El poder en las sombras: cómo Google manipula las leyes de privacidad desde detrás del telón

Un lobby disfrazado de ayuda para pequeños empresarios

En abril, la residente de Rhode Island, Navah Hopkins, recibió un correo electrónico inesperado: un llamado a la acción contra un proyecto de ley en California, miles de kilómetros al oeste. El remitente, Google, apelaba a los sentimientos de miles de pequeños empresarios asegurando que una nueva propuesta de privacidad digital pondría en peligro su capacidad para llegar a los clientes online.

El correo, que no mencionaba explícitamente la participación de Google, incluía una petición redactada por una oscura organización llamada Connected Commerce Council (o 3C), financiada por Google y Amazon. ¿Su objetivo? Frenar el Proyecto de Ley 566 (AB 566) de la Asamblea de California, que requeriría que los navegadores web ofrezcan a los usuarios una opción automática para decirle a los sitios que no compartan su información personal.

¿Transparencia o manipulación?

El proyecto de ley AB 566 busca implementar una herramienta análoga a la que ya ofrecen navegadores como DuckDuckGo, Brave y Firefox, quienes integran funciones de privacidad que automáticamente envían señales de exclusión voluntaria de seguimiento a los sitios web. Sin embargo, ni Chrome ni Safari —los navegadores más utilizados— ofrecen esta opción.

Google nunca declaró su postura públicamente contra AB 566. Sin embargo, llevó a cabo una campaña encubierta a gran escala, utilizando a pequeñas empresas acreditadas en su programa Grow with Google para enviar correos persuasivos. Esta táctica revivió prácticas comunes entre compañías de industrias polémicas como la farmacéutica o la del tabaco: hacer lobby disfrazado como esfuerzo ciudadano.

“Fue intencionalmente engañoso”, declaró Hopkins, quien cuestionó la legitimidad del mensaje, considerando que la propuesta de ley no afectaba negativamente su negocio en lo más mínimo.

Una puerta giratoria de millones

La organización CalMatters reveló que Google invirtió casi 700,000 dólares en cabildeo en el estado de California en lo que va del año. Parte de estos fondos fueron canalizados hacia grupos como la Cámara de Comercio de California, quienes públicamente se oponen a medidas como el AB 566, pero que nunca revelaron que parte de su financiación proviene del gigante de Silicon Valley.

En paralelo, documentos de 2022 muestran que el grupo 3C —que se presenta como defensor de más de 15,000 pequeñas empresas— tiene como patrocinadores principales a Google y Amazon. Es más, investigaciones revelaron que muchos de los pequeños negocios listados como miembros de este consejo nunca habían oído hablar de él.

Así funciona el ‘shadow lobbying’ digital

El fenómeno de movilizar usuarios o socios para impulsar cambios legislativos a favor de grandes corporaciones no es nuevo. De hecho, expertos como el profesor Edward Walker, de UCLA, explican que estas estrategias de movilización “grassroots” corporativas son el arma preferida cuando el lobby tradicional ya no es suficiente.

“El ejemplo más conocido es el de Uber y Lyft en la batalla por la Proposición 22 en California”, mencionó Jeremy Mack del Phoenix Project. “Han logrado convencer a usuarios y conductores que votar contra sus propios derechos laborales era defender una supuesta libertad tecnológica”.

Ahora, Google repite la fórmula frente a un enemigo particularmente temido: la regulación de la privacidad de datos.

La ironía de un titán del rastreo digital oponiéndose a transparencia

AB 566 no busca eliminar la publicidad digital. Solo intenta que los navegadores respeten una opción clara y unificada para que los usuarios digan 'no' al rastreo masivo. Hoy, bajo la legislación californiana de 2018, cualquier empresa debe proporcionar una herramienta para evitar la compartición de datos personales. Pero su implementación es confusa e inconsistente.

El nuevo proyecto corrige esa debilidad estableciendo una función de exclusión auténtica, disponible directamente en los navegadores. Sin embargo, la oposición de Google plantea esta regulación como una amenaza existencial tanto para startups como para tiendas en línea.

“Lo que hallamos es que dueños de pequeños negocios a menudo apoyan o rechazan leyes sin una comprensión real de su alcance”, expresó Bianca Blomquist, directora de Small Business Majority.

¿Quién tutela a los consumidores en este entorno?

Mientras el Congreso de EE.UU. permanece estancado en regulaciones similares, California lidera la lucha por los derechos digitales del consumidor. Junto a la Unión Europea y el Reino Unido, es una de las pocas jurisdicciones donde las grandes tecnológicas enfrentan un marco legal desafiante.

El gran dilema, según la organización California Common Cause, es que si bien las acciones de Google son legalmente permisibles, están diseñadas para socavar los fundamentos de un proceso democrático transparente. “Estos métodos aprovechan vacíos legales y recursos desproporcionados para dominar el discurso público”, alertó Sean McMorris, responsable del programa de transparencia de la organización.

Quejas, sobornos legales y apagones informativos

Tal como ocurrió cuando Google y Meta bloquearon temporalmente el acceso a sitios de noticias en Canadá y Australia para protestar contra leyes que les obligaban a pagar a medios por enlazarlos en sus plataformas, la compañía ha demostrado estar dispuesta a usar su propia infraestructura para castigar políticas adversas.

Algunos ven estas acciones como intentos autoritarios de proteger modelos de negocio que dependen de violaciones masivas a la privacidad. Otros argumentan que las penalidades propuestas afectan la innovación y la competitividad.

Privacidad vs. crecimiento infinito

La pregunta clave de este debate no es técnica ni legislativa: es ética. ¿Debe el crecimiento de una empresa tener prioridad sobre el derecho de una persona a no ser rastreada constantemente?

“Ninguno de nosotros quiere entrar en un mercado de vigilancia cada vez que entramos a internet”, advierte Brandon Forester, de MediaJustice. “Sin embargo, eso es precisamente el tipo de mundo que Google está tratando de preservar”.

El caso de AB 566 es solo la punta del iceberg. En un mundo donde las grandes empresas tecnológicas controlan tanto las plataformas como los flujos de información, el derecho a la privacidad se convierte en una batalla cuesta arriba que solo puede ganarse con conciencia ciudadana, regulación firme y transparencia absoluta.

Y la gran pregunta, cada vez más urgente, es: ¿Quién protege nuestros derechos cuando los guardianes del internet también son sus dueños?