¿Escuelas chárter en Kentucky? Una batalla legal que reaviva el debate sobre la educación pública

Una disputa educativa que llega al máximo tribunal

El debate sobre la financiación pública de las escuelas chárter volvió al centro de la discusión en Kentucky esta semana, cuando la Corte Suprema estatal escuchó los argumentos sobre la constitucionalidad del House Bill 9 (HB 9), una medida aprobada en 2022 por la legislatura dominada por los republicanos, pese al veto del gobernador demócrata Andy Beshear.

Esta ley, derribada en primera instancia por una corte inferior, permitiría canalizar fondos de los contribuyentes hacia la operación de escuelas chárter, que actualmente están legalizadas en el estado desde 2017 pero nunca se implementaron por falta de un mecanismo de financiamiento.

¿Qué son las escuelas chárter y por qué generan tanta controversia?

Las escuelas chárter son instituciones educativas públicas financiadas con fondos del Estado pero administradas por entidades independientes. A menudo se las presenta como una alternativa para familias que buscan opciones distintas a las escuelas públicas tradicionales. Su gran ventaja está en la flexibilidad operativa, ya que están sujetas a menos regulaciones que las escuelas públicas comunes.

Los defensores las ven como una forma de cerrar brechas de rendimiento escolar, especialmente en áreas urbanas. Sin embargo, los críticos sostienen que representan una forma encubierta de privatización del sistema educativo, desviando recursos ya escasos que deberían fortalecer las escuelas públicas tradicionales.

HB 9: una ley que busca cambiar el panorama

La ley HB 9 busca establecer un modelo piloto para abrir escuelas chárter en dos zonas específicas de Kentucky: Louisville y el norte del estado. Además, establece el uso de dinero de los contribuyentes para contribuir al presupuesto de estas instituciones.

Según Matt Kuhn, procurador general del estado, esta iniciativa colocaría a Kentucky al mismo nivel que el resto del país. "Los niños de Kentucky están viendo desde afuera algo que ha sido un éxito comprobado en otras partes, especialmente en áreas urbanas", dijo en la audiencia judicial celebrada en Danville.

Un debate constitucional: ¿son realmente públicas?

El eje del debate legal gira en torno a una pregunta sencilla pero complejo en su implicancia: ¿las escuelas chárter pueden considerarse ‘escuelas públicas’ bajo la Constitución de Kentucky?

Desde la perspectiva de la defensa, Kuhn asegura que sí lo son, ya que cumplen con normas de estándares académicos, transparencia financiera y contratación de profesores certificados. También señala que estarán sujetas a la supervisión de juntas escolares locales.

En la vereda opuesta, Byron Leet, abogado de asociaciones educativas que impugnaron la ley, dice que las chárter son autónomas en materia de finanzas, contratación, currículo e instrucción, lo que las coloca ingenuamente fuera del control del sistema educativo público.

"Las chárter estarían controladas por juntas privadas, cuyos miembros no son seleccionados por el electorado local. Esas decisiones fundamentales deben estar en manos de representantes elegidos", apuntó Leet.

La voz de los votantes: una enmienda rechazada

El trasfondo político del caso está íntimamente ligado a una propuesta de enmienda a la Constitución estatal que fue sometida a votación en noviembre de 2024. Dicha enmienda habría permitido explícitamente el uso de fondos estatales para educación fuera del sistema público. La propuesta fue rechazada por casi dos tercios del electorado de Kentucky.

La jueza Pamela R. Goodwine fue directa durante la audiencia: "¿Debemos tomar ese hecho como indicativo de la voluntad del pueblo, o simplemente ignorarlo?"

La defensa del HB 9 respondió que las escuelas chárter siguen siendo parte del sistema público, y por tanto, el rechazo de la enmienda no aplica directamente.

Más allá del aula: un debate político con resonancia nacional

El gobernador Andy Beshear, considerado por muchos como una figura ascendente dentro del Partido Demócrata nacional y potencial candidato presidencial para 2028, ha utilizado la oportunidad para reiterar su posición:

“La respuesta no puede ser crear un sistema distinto para un grupo reducido de estudiantes. La solución es invertir más y dar flexibilidad a nuestras escuelas públicas existentes.”

Mientras tanto, el fiscal general republicano Russell Coleman, cuyo despacho defiende la constitucionalidad del HB 9, lanzó un fuerte mensaje político:

“Los padres de Kentucky merecen las mismas opciones que otros en el país. Nuestros niños tienen derecho a todas las oportunidades posibles para tener éxito.”

Panorama nacional: ¿referente o excepción?

Actualmente, Kentucky es uno de los pocos estados donde no operan escuelas chárter. Mientras que a nivel nacional existen más de 7,800 chárters sirviendo a aproximadamente 3.7 millones de estudiantes —según datos del National Alliance for Public Charter Schools— en el "Bluegrass State", los intentos de implementación han sido persistentes pero ineficaces.

La aprobación de la legislación HB 9 en 2022 fue vista por muchos conservadores como el inicio de una reforma estructural del sistema educativo estatal. Sin embargo, la resistencia política, judicial e incluso ciudadana ha frenado la instalación efectiva de estas escuelas.

Autonomía vs. fiscalización: un equilibrio difícil

Uno de los principales argumentos en contra de las escuelas chárter es la falta de supervisión democrática directa. A diferencia de las escuelas tradicionales, sujetas al control de juntas escolares electas, las chárter serían administradas por juntas independientes.

Sus críticos temen que esto abra la puerta a favorecer ciertas poblaciones, dejando afuera a estudiantes con necesidades especiales o con problemas de disciplina. También existen dudas sobre sus metas académicas, ya que los estudios sobre su efectividad son mixtos.

Por ejemplo, un informe del Centro CREDO de la Universidad de Stanford (2015) encontró grandes variaciones entre estados y entre operadoras: algunas logran mejores resultados que las escuelas públicas, otras no muestran beneficio alguno y, en ciertos casos, incluso presentan rendimientos más bajos.

¿Y ahora qué sigue?

La Corte Suprema de Kentucky no dio indicios sobre cuándo emitirá su fallo. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de la validez de una ley: se decide el destino futuro del modelo educativo del estado.

En un contexto nacional donde la elección escolar y la libertad educativa han ganado terreno —especialmente entre votantes conservadores— el caso de Kentucky será observado con atención por legislaturas y tribunales de todo el país.

Por ahora, las aulas siguen esperando. Pero el debate, lejos de agotarse, recién comienza.