La controversial decisión judicial sobre Anna Lange: ¿retroceso en los derechos civiles de las personas transgénero?

Una batalla judicial que sacude la igualdad en el empleo

La reciente decisión del 11º Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos de anular fallos anteriores que protegían el derecho de una oficial transgénero a someterse a una cirugía de afirmación de género financiada por el seguro de su empleador ha generado conmoción a nivel nacional. El caso de la sargento Anna Lange, investigadora del sheriff en el condado de Houston, Georgia, no solo pone en tela de juicio la interpretación de los derechos civiles en el lugar de trabajo, sino que también refleja un aparente cambio en la postura de las cortes federales respecto al trato igualitario hacia personas transgénero.

El caso Lange: una lucha de años

La historia de Anna Lange no es nueva. En 2019, la sargento demandó al sheriff del condado, Cullen Talton, y al propio condado de Houston por negarle cobertura médica para una cirugía de reasignación de género que fue prescrita por su equipo médico como necesaria para su salud mental y bienestar general. En ese entonces, tanto una corte federal de distrito como un panel de la misma corte de apelaciones fallaron a favor de Lange. Además, un jurado le otorgó 60,000 dólares en compensación por daños en 2022.

Sin embargo, el 4 de junio de 2024, en una inusual votación de 8 contra 5 jueces, la corte en pleno revocó estas decisiones, asegurando que el plan de salud del condado no discrimina, ya que no cubre cirugías de reasignación para nadie, sin importar su género asignado al nacer.

La letra de la ley frente al espíritu de la justicia

El juez Andrew Brasher, escribiendo para la mayoría, afirmó: "El plan del condado traza una línea entre ciertos tratamientos que cubre y otros que no. Esa línea puede o no ser apropiada desde un punto de vista de política de salud, pero no constituye discriminación facial basada en una categoría protegida".

Sin embargo, esta interpretación ha sido recibida con fuertes críticas tanto dentro como fuera de la corte. La jueza Jill Pryor, en su opinión disidente, recriminó que el rechazo de cobertura sí equivale a discriminación por identidad de género y que los precedentes legales así lo sostienen, particularmente la decisión histórica del caso Bostock v. Clayton County (2020), donde la Corte Suprema determinó que despedir a una persona por ser transgénero constituye discriminación bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Un giro político y jurídico: la influencia del caso Tennessee

La decisión del 11º Circuito se fundamenta en parte en un fallo de la Corte Suprema de junio de 2024 que respaldó la prohibición en Tennessee de atención de afirmación de género para menores de edad. Aunque aquel caso se centró en el derecho a la igualdad ante la ley bajo la Enmienda 14, ha sido utilizado como referencia indirecta para delimitar los alcances de la ley de derechos civiles en el ámbito laboral.

La jueza Robin Rosenbaum votó con la mayoría, pero no sin antes criticar duramente la lógica detrás de esa decisión: "Esta decisión respalda estereotipos históricos de género que nuestro sistema de justicia debería estar erradicando, no reforzando".

¿Qué dice la comunidad jurídica y LGBTQ+?

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+ han manifestado su preocupación por las implicaciones de este fallo. Según Kelly Parry-Johnson, abogada de Lange y portavoz de Advocates for Trans Equality: "Esta decisión es limitada y específica, pero peligrosa. Abre la puerta a nuevas exclusiones médicas bajo el disfraz de neutralidad".

Lange, visiblemente desgastada por años de disputa legal, declaró en un comunicado: “Después de todo lo que he pasado, es devastador saber que aún tengo que seguir luchando por algo que un jurado ya decidió que me corresponde."

El precedente Bostock: ¿ya no aplicable?

La decisión del caso Bostock v. Clayton County fue considerada un hito para los derechos LGBTQ+, al establecer que la discriminación por identidad de género o por orientación sexual en el empleo es ilegal bajo el Título VII. Sin embargo, el 11º Circuito ha interpretado que esta lógica no podría aplicarse a decisiones sobre cobertura médica.

Esto ha puesto en alerta a expertos como David Cole, director legal de ACLU, quien señaló en una entrevista reciente: “Si no se reconoce la atención médica específica para una condición médica como parte del trato igualitario, se está vaciando el principio antidiscriminatorio de su contenido práctico.”

Una tendencia preocupante en las cortes federales

Esta decisión no surge en un vacío. En los últimos años, se ha visto un giro conservador en múltiples cortes apelativas federales, fortalecidas por nombramientos judiciales durante la administración Trump. Según un informe del Pew Research Center, más del 30% de los jueces federales actualmente en activo fueron nombrados durante su mandato.

La corte del 11º Circuito —que cubre Alabama, Georgia y Florida, estados con gobiernos estatales de tendencia conservadora— ya ha sido fuente de decisiones polémicas sobre inmigración, derechos reproductivos y ahora, derechos LGBTQ+.

¿Y ahora qué? Las opciones legales de Lange

Los abogados de Lange todavía evalúan si llevarán el caso a la Corte Suprema. Otra posibilidad es iniciar un nuevo juicio a nivel del distrito para demostrar que, en los hechos, la exclusión fue intencionalmente discriminatoria.

Este dilema no solo afecta a Lange, sino también a numerosas personas trans empleadas por entidades públicas que podrían ver rechazada su atención médica mediante criterios supuestamente "neutrales". De hecho, un estudio de 2021 publicado en Health Affairs mostró que el 29% de las personas trans en EE.UU. enfrentaron barreras para obtener atención médica debido a políticas institucionales excluyentes.

El impacto más allá del ámbito legal: salud mental y visibilidad

Los efectos de estas decisiones van más allá de las sentencias. Para muchas personas trans, el acceso a la atención médica no es una elección estética, sino una necesidad clínica reconocida por instituciones como la American Medical Association (AMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Negar este tipo de atenciones podría agravar los índices ya elevados de depresión, ansiedad e incluso suicidio en esta comunidad. De hecho, según el Trans Murder Monitoring Project, 2023 fue uno de los años más violentos registrados para personas trans en América del Norte.

Un precedente que podría llegar al Supremo

Todo indica que el caso Lange podría escalar hasta la Corte Suprema. Y aunque esta corte se ha mostrado receptiva a algunos aspectos de los derechos LGBTQ+, como en Bostock, también ha dejado abierta la puerta a “excepciones religiosas” y otras formas de eludir protecciones antidiscriminatorias.

¿Será este el caso que redefina qué tipo de atención se considera protegida por los derechos civiles en Estados Unidos?

Una lucha más allá de los tribunales

El caso de Anna Lange es emblemático. Representa el tipo de desafíos que enfrenta la comunidad trans en un clima político cada vez más polarizado. Aunque la justicia le ha dado la espalda por ahora, su historia continúa como símbolo de resistencia y como advertencia urgente sobre el estado actual de los derechos civiles en EE.UU.