Guarderías gratuitas para todos: ¿utopía o el futuro de la educación infantil en EE.UU.?

Una revolución silenciosa en el corazón del suroeste

En un movimiento que ha captado la atención de economistas, educadores y familias estadounidenses por igual, la gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, lanzó una propuesta ambiciosa: guarderías gratuitas y universales para todas las familias sin importar sus ingresos. Esta medida, que empezará a implementarse a partir del 1 de noviembre, coloca al estado como pionero nacional en educación y servicios de primera infancia.

La clave de esta política reside no solo en su radicalidad —eliminar límites de ingreso para la asistencia—, sino también en su financiación: una combinación de fondos derivados del inesperado auge en la producción de petróleo y gas, así como fondos federales y estatales. En total, se estima que se necesitarán al menos 120 millones de dólares adicionales al año, un incremento del 26% respecto al gasto actual en el sector, que ya asciende a 463 millones.

Una inversión con impacto multiplicador

El principal argumento a favor del programa es claro: liberar recursos para las familias. Eliminar el costo del cuidado infantil —que puede ascender a más de $12,000 anuales por niño en EE.UU.— permitiría a los padres destinar ingresos a otras necesidades como alimentación, vivienda, salud o ahorro.

"Es literalmente transformador", afirmó Lujan Grisham en una rueda de prensa. “Esto significa que las familias tendrán más dinero para pagar sus facturas, mejorar su calidad de vida y participar activamente en la economía”.

Pero más allá de los beneficios inmediatos para el bolsillo familiar, los estudios apoyan los efectos positivos de una inversión sostenida en la primera infancia. El economista ganador del Nobel James Heckman ha demostrado que cada dólar invertido en la educación temprana puede generar un retorno de hasta 13 dólares en productividad futura, menos delincuencia, menor dependencia de beneficios sociales y mayor capital humano.

¿Subsidio injusto o justicia social?

Las críticas no se han hecho esperar. El debate gira, principalmente, en torno a si esta expansión representa una redistribución de recursos innecesaria para familias que no lo requieren. Paul Gessing, presidente de la fundación libertaria Rio Grande en Nuevo México, calificó la medida como “sorprendente” viniendo de una gobernadora demócrata, señalando que el estado ya prestaba asistencia a hogares con ingresos de hasta un 400% del nivel de pobreza —alrededor de $128,000 anuales para una familia de cuatro.

“Estamos hablando de ingresos relativamente altos. ¿Por qué seguir extendiendo la ayuda en lugar de concentrar los recursos en quienes más los necesitan?”, cuestionó Gessing.

Los detractores también apuntan a que esta política podría desincentivar el trabajo en el sector privado, al igual que generar presión fiscal a largo plazo para mantener el financiamiento sostenido del programa en un contexto de ingresos petroleros volátiles.

Desigualdades estructurales y brechas en la implementación

Entre los desafíos más significativos está la disponibilidad de infraestructuras y profesionales capacitados. Actualmente, Nuevo México enfrenta una escasez de espacios en guarderías y personal formado para atender la demanda creciente. La gobernadora estima que será necesario abrir más de 50 nuevos centros licenciados, 120 hogares con licencia para cuidados grupales y cerca de 1,000 nuevos hogares registrados con capacidad para hasta cuatro niños.

Esto pone a prueba otra dimensión crítica de la política: su ejecución. El éxito no solo depende del financiamiento, sino también de la logística y el compromiso con la calidad. Según un informe legislativo estatal, no hay evidencia concluyente de que los niños del estado estén mejor preparados académicamente que en otras partes del país.

En 2025, la Fundación Annie E. Casey ubicó al sistema educativo de Nuevo México en el último lugar a nivel nacional. Por eso, el plan incluye incentivos para la mejora continua como elevar el salario base de los trabajadores del cuidado infantil a un mínimo de $18 por hora, siempre que se demuestre excelencia en el servicio.

Un contexto nacional polarizado

El experimento de Nuevo México ocurre en un momento de profunda división ideológica en los Estados Unidos. Si bien la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que el costo del cuidado infantil es un problema importante, existe discordia sobre el papel del gobierno en proveer soluciones.

Bajo la Administración de Donald Trump, miles de millones en fondos educativos fueron congelados o reducidos, restringiendo el margen de maniobra de muchos estados. En ese entorno, la estrategia de Grisham se presenta como un espejo invertido: utilizar excedentes fiscales para gasto social en lugar de recortes impositivos o reservas presupuestarias.

Estados como Oregón, Nueva York e Illinois ya han coqueteado con modelos similares como preescolares universales o agencias independientes de educación infantil. Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, propuso financiar el cuidado infantil mediante incrementos impositivos a los más ricos. Illinois, por su parte, creó una agencia estatal exclusiva para educación temprana.

Implicaciones más allá del suroeste

Lo que ocurra en Nuevo México podría redefinir el debate federal sobre los derechos y deberes del Estado en materia de infancia. Si bien la medida enfrenta obstáculos políticos y técnicos, también es una apuesta audaz por redefinir la igualdad de oportunidades desde la cuna.

Como expresó la propia gobernadora: “Mi esperanza es que esto inspire a nuestros candidatos al Congreso y gobernadores en otros estados a hablar sobre estas inversiones”.

El sueño de un sistema educativo verdaderamente equitativo en EE.UU. quizás no empiece en Harvard o Yale, sino en pequeñas salas de guardería en Nuevo México. Allí, donde el petróleo impulsa motores financieros, puede también encender las luces de un modelo revolucionario de justicia implicada e infantil.