Trump, deportaciones y poder judicial: una jugada peligrosa contra los derechos humanos

Un nuevo capítulo en la saga migratoria: deportaciones bajo la lupa

Las tensiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos han resurgido con fuerza. En medio de una intensa vigilancia judicial y un creciente clima de tensión social, han salido a la luz nuevas maniobras por parte de la administración de Donald Trump —quien ya enfrenta múltiples controversias jurídicas— para desarrollar lo que muchos expertos califican como un “atajo ilegal” a las restricciones establecidas por el poder judicial federal.

El blanco: inmigrantes africanos cuyo traslado había sido bloqueado por tribunales estadounidenses debido al inminente riesgo de tortura o muerte en sus países de origen. La vía: hacer escala en Ghana, un país dispuesto a recibirlos... y posiblemente transferirlos después.

El “end run”: un intento de esquivar a los tribunales

La jueza federal Tanya Chutkan levantó serias alarmas al acusar a la administración Trump de orquestar una estrategia destinada a violar órdenes judiciales al realizar deportaciones indirectas.

En particular, el caso de un inmigrante enviado primero a Ghana y luego deportado a Gambia —a pesar de la prohibición expresa de hacerlo— ha encendido las alertas. El abogado Lee Gelernt, de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), lo comparó con el caso de Kilmar Abrego Garcia, deportado erróneamente a El Salvador en 2019.

“Esto parece un plan específico para evadir estas obligaciones”, declaró Chutkan en una audiencia de urgencia, y exigió al gobierno federal una declaración detallada antes de las 9 p.m. del mismo día sobre cómo estaba evitando nuevas deportaciones irregulares desde Ghana.

La historia se repite: Abrego Garcia y los errores irreparables

El antecedente más cercano, mencionado por Gelernt, es el caso de Abrego Garcia, deportado erróneamente a El Salvador pese a una orden judicial que prohibía tal medida. Años después, terminado el proceso judicial, logró regresar a Estados Unidos, donde enfrenta actualmente cargos por trata de personas. A pesar de ello, el caso sentó un precedente incómodo: la imposibilidad de revertir ciertas expulsiones indebidas, incluso cuando son error del Estado.

Chicago: agresión, muerte y miedo entre la comunidad latina

Mientras tanto, las calles de Chicago se han convertido en otro frente de conflicto. Un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) disparó y mató a un hombre latino durante un intento de detención. Según las autoridades, el sujeto trató de escapar arrastrando con su coche a un oficial.

La víctima, Silverio Villegas-González, murió en el hospital. Simultáneamente, Willian Giménez, otro inmigrante, fue detenido al ser interceptado conduciendo por el barrio de Little Village. Su abogado cree que fue una represalia por haber demandado a autoridades locales por el trato a trabajadores inmigrantes en una tienda de Home Depot.

Críticas feroces desde el Congreso

El congresista Jesús “Chuy” García y la representante Delia Ramírez condenaron lo ocurrido. Durante una conferencia de prensa celebrada frente a una instalación de ICE, García se preguntó: “Si ICE puede matar a un vecino a plena luz del día, ¿qué los detiene de hacer lo mismo con cualquiera de nosotros?”

Ramírez, por su parte, exigió una investigación federal sobre la muerte de Villegas-González y llamó a la unidad de la comunidad latina antes de una fecha crucial: el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, una ocasión que podría verse empañada por operativos de gran escala y excesos represivos.

Operación “Midway Blitz”: asedio a las ciudades santuario

Las acciones recientes forman parte de una campaña más amplia denominada “Midway Blitz”, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y apuntando especialmente contra ciudades santuario como Chicago. Según el DHS: “Esta operación apuntará a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que se han amparado en las leyes santuario del estado de Illinois”.

El gobernador demócrata J.B. Pritzker, opuesto a este tipo de políticas, ha sido blanco frecuente de críticas por parte de Trump y sus aliados.

Batalla por la Reserva Federal: Lisa Cook y el riesgo de perder la independencia monetaria

En un frente distinto pero igualmente trascendente, la administración Trump ha intentado destituir a Lisa Cook de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. El argumento: presuntas irregularidades hipotecarias cometidas en 2021, antes de asumir su puesto.

Cook ha negado rotundamente las acusaciones y ha iniciado acciones legales. Un tribunal federal ya falló en su favor, recordando que los gobernadores de la Fed “solo pueden ser removidos por causa”, y que esas causas deben estar vinculadas al ejercicio del cargo, lo cual no aplica en este caso.

No obstante, Trump y su equipo han interpuesto una apelación de emergencia con el objetivo de destituirla antes de que participe en la reunión crítica sobre las tasas de interés que se celebrará esta semana.

¿Por qué importa esto? La autonomía del Banco Central en juego

De acuerdo con la propia defensa de Cook en el tribunal de apelaciones: “Esta sería la primera vez que el sistema judicial permitiría debilitar la independencia de la Fed, estableciendo un precedente muy peligroso”.

Muchos economistas, incluyendo antiguos directores de la Reserva Federal, han alertado previamente que el Banco Central no puede estar supeditado a decisiones o caprichos ejecutivos, ya que su independencia es la piedra angular de una política monetaria responsable. La crisis de inflación acelerada entre 2021–2023 aún persiste en la memoria colectiva.

Trump, sin embargo, ha presionado de forma reiterada para que las tasas de interés se reduzcan, buscando estimular la economía de cara a las elecciones presidenciales. Hasta ahora, la Fed las ha mantenido estables alrededor del 4.35% y una reducción —probablemente de 0.25 puntos porcentuales— se perfila en el corto plazo.

Uniendo los puntos: una agenda de control y coacción

Tanto las acusaciones de deportaciones indebidas como la ofensiva contra Cook apuntan a una estrategia más amplia: una campaña para minar los frenos y contrapesos institucionales que han sostenido la democracia estadounidense durante décadas.

No se trata solo de decisiones puntuales, sino de todo un patrón de comportamiento: deslegitimar a los jueces, atacar a gobernadores opositores, presionar a órganos independientes como la Fed, y criminalizar el activismo inmigrante.

El mensaje implícito es potente: si tienes una voz crítica o representas un sector vulnerable, puedes ser blanco de vigilancia, represalia o incluso violencia institucional.

Una ciudadanía vigilante, una democracia intacta

Frente a este panorama convulso, se impone una tarea colectiva: defender el estado de derecho, exigiendo rendición de cuentas a toda figura de poder, sin importar su investidura.

Las historias de Silverio Villegas-González, Willian Giménez, Kilmar Abrego Garcia y Lisa Cook son piezas de un rompecabezas que muestra lo que está en juego: el alma constitucional de Estados Unidos.

Como advirtió la jueza Chutkan: “No me digan que no tienen control sobre Ghana. Sé que eso no es cierto.” En esa frase se condensa una verdad más grande: nada justifica ceder ante la pasividad o la complicidad cuando se violan derechos humanos.