Privatización de represas en Michigan: ¿solución energética o bomba de tiempo?

Un dólar por represa: la insólita transacción energética

Una de las transacciones más sorprendentes del ámbito energético en Estados Unidos ha dado lugar a un intenso debate en Michigan. Consumers Energy, una de las principales compañías eléctricas del estado, anunció la venta de sus 13 envejecidas represas hidroeléctricas a Confluence Hydro LLC, una subsidiaria de la firma privada Hull Street Energy, por el simbólico precio de un dólar cada una.

El acuerdo, que garantiza la preservación de las represas durante al menos tres décadas más, tiene implicaciones que trascienden lo económico. A primera vista, podría parecer una solución para deshacerse de una infraestructura obsoleta y financieramente inviable. Pero bajo la superficie, surgen inquietudes ambientales, sociales y de seguridad que podrían repercutir en generaciones futuras.

Un negocio insostenible

De acuerdo con Sri Maddipati, presidente de suministro eléctrico de Consumers, mantener activas las 13 represas resultaba en una pérdida neta anual de $152 millones de dólares. Estas estructuras, ubicadas en ríos como el Au Sable, Manistee, Muskegon, Grand y Kalamazoo, producen menos del 1% de la electricidad generada por Consumers, y lo hacen a un costo nueve veces mayor al de la fuente energética más costosa de la compañía.

Construidas hace casi un siglo, las represas no han sido modernizadas suficientemente para competir con otras fuentes energéticas contemporáneas como la solar, la eólica o la generación a gas natural. Esto llevó a Consumers a reducir progresivamente su inventario hidroeléctrico, pasando de más de 90 instalaciones a las 13 que ahora se venden.

Un panorama dividido: entre el alivio y la preocupación

El anuncio fue recibido con sentimientos encontrados por residentes locales y activistas medioambientales. Coco Soodek, presidenta de la asociación de vecinos del Lago Allegan, expresó alivio por la decisión de mantener las represas:

“Pensamos que esta es una buena noticia. Teníamos miedo de que demolieran las represas y secaran los embalses.”

Y es que para muchos, estos embalses son más que depósitos de agua. Son centros recreativos, generadores de empleo y un atractivo turístico clave para las economías locales. Un informe de Public Sector Consultants estimó que las actividades recreativas en las represas crean 1,420 empleos directos y contribuyen con $140 millones de dólares al PIB regional.

Además, las propiedades vecinas a los embalses han visto un aumento total en su valorización de $130 millones, lo que evidencia el valor económico de mantener las represas.

Pero... ¿a qué precio?

Mientras algunos celebran la continuidad de las represas, otros advierten que esta transferencia a manos privadas podría resultar desastrosa. Los antecedentes en el estado no inspiran confianza. Después del colapso de las represas en Midland en 2020 —propiedad privada y mal mantenidas—, tanto funcionarios estatales como federales intentaron reforzar los estándares de seguridad. Sin embargo, esas reformas han tenido poco o nulo avance.

Bob Stuber, director ejecutivo de la Michigan Hydro Relicensing Coalition, fue contundente:

“Este problema se ha venido pateando para adelante por años. Son infraestructuras en decadencia que, tarde o temprano, tendrán que ser abordadas.”

Incluso Soodek, optimista con la venta, admite una preocupación latente:

“No he visto evidencia de que el bienestar comunitario y las firmas de capital privado se alineen consistentemente.”

Hull Street Energy: ¿salvadores o especuladores?

Confluence Hydro LLC es una filial de Hull Street Energy, una firma de capital privado que invierte en infraestructura energética tradicional como plantas de gas y represas en desuso. Según su director ejecutivo Ed Quinn:

“Aportamos conocimientos especializados para modernizar represas hidroeléctricas, muchas de las cuales sufren de falta de inversión y bajo rendimiento.”

La firma afirma que planea devolver la electricidad generada por las represas a Consumers Energy, si bien no revelaron a qué precio se produciría esta transacción —otro elemento que levanta interrogantes sobre la viabilidad financiera y la carga para los consumidores.

Una alternativa ignorada: la demolición controlada

Consumers había considerado la posibilidad de demoler las represas y restaurar cauces naturales. Según estudios internos, esta opción podría ahorrar hasta $781 millones frente al mantenimiento de las represas bajo control de Consumers. Sin embargo, esto conllevaría el desmantelamiento de ecosistemas recreativos y pérdidas económicas para las comunidades costeras.

No obstante, organizaciones defensoras del medio ambiente respaldan la demolición, argumentando que las represas fragmentan ríos, calientan el agua y afectan negativamente a especies como el esturión, la trucha y el salmón. Según ellos, los ríos de flujo libre también podrían fomentar distintos tipos de ecoturismo y fomentar una biodiversidad más saludable.

Tensiones entre conservación y modernización

Más allá del dilema económico, este caso es un reflejo de una discusión más amplia: ¿debe priorizarse la conservación de la infraestructura heredada o avanzar hacia una transformación energética? Algunos sostienen que conservar representaciones del pasado no debe prevalecer cuando ponen en juego la seguridad pública y la eficiencia ambiental.

Por otro lado, existe una desconfianza legítima hacia el modelo de capital privado, considerando que su incentivo principal es maximizar beneficios, no prestar servicios públicos ni preservar bienes comunitarios.

En última instancia, se corre el riesgo de que las futuras generaciones hereden una bomba de tiempo: represas antiguas, no modernizadas, mantenidas por entidades que podrían no disponer de la experiencia técnica o el compromiso social para repararlas cuando llegue el momento crítico.

Un proceso con vigilancia activa

Antes de que la transacción se haga efectiva, debe aprobarse por la Comisión Federal de Regulación Energética y la Comisión de Servicios Públicos de Michigan. Este proceso podría prolongarse hasta finales de 2026 o inicios del 2027, tiempo durante el cual se espera una mayor fiscalización del acuerdo.

Por ahora, el mensaje oficial desde Consumers es claro: “La seguridad es una prioridad absoluta”. Pero activistas, residentes y expertos miran con cautela. La historia reciente del estado demuestra que el abandono de responsabilidades públicas en manos privadas no siempre termina bien.

El espejo de un dilema global

Este caso en Michigan es una pequeña parte de una tendencia mundial: la privatización de infraestructuras esenciales y el debate sobre el futuro de los bienes comunes. En una época de desafíos climáticos y transición energética, las decisiones que se tomen hoy tienen el potencial de marcar el rumbo de comunidades enteras por generaciones.