¿Protección o intromisión? La batalla entre el DOJ y los estados por los datos de votantes

Una polémica federal en tiempos de tensión electoral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha sacudido el escenario político al presentar demandas contra los estados de Oregón y Maine por su negativa a entregar listas completas de votantes registrados. Este hecho marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el poder federal y los estados justo cuando el país se encuentra inmerso en un clima electoral cada vez más polarizado.

Según lo declarado por el DOJ, dichos estados estarían violando la National Voter Registration Act (NVRA) de 1993, también conocida como la “Motor Voter Law”, al no proporcionar copias electrónicas detalladas de sus registros, incluyendo datos de votantes potencialmente inelegibles y los métodos usados para el mantenimiento de estos listados.

¿Qué exige el Departamento de Justicia?

El gobierno federal ha solicitado datos detallados con información personal sensible como nombres, fechas de nacimiento, domicilios y, en algunos casos, números parciales de seguridad social o licencias de conducir. Más allá de Oregón y Maine, al menos 26 estados han recibido solicitudes similares desde principios de año.

En palabras de la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon del DOJ:

“Los estados no pueden escoger qué leyes federales van a cumplir. Las leyes de votación existen para garantizar el acceso equitativo de todos los ciudadanos estadounidenses a las elecciones federales”.

Sin embargo, los portavoces de las oficinas de los secretarios de estado en Oregón y Maine dicen no haber sido notificados oficialmente sobre la querella legal al momento de la publicación del comunicado de prensa.

El argumento de los estados: privacidad frente a poder federal

Los líderes estatales han respondido con firmeza. Shenna Bellows, Secretaria de Estado de Maine, sostuvo:

“Maine tiene algunas de las mejores elecciones del país. Es absurdo que el DOJ nos señale mientras secretarios republicanos y demócratas en todo el país batallan contra este abuso de poder”.

Mientras tanto, su homólogo Tobias Read en Oregón, también rechazó las acciones del DOJ, calificándolas de motivadas políticamente:

“Si el presidente quiere usar al Departamento de Justicia para atacar a sus oponentes políticos y socavar nuestras elecciones, nos veremos en los tribunales. Defenderé los derechos y la privacidad de los oregonianos”.

Un debate complejo: ¿transparencia o vigilancia?

Desde el punto de vista del DOJ, el acceso total a las listas permitiría asegurar que las leyes federales, especialmente aquellas que previenen la discriminación y garantizan la accesibilidad al voto, se estén cumpliendo correctamente. De hecho, argumentan que sin esos datos, es imposible detectar registros erróneos, ciudadanos fallecidos aún registrados o casos de doble votación.

Por el contrario, defensores de la privacidad y autoridades estatales advierten de un precedente peligroso: el uso político o ideológico de información privada, especialmente en un contexto donde voces conservadoras (incluido el expresidente Donald Trump) han expresado inquietudes —sin pruebas sólidas— sobre el supuesto fraude electoral.

Recordemos que la Constitución delega a los estados y al Congreso el poder de organizar elecciones. El Federal Election Commission Act y otras leyes federales establecen límites claros a las competencias del ejecutivo federal respecto al manejo electoral.

¿Qué es la National Voter Registration Act?

Promulgada en 1993, la NVRA exige que los estados:

• Permitan a los ciudadanos registrarse para votar en oficinas del DMV (licencias de conducir) y otras agencias públicas.
• Mantengan listas precisas de votantes, eliminando registros inválidos bajo pautas estrictas.
• Hagan disponible al público ciertos datos sobre el mantenimiento de estos listados.

El DOJ argumenta que la negativa de Maine y Oregon viola este tercer punto. Sin embargo, los estados insisten en que sus leyes locales no permiten divulgar información personalmente identificable sin una justificación legal clara y protección suficiente.

Precedentes y roces similares

Esta no es la primera vez que un conflicto sobre datos de votantes genera controversia en EE.UU. En 2017, la Comisión para la Integridad Electoral creada por Trump fue ampliamente criticada por solicitar información detallada de los votantes a todos los estados, incluida la filiación partidaria. Más de 44 estados se negaron.

Expertos como Stephen Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Texas, advierten del riesgo de que estas acciones senten bases para un control centralizado de las elecciones:

“Las elecciones son descentralizadas por diseño. El DOJ pidiendo detalles como números de seguridad social de votantes es problemático en muchos niveles”.

Preocupaciones en torno a discriminación y represalias

Activistas de derechos civiles han manifestado inquietudes de que el acceso irrestricto a estos datos podría utilizarse para marginar a votantes de minorías o someter a escrutinio a ciertos grupos de forma selectiva. Organizaciones como el Brennan Center for Justice han señalado que:

“Solicitudes como estas a menudo son las primeras maniobras para luego depurar de forma agresiva los padrones, especialmente en comunidades vulnerables o que votan abrumadoramente por un partido específico”.

Datos sensibles vs. seguridad electoral

Una de las grandes inquietudes es qué uso se dará a estos datos. Mientras el DOJ sostiene que serían usados exclusivamente para investigar cumplimiento de leyes electorales, la historia reciente genera desconfianza.

Luego de las elecciones de 2020, múltiples agencias federales y fiscales estatales invalidaron teorías de fraude masivo, pero el discurso promovido desde ciertos sectores erosionó la confianza en las instituciones. Que ahora se pidan estos datos reaviva esas alarmas.

La respuesta de otros estados

Además de Oregon y Maine, estados como California y Minnesota ya han recibido amenazas similares de litigios si no cumplen con la entrega solicitada. Algunos han respondido con versiones censuradas de listas públicas, pero el DOJ exige información completa.

Este pulso entre estados y el gobierno federal parece destinado a escalar y podría llegar hasta la Corte Suprema. El caso también redefine la discusión sobre privacidad individual en tiempos de creciente digitalización y polarización política.

Implicaciones a corto y largo plazo

El caso no solo afecta a los estados demandados. Si los tribunales favorecen al DOJ, se abriría la puerta para solicitudes similares en todo el país. Si fallan a favor de los estados, se fortalecería la autonomía estatal frente al poder federal en materia electoral.

Pero más allá de lo legal, hay una pregunta central: ¿debería el gobierno federal tener acceso irrestricto a los datos personales de cada votante registrado en nombre de la seguridad electoral?

Las próximas decisiones en los tribunales no sólo afectarán el actual ciclo electoral, sino que podrían definir el rumbo del equilibrio de poder entre Washington y los estados por generaciones.

Una cosa es clara: tras décadas de avances hacia la protección del derecho al voto, el reloj parece estar regresando a debates fundacionales sobre quién tiene el control real sobre la democracia estadounidense.