La ofensiva interior: cómo Texas intensifica las deportaciones en su territorio más allá de la frontera

Una nueva etapa en la política migratoria texana

Desde enero hasta septiembre, más de 3,100 inmigrantes indocumentados han sido arrestados por patrullas especiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas —una cifra que marca un cambio radical en el rol que tradicionalmente desempeñaban las autoridades estatales en temas migratorios.

Este giro se enmarca en la “Operación Lone Star 2.0”, una estrategia de seguridad fronteriza expandida hasta el corazón del estado. A simple vista, se trata del uso masivo de recursos estatales para ejecutar tareas que hasta hace pocos años eran exclusivas del gobierno federal.

¿Qué es la “Operación Lone Star”?

Originalmente lanzada en 2021 por el gobernador Greg Abbott, la Operación Lone Star nació como una respuesta conservadora a lo que algunos republicanos consideran una "crisis migratoria" fruto de políticas federales permisivas.

En su versión inicial, se enfocaba en el arresto de inmigrantes por delitos menores como allanamiento, con el fin de detener a quienes cruzaban la frontera sur de manera ilegal. La nueva fase, sin embargo, amplía ese alcance notablemente. Ahora, los equipos tácticos estatales están colaborando con agencias federales en ciudades grandes como Houston, Dallas y Austin para arrestar inmigrantes en el interior del estado.

Según el DPS, el propósito actual es capturar a inmigrantes que representan una “amenaza criminal”. Pero en la práctica, muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales graves, lo cual ha sembrado alarma en las comunidades afectadas.

El inusual protagonismo de los estados en temas migratorios

De acuerdo con la constitución estadounidense, la legislación migratoria es una atribución federal. Esto significa que tradicionalmente, solo agentes de ICE o de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden ejecutar arrestos por motivos migratorios.

Sin embargo, estados como Texas han buscado avanzar en arrestos y deportaciones hechos por policías estatales. No obstante, hasta julio de este año, Texas no tenía acuerdos formales con ICE que delegaran esa autoridad. Aun así, el DPS defiende su competencia sobre todo el estado, siempre que exista causa probable para una detención.

Datos que inquietan

• 88% de los arrestados por los grupos especiales del DPS fueron detenidos exclusivamente por violaciones a leyes migratorias, no por delitos estatales.
• Entre enero y julio de este año, los oficiales de DPS han arrestado a aproximadamente 30,000 personas.
• Cerca de 700 arrestos ocurrieron en zonas urbanas como Austin, Dallas y Houston, lejos de la frontera.

Estos números colocan en entredicho el argumento de que estas acciones buscan únicamente proteger a las comunidades de criminales peligrosos.

¿A quiénes están arrestando?

Casos revisados por la prensa y por organizaciones como ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) ilustran la ambigüedad del criterio.

Un ejemplo señalado fue el de un hombre hondureño en Austin arrestado por sobrepasar su visa tras una vigilancia domiciliaria. Aunque tenía acusaciones por violencia doméstica en 2022, éstas fueron retiradas. Otro caso fue el de un hombre en Dallas, sin antecedentes criminales conocidos, detenido mediante rastreo GPS del que no se dieron más detalles.

El caso más representativo fue quizá el de Omar Gallardo Rodríguez, detenido en Austin tras una parada de tráfico. Su esposa Denisse Parra Vargas y sus hijos, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, también fueron deportados. Denisse buscaba asilo para escapar de una relación abusiva. ICE justificó la detención de Rodríguez alegando múltiples entradas ilegales al país y acusaciones pasadas de violencia familiar y manejo en estado de ebriedad.

Cooperación silenciosa pero ambiciosa

Una de las preocupaciones más grandes es la opacidad. Desde el inicio de las operaciones interiores, el DPS ha evitado informar abiertamente sobre los detalles logísticos de su colaboración con agencias federales. Tampoco esclarece los criterios ni el seguimiento dado a las personas arrestadas.

Muchos de esos arrestos son realizados sin fanfarria, a diferencia de los anteriores operativos fronterizos que solían mostrarse en redes sociales y conferencias de prensa. Incluso, según registros, el DPS apoyó una operación masiva de ICE donde más de 800 personas fueron arrestadas. No está claro si este número está incluido dentro de los 3,100 mencionados inicialmente.

Nuevas leyes y más poder local

A partir del próximo año, bajo una nueva ley estatal, la mayoría de los alguaciles en Texas estarán obligados a firmar acuerdos con ICE (conocidos como "Programas 287(g)") que les permiten preguntar a cualquier persona por su estatus migratorio durante detenciones de rutina.

Según registros recientes, ya el 11% de los alguaciles en Texas participan en estos acuerdos. El resto podría unirse pronto, ampliando peligrosamente el arco de cooperación entre autoridades estatales y federales para ejecutar deportaciones más rápidamente.

El regreso de Trump y su impacto

Donald Trump ha hecho del endurecimiento migratorio una de sus principales promesas de campaña. Como presidente por segunda vez desde enero, ha fomentado un ambiente propicio para este tipo de iniciativas estatales.

Abbott, quien siempre ha sido un aliado fiel del expresidente, declaró: “Después de cuatro años de políticas fallidas, Texas finalmente tiene a un socio en el presidente Trump. Juntos, detendremos esta crisis y haremos que Estados Unidos sea seguro otra vez.”

Ello explica en parte por qué el presupuesto de seguridad fronteriza fue incrementado a $3.4 mil millones de dólares este año, apesar de que las cifras de cruces ilegales han bajado desde el verano pasado.

De la frontera a las ciudades: la expansión preocupante

El traslado de la vigilancia migratoria a comunidades muy lejos de la frontera ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles. Alain Cisneros, organizador de la ONG FIEL (Familias e Inmigrantes en Lucha), indicó que en vecindarios al norte de Houston, DPS ha montado retenes encubiertos para detectar y detener a inmigrantes sin documentos.

“Esto ocurre todos los días,” dijo. “Parece una réplica de Operación Lone Star, pero a 400 millas de la frontera.”

El temor se ha arraigado entre las comunidades latinas, muchas de las cuales ahora evitan salir o llevar a sus hijos al colegio. Algunos testimonios recolectados en encuestas revelan una creciente incertidumbre sobre el futuro. La posibilidad constante de ser detenidos por una simple infracción de tránsito ha transformado radicalmente la experiencia migratoria en Texas.

¿A dónde nos dirige esto?

Estados Unidos se sitúa hoy en un cruce crítico respecto a su política migratoria. Mientras las cifras de entradas ilegales bajan, los estados liderados por republicanos intensifican su rol como brazos armados de una agenda federal más radical.

Sin un marco institucional claro que delimite competencias ni proteja de abusos, las personas migrantes —documentadas o no— se enfrentan a un entorno cada vez más hostil. La promesa de seguridad pública se convierte así en una herramienta difusa que puede justificar desde redadas hasta deportaciones masivas, sin supervisión ni transparencia.

¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nombre de la seguridad? ¿Está preparado el sistema judicial para proteger los derechos individuales frente a operativos estatales cada vez más opacos? Estas preguntas definirán el rumbo migratorio de Estados Unidos durante los próximos años.