Subsidios de salud bajo fuego político en EE. UU.: ¿colapso o salvación del Obamacare?

En medio de amenazas de cierre de gobierno, los subsidios que permiten a millones acceder a un seguro médico asequible podrían desaparecer si el Congreso no actúa a tiempo

La nueva batalla por el futuro del Obamacare

A pocos meses del cierre del año, el Congreso de Estados Unidos enfrenta una intensa lucha política con consecuencias potencialmente devastadoras para más de 24 millones de personas que dependen de los subsidios del Affordable Care Act (ACA), conocido comúnmente como "Obamacare". Los créditos fiscales especiales, implementados durante la pandemia de COVID-19 y extendidos en 2022, tienen fecha de expiración prevista para finales de diciembre, y sin un acuerdo en el Capitolio, millones podrían ver cómo sus primas se disparan de manera drástica.

¿Qué está en juego?

Los subsidios federales actuales en el marco del ACA han transformado el panorama del seguro de salud en EE. UU.:

24 millones de personas inscritas en planes de salud con subsidios.
Incrementos propuestos de hasta 50% en las primas de seguro si los créditos fiscales expiran.
Capacidad para que hogares de clase media accedan a seguros médicos, gracias a un tope de pago del 8.5% de sus ingresos.

David Merritt, vicepresidente senior de asuntos externos de Blue Cross Blue Shield, advirtió: “Es evidente para demócratas y republicanos que hay un aumento abrupto de primas en el horizonte. El Congreso tiene la oportunidad de evitar este problema.”

El dilema político: ¿extensión o rediseño?

La mayor traba no es la existencia del subsidio, sino las condiciones de su renovación. Aunque algunos republicanos, tradicionalmente opuestos al Obamacare, se han mostrado ahora dispuestos a aprobar una extensión, también buscan "revisar" el programa, lo que implica largas negociaciones y el riesgo de una reforma estructural que lleve meses. Por su parte, los demócratas son tajantes: no aceptarán cambios significativos al programa. Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, fue contundente: “En pocas semanas, millones empezarán a recibir cartas que les dicen que sus costos de seguro se dispararán: cientos, incluso miles de dólares más.”

Un posible cierre de gobierno como táctica de presión

Con el plazo para aprobar un nuevo presupuesto gubernamental acercándose al final del mes, los demócratas han declarado públicamente que no aprobarán una ley de gasto sin incluir la extensión de los créditos del ACA. Esto abre la posibilidad de un cierre del gobierno federal, algo que afectaría numerosos servicios y trabajos en todo el país. Mike Johnson, actual presidente de la Cámara Baja y republicano por Luisiana, reconoció que muchos de sus colegas se oponen a la extensión, aunque no la ha descartado por completo. Existen fisuras internas en el Partido Republicano, especialmente entre aquellos que enfrentan elecciones competitivas el próximo año.

Presión industrial y voces desde los estados

Los seguros y hospitales se han sumado a la presión. Entidades como Kaiser Permanente, UnitedHealth Group y otros gigantes han advertido que si los subsidios desaparecen, aumentarán dramáticamente sus precios para compensar la pérdida de clientes jóvenes y saludables, quienes probablemente dejen de pagar por cobertura si esta se vuelve demasiado costosa. Esto dejaría a las aseguradoras con una base de asegurados más envejecida y costosa, elevando aún más las primas. La situación no es nada hipotética: en Iowa, el comisionado estatal de seguros ya está revisando propuestas de aumentos entre el 3% y el 37%. Una residente, LuAnn, compartió su desesperación durante una audiencia pública: “Estoy viviendo tan frugalmente como puedo. Trabajo todas las horas que me permiten. Si los precios suben, tendré que salirme del plan.”

¿Un problema político o una bomba social?

Los incentivos fiscales del Obamacare no sólo han beneficiado a personas de bajos ingresos, sino que también han hecho más accesible la cobertura para la clase media y pequeños empresarios. Jen Kiggans, una representante republicana de Virginia y promotora de una ley bipartidista para extender los créditos un año más, lo expresó así: “Aunque el crédito fiscal mejorado creado durante la pandemia era temporal, no podemos dejarlo expirar sin un plan.” Ese tipo de iniciativas, sin embargo, sigue siendo minoritaria dentro del bloque republicano. Representantes como Ron Johnson (R-Wisconsin) argumentan que los subsidios “están costando miles de millones al gobierno” y que deben eliminarse ya. Jeannie Kiggans no está sola: 15 republicanos en distritos políticamente vulnerables se han unido al esfuerzo. Pero eso no es suficiente.

La opinión pública: ¿cambio de paradigma?

Históricamente, el ACA ha tenido amplia oposición en círculos conservadores. Pero desde la pandemia y la implementación de subsidios adicionales, su aceptación ha crecido. En encuestas recientes del Pew Research Center y Kaiser Family Foundation:

59% de los estadounidenses apoyan la Ley de Cuidado Asequible.
65% aprueba los subsidios adicionales incorporados durante la pandemia.
Casi 1 de cada 4 hogares ha usado el mercado del ACA al menos una vez.

Con este panorama, los aumentos en las primas podrían convertirse en un factor clave en las elecciones de medio término. Para los demócratas, se trataría de una traición a la clase trabajadora; para los republicanos, una prueba de fuego entre el discurso fiscal y la presión electoral.

Anticipando el impacto económico

El impacto de la desaparición de estos créditos va más allá de las finanzas personales. Expertos coinciden en que podría tener un efecto recesivo en varias regiones del país. Menos gasto en salud implica más deuda médica, más impago a hospitales y clínicas, cierres de centros rurales, e incluso aumento de mortalidad a largo plazo. Según análisis de Families USA, por cada 1 millón de personas que pierden cobertura médica hay más de 5,600 muertes adicionales al año. Con la potencial pérdida de acceso para millones si los subsidios terminan, el efecto podría ser devastador. Además, administradores hospitalarios han advertido del impacto en sus estructuras financieras, ya debilitadas por los recortes a Medicaid derivados del paquete fiscal promovido por Trump en 2017.

¿Y ahora qué?

El período de inscripción para planes de salud comienza el 1 de noviembre. Para entonces, millones ya habrán recibido cartas anunciando aumentos. Con las negociaciones estancadas y la presión en aumento, el Congreso tiene semanas para decidir entre extender las ayudas, rediseñarlas (lo cual tomaría meses), o dejarlas expirar por inacción. Con los cálculos electorales al rojo vivo y la salud de millones en la balanza, lo que se decide en los pasillos del Capitolio durante los próximos días podría definir no solo la política sanitaria, sino el futuro político de legisladores en ambas cámaras.
“El tiempo es esencial. No actuar afectará vidas reales de formas dramáticas”, concluyó la senadora demócrata Tammy Baldwin.