Fallos fatales: el caso Mary Gingles y el fracaso sistémico ante la violencia doméstica
Cómo una cadena de negligencias policiales terminó con un feminicidio múltiple que pudo evitarse
Mary Gingles advirtió una y otra vez que temía por su vida. Llamó a la policía. Compartió su miedo con amigos y familiares. Presentó denuncias. Su esposo, Nathan Gingles, tenía órdenes de restricción que violaba impunemente. El resultado: un feminicidio múltiple que estremeció a la comunidad de Tamarac, en el sur de Florida. Más que un crimen atroz, el caso reveló un patrón peligroso de omisión, burocracia y desidia por parte de quienes debieron protegerla.
Una tragedia anunciada
El 16 de febrero de 2025, en una mañana aparentemente normal, Nathan Gingles ejecutó un acto de violencia brutal. Según los investigadores, primero asesinó a David Ponzer, su suegro, mientras bebía café en el patio trasero. Luego persiguió y asesinó a Mary, su esposa separada, en plena calle. Finalmente, también mató a Andrew Ferrin, vecino que intentó protegerla. Todo esto mientras la hija de cuatro años de la pareja le rogaba a su padre que se detuviera.
Lo que transforma este crimen en una tragedia aún más difícil de asumir es que fue precedido por señales claras de peligro. Mary Gingles no fue una víctima silenciosa. Durante meses acudió al Departamento del Sheriff del Condado de Broward para denunciar una serie de abusos y violaciones de su esposo al régimen legal de protección.
Un sistema que no escuchó
Una investigación interna reveló que varios oficiales del condado no investigaron adecuadamente las denuncias de violencia doméstica realizadas por Mary. Como resultado, seis agentes fueron despedidos recientemente y otros once disciplinados. Esto se suma a dos policías previamente cesados por su rol en el caso.
“Tuvimos múltiples oportunidades de proteger a Mary durante los meses previos a su muerte. Los agentes y detectives asignados fallaron en su entrenamiento y, en última instancia, fallaron en manejar sus reiteradas súplicas con la urgencia requerida”, declaró el Sheriff Gregory Tony.
Esto no es solo un caso de negligencia, sino un fallo institucional profundo que resurge con cada caso de violencia doméstica que termina en homicidio. La desaplicación de una poderosa herramienta legal como la ley de bandera roja de Florida —la cual permite retirar armas de quienes representan peligro inminente— fue uno de los puntos más cuestionados del accionar policial.
El patrón de una amenaza
Según investigaciones, Nathan Gingles presentaba un conjunto de factores de riesgo reconocidos por expertos en violencia de pareja:
- Violación constante de órdenes judiciales.
- Uso de dispositivos de rastreo para seguir a su víctima.
- Invasión al hogar con mochilas provistas de herramientas de inmovilización como cinta adhesiva y bridas de plástico.
Estos comportamientos, lejos de ser anecdóticos, están identificados como precursores frecuentes a asesinatos íntimos. De acuerdo con un análisis del Departamento de Justicia de EE.UU., las armas de fuego son el método más común en los homicidios de parejas femeninas, superando a todos los demás medios combinados.
“Uno de los pasos más cruciales para prevenir la violencia letal es desarmar a los agresores y mantenerlos desarmados”, destaca el informe del Departamento de Justicia.
¿Dónde falla el sistema?: análisis estructural
La historia de Mary Gingles pone el foco en un problema reiterado: la desconexión entre las herramientas legales disponibles y su aplicación en la práctica. Florida promulgó en 2018 su propia versión de la ley de bandera roja tras la masacre en la escuela secundaria de Parkland. Pero, en muchos condados, esta permanece subutilizada.
Según datos brindados por el Violence Policy Center, entre 2018 y 2022:
- Florida emitió alrededor de 9,000 órdenes de riesgo extremo, concentrándose mayoritariamente en pocos condados.
- En muchos otros, incluyendo partes de Broward, las cifras fueron irrisorias en comparación con el volumen de denuncias de violencia doméstica.
Esto revela la necesidad de capacitación especializada y voluntad institucional para aplicar estas normativas. Sin esa urgencia, las herramientas quedan en papel muerto.
Un grito ignorado: la historia repetida
El caso de Mary no es aislado. En Estados Unidos, tres mujeres son asesinadas por su pareja o expareja cada día en promedio, según el informe del National Coalition Against Domestic Violence. Lo alarmante es que cerca del 54% de las víctimas había recurrido previamente a alguna autoridad. Lo que sigue fallando es la mirada sistémica y el compromiso integral con la prevención.
En el condado de Broward, este caso ya ha comenzado a provocar cambios administrativos, pero se exige algo más profundo: una transformación cultural dentro de los cuerpos policiales, donde la violencia doméstica deje de ser considerada un “asunto menor” o privado, y se entienda como lo que es: una amenaza homicida en potencia.
La justicia como deuda pendiente
Nathan Gingles, quien se ha declarado no culpable, enfrenta cargos por triple homicidio y podría recibir la pena de muerte. Sin embargo, más allá del castigo individual, la comunidad de Tamarac y tantas otras necesitan garantías estructurales de no repetición. La familia de Mary, destruida por la pérdida, ha pedido una revisión completa de los protocolos policiales y una legislación más efectiva.
En palabras de su hermana en una reciente marcha: “Mary estaba viva. Quería vivir. Se lo dijo a todo el mundo. Nadie la escuchó. No podemos seguir ignorando a las mujeres cuando nos dicen que están en peligro.”
¿Qué se puede hacer?
Los expertos en seguridad y derechos civiles han propuesto una serie de reformas que podrían evitar tragedias como la de Mary Gingles:
- Obligatoriedad de aplicar leyes de bandera roja tras denuncias fundadas de amenazas o violencia en contexto de pareja.
- Capacitación en riesgo femicida para todas las fuerzas policiales, con protocolos claros para la identificación de amenazas letales.
- Colaboración interagencial entre departamentos de salud mental, justicia y seguridad pública.
- Supervisión ciudadana independiente de los departamentos de policía ante denuncias de inacción.
Todas estas medidas tienen un objetivo común: salvar vidas. Y en casos como este, cada minuto perdido por burocracia puede equivaler a una muerte anunciada.
El precio de ignorar el miedo
La historia de Mary Gingles es un espejo roto de tantas otras. Es, además, un llamado urgente a la reflexión colectiva. Porque el costo de la indiferencia no es menor: se mide en vidas humanas. Y como sociedad, no podemos seguir brindando minutos de silencio sin convertirlos en acciones concretas.
El eco de sus súplicas seguirá resonando hasta que, por fin, lo escuchemos.
