas poco reguladas. La pipa involucrada en el accidente llevaba el logotipo de Silza, aunque un portavoz dijo a medios nacionales que "no era su unidad".

Posteriormente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que la empresa no contaba con los seguros vigentes requeridos para el transporte de hidrocarburos.

Este detalle es crucial: en teoría, cualquier empresa que transporte combustible debe contar con permisos, seguros y mantenimiento adecuado. Pero la realidad en la carretera es otra: unidades viejas, combustibles mal gestionados, choferes mal capacitados y papeleo inexistente.

Lo que revela la tragedia de Iztapalapa

La escena del accidente reveló una combinación de caos ciudadano y respuesta solidaria. Ambulancias, vecinos corriendo a ayudar a las víctimas, gente arrastrando cuerpos con quemaduras hasta zonas seguras. Niños heridos, entre ellos un bebé y un menor de dos años con quemaduras en la totalidad del cuerpo, se convirtieron en el símbolo más doloroso de una tragedia profundamente evitable.

La alcaldesa Clara Brugada calificó el incidente como "horrible", y lo cierto es que se queda corta. ¿Cómo es posible que una empresa sin seguros vigentes recorra diariamente avenidas congestionadas transportando una carga letal?

Un sistema que pone a todos en riesgo

En México, más de 300,000 toneladas de gas LP se transportan mensualmente por carretera, según la Secretaría de Energía. Este tránsito ocurre por zonas altamente pobladas como Iztapalapa –con más de 1.8 millones de habitantes– sin protocolos de seguridad claros, sin rutas bien diseñadas para cargas altamente peligrosas.

No existe, por ejemplo, una prohibición efectiva del uso de pipas durante horarios de alto tráfico. Tampoco hay exigencias estandarizadas de infraestructura para zonas de carga y descarga de combustible en barrios urbanos. Y aunque la Ley de Hidrocarburos contempla restricciones, su cumplimiento es mínimo.

¿Quién es responsable?

El señalamiento automático va hacia la empresa transportista. Pero tras ese dedo acusador hay una lista de corresponsables:

• Reguladores como la ASEA que no fiscalizan con rigurosidad.
• Gobiernos locales que permiten el uso intensivo de rutas urbanas por pipas altamente peligrosas.
• El Congreso, que no ha discutido seriamente una legislación integral sobre el transporte de combustibles.
• Empresas que comercian a cualquier costo, minimizando los riesgos.

La respuesta hasta ahora ha sido trabajo forense, condolencias oficiales en redes sociales y promesas de investigación. Pero si tomamos en cuenta los casos anteriores, es probable que en unas semanas este horror quede enterrado, sólo para ser reemplazado por el siguiente incendio.

¿Qué se puede hacer?

Las soluciones no son fáciles, pero son posibles. Entre las medidas que podrían tomarse destacan:

• Revisión nacional de todos los permisos de transporte de hidrocarburos.
• Rediseño urbano que considere rutas especializadas para carga peligrosa.
• Aseguramiento obligatorio actualizado, con auditorías independientes cada semestre.
• Capacitación constante a conductores en manejo defensivo y técnicas de seguridad específicas para materiales inflamables.
• Campañas de concienciación para que los ciudadanos identifiquen vehículos riesgosos e informen sobre anomalías.

Aunque parezca imposible frenar una industria tan grande, el costo humano de no hacerlo es demasiado alto.

El riesgo diario que nadie quiere ver

La rutina hace invisibles los peligros. Ver una pipa de gas estacionada frente a una tortillería o escucharlas al amanecer entregando combustible se ha vuelto cotidiano. Pero cada una de esas unidades –cuando viaja sin mantenimiento, sin protocolos ni seguros– es una granada sin anilla rodando entre nosotros.

Que esta tragedia no quede, como tantas otras, archivada bajo frases de "una lamentable pérdida." El 11 de septiembre de 2024, en la ciudad más grande del país, el país entero fue testigo de una alerta roja nacional en materia de transporte de gas.

Es hora de que México deje de conducir a ciegas y empiece a gobernar con los ojos abiertos.