¿Está en peligro la pena de muerte en Estados Unidos? El caso de Michael Addison reabre el debate

Michael Addison, el único preso condenado a muerte en New Hampshire, ha vuelto a ser el centro de atención tras la decisión inusual del Tribunal Supremo del estado de revisar su sentencia. La resolución sorprende por dos razones principales: primero, por tratarse de una causa casi cerrada durante más de una década; segundo, porque coincide con la abolición legal de la pena de muerte en el estado en 2019, lo cual podría tener repercusiones retroactivas, aunque en principio no debiera ser así.

¿Quién es Michael Addison y qué hizo?

El caso se remonta a octubre de 2006, cuando Addison, entonces de 26 años, disparó mortalmente al oficial Michael Briggs de la policía de Manchester, durante una intervención por un incidente de violencia doméstica. Según los informes policiales, Briggs pidió a Addison que se detuviera; este respondió con un disparo a quemarropa para luego huir a Massachusetts, donde fue arrestado horas más tarde. En 2008 fue condenado por asesinato capital, siendo la primera —y hasta la fecha única— aplicación de la pena de muerte en el estado desde 1939.

El crimen provocó una enorme reacción pública en New Hampshire. Políticos como Kelly Ayotte, entonces Fiscal General del estado y actualmente gobernadora republicana, construyeron parte de su carrera sobre este caso. En su campaña incluso destacó con orgullo el haber "puesto a un asesino de policías en el corredor de la muerte".

La abolición de la pena capital en New Hampshire y sus ambigüedades

En 2019, New Hampshire se convirtió en el 21º estado en abolir la pena de muerte. Fue una votación ajustada que contó con la presión de varios organismos civiles, pero también con la resistencia de sectores policiales y familiares de víctimas como la de Briggs. A pesar de que la ley incluía una cláusula que impide aplicar la derogación retroactivamente, no pocos abogados advirtieron desde entonces que los tribunales podrían interpretar lo contrario al paso del tiempo.

Ese tiempo ha llegado. La decisión del Tribunal Supremo estatal de revisar el caso abre la posibilidad de que Addison pueda recibir una conmutación de su sentencia a cadena perpetua. No es una garantía, pero sí una grieta importante frente a la rigidez que hasta ahora había caracterizado este caso en la justicia local.

La muerte de un símbolo o el triunfo del debido proceso

Michael Briggs no fue simplemente un policía asesinado; fue convertido en un símil de mártir para sectores políticos que querían defender la pena de muerte. Dicho símbolo justificó leyes, elecciones y discursos punitivistas durante años. En ese sentido, una posible conmutación para Addison no solo reabriría heridas, sino que desdibujaría todo ese imaginario.

Para algunos, permitir la revisión es “una traición” a la memoria de Briggs. Pero desde otra perspectiva, concede a un reo algo que la Constitución debería garantizar siempre: la posibilidad real de apelar, sobre todo cuando el contexto legal del país ha cambiado.

La pena de muerte en EE.UU.: entre historia, política y moral

La situación de Addison no se da en un vacío. Estados Unidos tiene una relación compleja con la pena de muerte. Según el Death Penalty Information Center, a fecha de hoy:

• 23 estados han abolido formalmente la pena de muerte.
• 4 estados adicionales tienen una moratoria declarada por el gobernador.
• 27 estados aún permiten legalmente la pena capital.

A nivel nacional, las cifras de ejecuciones también están en franco retroceso:

• En 1999, se registraron 98 ejecuciones en EE.UU.
• Para 2023, la cifra fue de apenas 18.

El descenso se debe a múltiples factores: fallos judiciales en condenas erróneas (más de 190 casos desde 1973), presión internacional por parte de organismos de derechos humanos, y evidencia del alto coste económico que implica mantener el sistema de pena de muerte. Se estima que una sentencia de muerte puede costar entre $1 y $3 millones más que una cadena perpetua.

¿Qué sigue para Michael Addison?

El proceso judicial todavía está en fase de apelación. Su defensa trata de convencer al alto tribunal de que, al haber sido derogada la pena de muerte, mantener esa condena sobre él constituye una acción arbitraria e inconstitucional. Alegan además que otras figuras con sentencias similares en diferentes estados han logrado conmutaciones.

Lo cierto es que New Hampshire, al no haber ejecutado a nadie desde 1939, se enfrenta a la contradicción de tener vigente una condena que el mismo estado ya ha descartado de facto al eliminar su base legal.

El impacto más allá de un solo hombre

Este caso servirá como precedente jurídico no solo para New Hampshire, sino también en la conversación nacional. Si el tribunal opta por conmutar la pena, se abrirá una caja de pandora en aquellos estados que han abolido la pena pero no han aplicado la medida retroactivamente. Casos congelados en las cortes podrían revivir.

También reaviva una discusión social importante: ¿qué significan venganza y justicia en pleno siglo XXI? ¿Debe una sociedad justa —incluso frente a delitos atroces— seguir validando la ejecución como castigo? ¿O es más justo, aunque más difícil, optar por el camino del castigo pero sin muerte?

Entre la política y la ética: candidatos como Wiley Nickel retoman el debate

El debate sobre el sistema de justicia penal y la pena de muerte también se refleja en movimientos políticos recientes. Un ejemplo es Wiley Nickel, ex congresista demócrata que ahora se postula como fiscal del condado de Wake, Carolina del Norte. Nickel propone una visión del sistema penal más centrada en la prevención y la rendición de cuentas que en el castigo extremo, reflejando un cambio cultural que empieza a influir en los votantes.

“Queremos un sistema más justo, más enfocado en la seguridad pública real”, dijo en su anuncio para la fiscalía. En estados donde la población ha comenzado a rechazar la pena capital, estos mensajes encuentran cada vez mayor eco.

New Hampshire como símbolo de transición

Durante años, New Hampshire fue una anomalía: conservador en derecho penal pero reacio a ejecutar. Addison es la prueba viviente de ese híbrido. Lo retuvieron bajo una pena que nunca se ejecutó, y ahora podría no solo sobrevivirla, sino convertirse, paradójicamente, en el símbolo del cambio que su misma condena ayudó a cristalizar.

Aunque la batalla legal está lejos de terminar, el simple hecho de que su sentencia vuelva a estar en discusión ya es, en sí mismo, un diagnóstico poderoso del cambio lento pero constante que atraviesa el sistema penal estadounidense.