¿Centro de reclusión de inmigrantes o improvisación estatal? La polémica del McCook Work Ethic Camp en Nebraska

Una decisión sorpresiva y polémica

El anuncio del gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, acerca de transformar el McCook Work Ethic Camp en un centro de detención para inmigrantes ha generado un torbellino de reacciones. A más de tres semanas del comunicado, aún no existe un acuerdo formal con las autoridades federales, lo que ha intensificado la preocupación de legisladores estatales y residentes del área de McCook.

Ubicada en una zona rural del suroeste del estado, la ciudad de McCook —de apenas 7,000 habitantes— lleva años conviviendo con un centro de mínima seguridad para ofensores de bajo riesgo, muchos de los cuales aportan trabajos comunitarios que han sido bien recibidos por los locales. Por ello, la intención de reconvertir este lugar en el llamado ‘Cornhusker Clink’ (en alusión al apodo de Nebraska) bajo la iniciativa federal de detención migratoria, ha generado un notable malestar.

Una decisión ejecutiva sin consenso

Lo que más efectos ha provocado no es solo el tipo de proyecto en sí, sino el modo en que se llevó a cabo: sin consultar a los líderes locales y con información parcial. Tanto así que, como dijo el senador estatal Wendy DeBoer, "hay más preguntas sin responder que respuestas concretas" sobre costos, operación y viabilidad del proyecto.

El gobernador Pillen asegura que la decisión forma parte de sus atribuciones, dado que el Departamento de Servicios Correccionales depende directamente del poder ejecutivo. No obstante, 13 legisladores firmaron una carta cuestionando legalmente su autoridad para ofertar una prisión estatal al gobierno federal sin la autorización de la legislatura.

Aun cuando funcionarios aseguran que la reconversión puede completarse en semanas, la falta de datos precisos despierta inquietudes importantes:

• ¿Cuánto costará la transición?
• ¿Cuántos nuevos empleados serán necesarios?
• ¿El gobierno federal cumplirá con el pago por adelantado o solo reembolsará los gastos futuros?
• ¿Quién se hará cargo de la supervisión y protocolos de seguridad, si el espacio pasará de albergar a 155 personas a entre 200 y 300?

Un precedente nacional: 'centros marca Trump'

Durante la administración del expresidente Donald Trump, proliferaron los centros de detención con apodos llamativos y retóricos, como el “Alligator Alcatraz” en Florida o el “Speedway Slammer” en Indianápolis. Estos lugares comenzaron a definirse como puntos representativos del endurecimiento de la política migratoria republicana.

Ahora, con su nuevo mandato en curso tras la elección de 2024, Trump ha reforzado su agenda antiinmigrante, lo que lleva a estados como Nebraska a tomar acciones proactivas en espera de incentivos y respaldo federal.

Sin embargo, el caso de McCook es curioso. Es un condado abiertamente pro-Trump, con un resultado electoral superior al 80% a su favor, pero incluso ahí la población no acepta de forma unánime esta decisión. Como dijo Mike O'Dell, editor del periódico local McCook Gazette, "la comunidad ha llegado a conocer a los internos actuales y sienten preocupación por su bienestar futuro".

Entre discursos y realidades: una cárcel sobrepoblada

El McCook Work Ethic Camp se inauguró en 2001 y es citado frecuentemente como un caso de éxito en la reducción de reincidencia carcelaria, gracias a programas de educación, tratamientos y labores de reintegración. Legisladores como Terrell McKinney, presidente del Comité de Asuntos Urbanos, han alertado que, mientras se presume una reconversión eficiente, el sistema penitenciario de Nebraska es uno de los más sobrepoblados y subfinanciados del país.

"¿Cómo pueden tomar una instalación diseñada para 125 personas y ampliarla para albergar entre 200 y 300 sin crear un riesgo de seguridad?", cuestionó McKinney durante una audiencia pública a la que ni el gobernador ni el director del sistema correccional se presentaron.

Los espejismos del reembolso federal

Una de las justificaciones para el proyecto es que los costos serán reembolsados por el gobierno federal. No obstante, eso genera más dudas que certezas. Los funcionarios han admitido que aún no existe un cálculo definido sobre cuánto costará la reconversión y que no hay un contrato firmado con el Departamento de Seguridad Nacional ni con ICE.

La historia reciente ofrece lecciones sobre la dificultad de recibir reembolsos federales de manera inmediata. Solo en 2020, tras el inicio de la pandemia y los despliegues de emergencia federal, múltiples estados esperaron meses —incluso años— para recibir pagos prometidos.

Los temores locales, más allá de la política

Mientras el gobernador insiste en que esta medida fortalecerá la protección en la frontera y respaldará la política migratoria nacional, muchos residentes de McCook están viendo desaparecer algo que valoraban: un sistema penitenciario cercano, manejable y que sí daba oportunidades de redención.

Una trabajadora de la biblioteca local, quien prefirió mantenerse en anonimato, comentó durante la audiencia del viernes: “Estos hombres venían a reparar nuestros jardines, a arreglar patios escolares, incluso a leer con los niños. ¿Eso va a cambiar por completo?”. La comunidad, aunque conservadora, ha desarrollado un mínimo tejido social con los internos del centro, lo que complica aún más la aceptación de reclusos completamente distintos —ni siquiera condenados, sino en detención preventiva migratoria.

El dilema humanitario y el precedente legal

Este caso invita a una reflexión más profunda sobre la colisión entre poder ejecutivo, legalidad estatal y derechos humanos. Mientras algunos ven la reconversión de la prisión como una extensión natural de la política migratoria de Trump, otros advierten que podría establecer un precedente sobre cómo los estados pueden ceder infraestructura carcelaria sin debate ni planificación legal concreta.

Además, no se han discutido mecanismos de protección para los dignidad y derechos básicos de los detenidos, ni estructuras de vigilancia independiente para evitar abusos. Todo eso en el marco de un sistema penitenciario que ya se encuentra al borde del colapso en muchos estados.

¿McCook como símbolo de improvisación?

Podríamos estar ante un nuevo caso donde política migratoria, populismo ejecutivo y necesidades locales se entrecruzan sin rumbo claro. El riesgo de transformar un modelo semiabierto y de reintegración —como lo era el McCook Work Ethic Camp— en un centro de detención masivo mal planificado, puede convertirse en un símbolo del desorden político institucional.

Ya lo dijo DeBoer: “Tenemos estimaciones, suposiciones y un plan sin firma. ¿Qué puede salir mal?”.