¿Se avecina una nueva 'Guerra contra el Terrorismo'... doméstica?

Contexto: La muerte que agitó el avispero

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk no solo conmocionó a la derecha estadounidense, sino que ha devenido en una nueva cruzada política liderada por el expresidente Donald Trump. En medio del duelo y la indignación, la administración ha lanzado una serie de propuestas que podrían representar el mayor desafío a la libertad de expresión en décadas, todo bajo la bandera de un combate al extremismo izquierdista.

El gobierno de Trump alega que las mismas organizaciones progresistas que se han opuesto ferozmente a su agenda están fomentando indirectamente la violencia política. Aunque hasta el momento no existe evidencia concreta que vincule el asesinato de Kirk con ninguna organización liberal, se está intentando aprovechar el contexto para declarar a ciertos grupos como terroristas domésticos, retirar beneficios fiscales a fundaciones progresistas e iniciar investigaciones por presunta asociación ilícita.

La narrativa oficial vs. la sospecha ciudadana

Desde que Trump dejó la Casa Blanca y emprendió su campaña de regreso, su discurso ha girado en torno a la idea de la retribución. En este contexto, el asesinato de Charlie Kirk se presenta como una oportunidad para consolidar esa narrativa. "La izquierda radical ha hecho un daño tremendo al país", declaró Trump en una comparecencia reciente. "Pero lo estamos reparando".

Lo preocupante no es solo la falta de relación entre el sospechoso del crimen y los movimientos progresistas señalados por el gobierno, sino la contundencia con la que altos funcionarios —incluidos Stephen Miller y el fiscal general Pam Bondi— lanzan acusaciones sin respaldo judicial. Miller incluso llegó a decir que "existió una campaña organizada que llevó a este asesinato" y que usarían "todos los recursos para desmantelar estas redes terroristas".

¿Quiénes están en la mira?

Entre los blancos más visibles de estas acusaciones destacan:

• Indivisible: una red progresista con amplio alcance nacional, acusada de financiar protestas contra el gobierno de Trump, incluyendo acciones en concesionarios de Tesla.
• Open Society Foundations: fundación del multimillonario George Soros, historiadamente demonizado por la derecha como símbolo del "globalismo antinacionalista".
• ActBlue: plataforma de recaudación de fondos que ha respaldado numerosas campañas demócratas.

Estas organizaciones han negado de forma categórica cualquier vinculación con actos de violencia. "La violencia política es un cáncer para la democracia", declaró Ezra Levin, codirector de Indivisible. "Y nuestra propia organización ha estado bajo amenaza por parte de extremistas de derecha durante todo el año".

El ataque a la estructura legal: terrorismo y RICO

Trump y su base están presionando para que se apliquen leyes diseñadas originalmente para combatir al crimen organizado —como la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)— contra organizaciones progresistas. El senador republicano Ted Cruz ha propuesto expandir la aplicación de esta ley a organizaciones que supuestamente fomenten protestas violentas.

De igual forma, el congresista Chip Roy, también de Texas, quiere crear un comité especial en la Cámara de Representantes para investigar el financiamiento de ONGs, alegando que "hay que seguir el rastro del dinero". En paralelo, hay intentos por revocar el estatus de exención fiscal de fundaciones liberales, un paso que significaría su virtual neutralización financiera.

El efecto en las ONGs y la sociedad civil

Ante esta amenaza, organizaciones sin fines de lucro están contratando abogados a contrarreloj y fortaleciendo la seguridad de sus oficinas y empleados. "Está claro que hay un esfuerzo por convertir el dolor y la indignación en herramientas de control político", dijo Lisa Gilbert, copresidenta del grupo vigilante Public Citizen. "Quienes temen represalias están tomando medidas para protegerse en este nuevo y hostil entorno".

