Víctima o delincuente: el caso que desnuda la nueva política migratoria en EE.UU.

Felipe de Jesús Hernández Marcelo: de víctima de bala a detenido por ICE

Felipe de Jesús Hernández Marcelo tenía todo para ser considerado un ejemplo de superación. Inmigrante mexicano, padre dedicado, trabajador de la construcción y residente durante más de cuatro años en Muscatine, Iowa. Sin historial criminal serio. Pero el 21 de junio, su vida cambió drásticamente cuando una bala atravesó su brazo y pierna en un intento de robo. Lo que debería haber sido el inicio de un proceso de recuperación y justicia, se transformó en una pesadilla migratoria.

Tras el ataque, Hernández logró sobrevivir y, días después, acudió a la estación de policía para recuperar su automóvil y $462 dólares en efectivo que habían sido retenidos como evidencia. Sin que lo supiera, ese sería el último día que disfrutaría de libertad en Estados Unidos.

Un clima migratorio hostil

El caso de Felipe no es único. Desde que comenzó la segunda administración de Donald Trump en 2025, su promesa de ejecutar una “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias ha dado paso a una serie de políticas que han cambiado drásticamente el panorama.

En enero, ICE revocó una política de la era Biden que protegía de la detención a inmigrantes víctimas de delitos violentos o de trata. También dejó de considerar las solicitudes pendientes de visas U y T —visas humanitarias destinadas precisamente a esas víctimas— como un motivo para frenar su detención o deportación.

“Este tipo de situaciones se han convertido en la nueva normalidad”, señala Dan Kowalski, abogado retirado y experto en leyes migratorias. “Cualquier interacción con autoridad, sin importar si es civil o criminal, puede desembocar en detención por ICE”.

El crimen que casi le cuesta la vida

A las 4 a.m. de ese 21 de junio, Hernández clamó por ayuda mientras sangraba profusamente dentro de su Volkswagen Jetta. Testigos pensaron que había sido apuñalado. La pronta respuesta policial le salvó la vida: fue trasladado de urgencia al hospital local y luego al hospital de la Universidad de Iowa, donde le practicaron cirugía, transfusiones de sangre y extrajeron fragmentos de bala y hueso.

La factura médica ascendió a más de $27,000 dólares. Todo mientras Hernández permanecía sin poder trabajar, pagar cuentas ni asistir a sus citas médicas de seguimiento.

Del hospital a una celda de ICE

Pero lo más cruel llegó días después. Cuando fue a pedir la devolución de sus pertenencias, fue arrestado por una orden judicial de siete meses de antigüedad, debido a una multa de tráfico impaga. La policía local lo entregó a ICE, que lo recluyó en una cárcel que también funciona como centro de detención migratoria.

Felipe pasó varias semanas en confinamiento solitario y sin acceso a sus medicamentos. Testificó ante una jueza federal que estuvo cinco días sin medicinas, con dolor insoportable, y que casi no ha podido hablar con su hijo de 9 años.

“Me siento como si me hubieran quitado todo. Me han separado de mi hijo, no puedo sanarme, no puedo trabajar”, comentó.

¿Un sistema que castiga a las víctimas?

La experiencia de Hernández pone en tela de juicio el nuevo enfoque de la política migratoria. De hecho, su caso cumple con los requisitos para solicitar una visa U, diseñada específicamente para víctimas que colaboran con las investigaciones criminales. Sin embargo, el fiscal del condado aún no ha certificado su elegibilidad, un requisito indispensable para iniciar el trámite.

Mientras tanto, Hernández permanece encerrado, con la salud deteriorada y sin opción de pagar una fianza. En julio, un juez migratorio determinó que estaba sujeto a “detención obligatoria”, política derivada de los nuevos lineamientos de ICE tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Aunque la Junta de Apelaciones en Inmigración avaló esta interpretación, varios tribunales federales la han declarado inconstitucional. Entre ellos, la jueza federal Rebecca Goodgame Ebinger, quien el 10 de septiembre dictaminó que la detención indefinida de Hernández era ilegal y ordenó una audiencia de fianza en siete días.

El miedo como arma de disuasión

El efecto dominó de esta política va mucho más allá de Hernández. La desconfianza entre inmigrantes indocumentados para reportar crímenes a la policía ha aumentado considerablemente.

“Estoy viendo cómo el miedo impide que las víctimas colaboren con las investigaciones. Tienen miedo de ser arrestadas por ICE aún cuando acuden como testigos”, afirma Bethany Hoffmann, abogada inmigratoria con 17 años de experiencia. Relató el caso de un cliente arrestado cuando acudió a una cita para ser fichado como parte del proceso de la visa U de su esposa, víctima de secuestro.

Como resultado de este giro en la política migratoria, durante el primer trimestre del año, las solicitudes de visas U cayeron en casi un 50%. Las cifras provienen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).

¿Cuál es el objetivo real?

El endurecimiento de las políticas tiene como trasfondo una narrativa impulsada por sectores conservadores que consideran que ser víctima de un crimen no debería ser razón para permanecer en el país si se está fuera de estatus migratorio. ICE, bajo estos lineamientos, no tiene obligación de identificar proactivamente si un detenido ha sido víctima de delitos.

Además, ahora pueden detener incluso a portadores actuales de visas U y T, siempre que verifiquen con fuerzas policiales locales que no se comprometa una investigación. El proceso pierde así su dimensión humanitaria original.

Una justicia selectiva

En medio de este contexto, los verdaderos responsables del asalto a Hernández fueron finalmente detenidos semanas después del tiroteo. La investigación reveló que fue víctima de una emboscada planificada por una joven de 20 años, Kimber Kallenberger, y su novio Justin Bass, quienes utilizaron una propuesta falsa de sexo a cambio de dinero como cebo.

Bass, de 18 años, terminó disparando a Hernández. Fue arrestado tras una sobredosis de drogas. Kallenberger se declaró culpable de conspiración y podría evitar la cárcel mediante un acuerdo judicial. Bass enfrenta cargos de robo en primer grado y otros delitos graves.

Paradójicamente, mientras los agresores avanzan en su proceso penal, la víctima sigue encerrada sin acceso pleno a cuidados médicos, rehabilitación o comunicación con su familia.

Una política con efectos colaterales

No se puede ignorar el componente humano detrás de estas políticas. Hernández no solo es una víctima abandonada por el sistema, sino también un símbolo del descalabro migratorio: una política que no distingue entre agresor y damnificado, y que erosiona el tejido básico de justicia y derechos humanos.

Su madre, Guadalupe, expresó con dolor: “Siento que lo que le están haciendo a mi hijo es muy injusto. Nos sentimos todos separados y amedrentados”.

Mientras tanto, miles de inmigrantes en situación similar viven con el temor de que una simple llamada al 911 puede marcar el inicio de su detención y eventual deportación.

“Vengo de un país donde el poder se usa para hacer daño. No quiero que eso ocurra aquí”, dijo Felipe al final de su audiencia, con un mensaje que resuena más allá del tribunal.