Ekrem Imamoglu: ¿amenaza política o chivo expiatorio del régimen de Erdogan?

Un juicio que sacude a Turquía

El nombre de Ekrem Imamoglu ha resonado con fuerza en Turquía y el mundo desde que se convirtió en una figura clave de la oposición al régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan. Su reciente comparecencia ante la justicia por supuesta falsificación de documentos ha provocado manifestaciones masivas, tensiones políticas sin precedentes y una revisión crítica del estado de la democracia turca.

El pasado viernes, Imamoglu fue llevado ante un tribunal instalado dentro de la Prisión de Silivri, al oeste de Estambul, por un caso que ha alimentado sospechas de persecución política: la supuesta falsificación de su título universitario, un documento clave para su elegibilidad presidencial. Los fiscales turcos solicitan una condena de entre 2 años y medio a casi 9 años de prisión, así como una inhabilitación política.

¿Una amenaza real para Erdogan?

Imamoglu representa el mayor desafío político a los 22 años de hegemonía de Erdogan. Alcalde de Estambul desde 2019, su llegada al poder fue un hito histórico: logró arrebatarle la ciudad más grande y estratégica del país al oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Más allá del simbolismo, la victoria de Imamoglu fue una muestra del descontento urbano hacia el régimen de Erdogan.

En las últimas elecciones locales, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que pertenece Imamoglu, consolidó sus avances, convirtiéndose en un serio contrapeso del poder presidencial. Su popularidad lo catapultó a ser designado como candidato presidencial del CHP tras su arresto.

¿Qué hay detrás de la anulación de su título?

Según la fiscalía turca, la transferencia de Imamoglu en 1990 desde una universidad privada en el norte de Chipre a la Universidad de Estambul contiene "irregularidades burocráticas". A raíz de ello, la Universidad de Estambul anuló su diploma. Sin este título, Imamoglu no puede aspirar constitucionalmente a la presidencia.

Sin embargo, muchos ven en esta medida una jugada estratégica del régimen para neutralizar a su principal rival político. Las pruebas de las supuestas irregularidades no se han hecho públicas, y el momento en que se reactivó el caso —tras su elección como candidato presidencial— ha alimentado aún más las sospechas.

La indignación popular no se ha hecho esperar. Miles de estudiantes, ciudadanos y partidarios del CHP salieron a las calles a protestar, enfrentándose a una fuerte represión policial. Según datos de Amnistía Internacional, durante las movilizaciones se arrestó a más de 2,000 personas en todo el país.

Un clima de represión sistemática

El caso de Imamoglu no es aislado. En el último año, Turquía ha visto una oleada de arrestos de funcionarios municipales opositores, especialmente del CHP. La prisión de Silivri, donde se encuentra Imamoglu, acoge también a varios líderes de la oposición arrestados bajo cargos de corrupción o vínculos con organizaciones "terroristas", acusaciones recurrentes contra oponentes del gobierno.

Un informe de Human Rights Watch publicado en 2024 alertó que el sistema judicial turco ha perdido su independencia. Según el informe:

"Desde el fallido golpe militar de 2016, el gobierno de Erdogan ha utilizado el sistema judicial como herramienta de intimidación contra activistas, periodistas, jueces e incluso miembros del ejército y la academia."

Desde el intento de golpe, casi 150,000 empleados públicos han sido purgados y alrededor de 80,000 personas han sido encarceladas bajo acusaciones, muchas veces infundadas, de conspiración.

Una audiencia con carácter simbólico

La audiencia celebrada en Silivri fue más que un acto judicial: fue un evento político de alto impacto. Imamoglu fue recibido con aplausos por una sala repleta de sus partidarios, familiares y antiguas amistades universitarias. Líderes opositores de todo el país acudieron al juicio como muestra de apoyo.

Los medios controlados por el Estado intentaron minimizar el evento, mientras que la prensa internacional lo describía como un termómetro del estado democrático turco. Según fuentes del diario alemán Der Spiegel, diplomáticos de al menos seis embajadas europeas estuvieron presentes como observadores.

Más juicios en el horizonte

Además del caso del diploma, Imamoglu enfrenta siete causas penales activas, cada una de las cuales podría inhabilitarlo políticamente o condenarlo a prisión durante años. Entre las acusaciones se encuentran:

• Desacato a autoridades electorales
• Uso indebido de fondos públicos
• "Vínculos con terrorismo cultural"

El término "terrorismo cultural" ha sido utilizado de forma ambigua por ciertas autoridades para castigar expresiones ideológicas, artísticas o culturales que cuestionan el régimen.

¿Una Turquía sin alternativa?

La estrategia del gobierno parece clara: desmantelar progresivamente a una oposición fortalecida. La posible anulación del Congreso del CHP en 2023, cuya sentencia será leída en los próximos días, amenaza con desestabilizar la dirigencia del partido. Sin liderazgo claro y con sus principales figuras judicializadas, el CHP podría enfrentarse a una crisis interna pocos meses antes de las presidenciales.

El panorama se complica por el control férreo que Erdogan mantiene sobre las instituciones: cuenta con mayoría parlamentaria, influencia sobre los tribunales y casi total control sobre los principales medios de comunicación.

Una historia que resuena más allá de Turquía

Lo que está en juego no es solo el futuro político de Imamoglu, sino el rumbo democrático de Turquía. En un país que ha sido puente entre Europa y Asia, entre el Islam y la laicidad, las decisiones que se tomen hoy pueden afectar no solo a los turcos, sino también a la estabilidad regional.

En palabras de Ayşe Yücel, profesora de Política Internacional en la Universidad del Bósforo:

"La criminalización de líderes democráticamente electos erosiona los fundamentos institucionales del país. Si Erdogan logra despojar a Imamoglu de candidaturas y legitimidad con procesos judiciales sospechosos, nadie podrá frenar una deriva aún más autoritaria."

¿Y ahora qué?

La decisión del tribunal turco podría condenar no solo a Imamoglu, sino a toda una generación esperanzada en reformar democráticamente su país. La presión internacional, sumada a la movilización ciudadana, jugará un papel crucial en lo que está por venir.

Turquía se encuentra frente a un espejo que deja al descubierto sus dilemas más profundos. Y en ese reflejo, la figura de Imamoglu representa tanto una amenaza como una esperanza: la amenaza de cambio para el viejo régimen, y la esperanza de renovación para una sociedad civil que aún se resiste a rendirse.