No se trata solo de ataques simbólicos. Desde que comenzó esta nueva cruzada del Trumpismo, han surgido reportes de amenazas contra trabajadores, activistas y periodistas vinculados a causas progresistas. Las consecuencias podrían extenderse al panorama electoral de las legislativas, ya que muchas de estas ONGs son pilares fundamentales del activismo de base demócrata.

El contexto internacional: Rusia, China e Irán al acecho

El asesinato de Kirk no solo ha provocado reacciones dentro del país. Según expertos del Institute for Strategic Dialogue, potencias extranjeras como Rusia, China e Irán han comenzado a usar la tragedia para sembrar cizaña.

“Vimos múltiples campañas rusas que intentan explotar el asesinato de Kirk”, señaló Joseph Bodnar, analista de ISD. Rusia ha reciclado teorías conspirativas nacidas en redes sociales estadounidenses para amplificarlas en ecosistemas digitales internacionales. Titulares como “¿Fue el asesino de Charlie Kirk un profesional?” han circulado en medios rusos de habla inglesa.

China, por su parte, ha difundido en plataformas como Weibo y TikTok relatos que retratan a EE.UU. como un país caótico, violento y cercano al colapso. Irán ha optado por un ángulo antisemita, sugiriendo que “Israel orquestó el asesinato” y que el presunto asesino fue manipulado por “poderes ocultos”.

Redes sociales: el campo de batalla digital

Los llamados al castigo se han viralizado. El Center for Countering Digital Hate afirma que los llamados a la violencia tras el asesinato se han reproducido más de 43 millones de veces en la plataforma X (antes Twitter). Esta escalada ha sido potenciada no solo por actores extranjeros, sino por figuras como la activista de extrema derecha Laura Loomer, quien declaró: “Quiero que Trump sea el ‘dictador’ que la izquierda dice que es”.

El propio Trump ha contribuido a esta narrativa al calificar a los responsables del asalto al Capitolio del 6 de enero como “patriotas” y “rehenes”. Y no mostró empatía alguna cuando le preguntaron sobre el asesinato reciente de la legisladora demócrata Melissa Hortman. Su respuesta: “No estoy familiarizado con ese caso”.

La doble vara es evidente. La violencia de izquierda se convierte en amenaza existencial y motivación de políticas draconianas, mientras que la extrema derecha recibe indulgencia, incluso respaldo.

El dilema de la Primera Enmienda

Las implicaciones de esta estrategia van más allá de las tácticas políticas. Algunos de los castigos propuestos por la administración —como perseguir a organizaciones por "discurso de odio"— rozan peligrosamente los límites de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege incluso el discurso más ofensivo mientras no implique amenazas directas o actos criminales.

Cuando Bondi, la fiscal general, fue preguntada sobre si se perseguirá a ciudadanos por discursos considerados como “de odio”, su respuesta fue tajante: "Si estás incitando a la violencia con palabras de odio, sí, vamos a por ti". Esto provocó una avalancha de críticas desde diversos sectores ideológicos, preocupados no por proteger discursos violentos sino por proteger el derecho constitucional a disentir.

¿Hacia dónde va Estados Unidos?

Lo que en principio parecía un intento por hacer justicia ante un crimen repudiable, se ha convertido en una plataforma de persecución con tintes autoritarios. Grupos activistas, intelectuales y legisladores demócratas ven en este momento una amenaza real al equilibrio democrático del país.

El senador Chris Murphy (Demócrata, Connecticut) fue contundente al señalar: "El asesinato de Charlie Kirk podría haber unido a los estadounidenses contra la violencia política. En cambio, Trump y sus radicales antidemocráticos están preparando una campaña para destruir la disidencia".

¿Será esta la nueva 'Guerra contra el Terrorismo', pero dirigida puertas adentro y con fines ideológicos? Decenas de ONGs, periodistas, activistas y ciudadanos comunes golpean las puertas de la democracia con esa misma pregunta. La historia juzgará si este episodio fue un bache pasajero o el comienzo de una era oscura en la política estadounidense.