La estrategia de Trump bajo la lupa: detenciones masivas, cargos caídos y un sistema judicial colapsado

Un operativo sin precedentes y un sistema saturado de caos

En agosto, el expresidente Donald Trump lanzó una ofensiva de seguridad nacional que prometía devolver la “ley y el orden” a Washington D.C. en treinta días. Con más de 2,000 arrestos desde el despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales, la iniciativa parecía, en el papel, un avance considerable hacia la seguridad nacional. Pero detrás del aparente éxito, se esconde una serie de inquietudes jurídicas y constitucionales que hoy protagonizan el debate entre jueces, fiscales y defensores de derechos civiles.

Más arrestos, menos casos sólidos

Desde el inicio del operativo, al menos 52 personas han sido acusadas en tribunales federales por delitos relacionados con la surge (nombre en clave dado al operativo). No obstante, más del 20% de esos casos —11 hasta ahora— han sido desestimados por falta de pruebas convincentes o tras una reevaluación de las evidencias. Esta tasa de desestimación es inusualmente alta para procesos federales y ha sido calificada como "preocupante" por diversos jueces.

El juez magistrado Matthew Sharbaugh, una de las autoridades principales que supervisa los casos iniciales, desestimó recientemente dos acusaciones de asalto grave. Al hacerlo, advirtió desde el estrado que "no es así como se supone que debe funcionar el sistema" y que esta práctica mal gestionada tiene “consecuencias reales”.

¿Juicios como espectáculo político?

Los fiscales de la oficina de la procuradora general Jeanine Pirro —nombrada por Trump en mayo— han sido repetidamente criticados por presentar cargos sin la debida investigación previa. En palabras del juez Zia Faruqui, la fiscalía ha "dañado la reputación de su oficina al manejar esta avalancha de casos con evidente imprudencia."

Uno de los casos más destacables involucra a Paul Nguyen, acusado de agredir a un agente federal. El caso fue retirado sin que se presentaran nuevos cargos. Nguyen dijo que le rompieron el brazo durante la detención y que pasó cinco noches en la cárcel. “Fue la experiencia más aterradora de mi vida”, declaró a la prensa.

Otro caso que se desvaneció implicaba a Scott Pichon, acusado inicialmente de escupir a soldados de la Guardia Nacional. El cargo fue rebajado a un delito menor y transferido al tribunal superior de D.C., encargado de delitos locales.

El papel silencioso de los jurados

Más allá de los jueces, los jurados federales también han mostrado escepticismo. En al menos seis casos diferentes, los jurados se han negado a emitir acusaciones formales, una respuesta inusualmente firme que revela la debilidad estructural del caso armado por la fiscalía.

Según Tim Lauer, portavoz de la oficina de Pirro, se han procesado más de 1,700 casos desde el inicio del operativo, y “cada proceso se evalúa de forma constante”. No obstante, la retórica del éxito contrasta con el creciente número de fallos judiciales, decisiones fiscales reversibles y acusaciones desestimadas.

¿Motivación real o campaña electoral velada?

Todo esto ocurre en un contexto en el que muchos acusan al expresidente Trump de utilizar el aparato de justicia como herramienta para reforzar su base política. La promesa de "tolerancia cero" se traduce en detenciones masivas que engrosan titulares, pero cuyos fundamentos jurídicos son frágiles.

Pirro, conocida por su pasado como comentarista en Fox News, también ha acusado a jueces como Faruqui de "contaminar sus fallos con política" y ha sugerido que los jurados que se negaron a imputar en casos de amenazas contra el propio Trump, también actúan con “motivación sesgada”. Todo esto ha contribuido a un clima de tensiones institucionales dentro del propio Departamento de Justicia.

La urgencia y las repercusiones en organismos judiciales

En un periodo de apenas un mes, cuatro jueces federales se han visto desbordados por el volumen de casos derivados del operativo. Las audiencias preliminares y las audiencias de detención preventiva consumen una notable cantidad de recursos, generando retrasos e incluso debilitando otros procesos judiciales no relacionados con la surge.

En palabras del juez Sharbaugh, “estamos ante un problema estructural que debe corregirse con urgencia”. Su colega Faruqui fue aún más lejos, indicando que la oficina de Pirro “rutinariamente mantiene innecesariamente a personas detenidas mientras deciden si presentar cargos” —lo que abre una grieta clara con los principios del debido proceso.

Mike Waltz y el costo de la inestabilidad institucional

En paralelo a la problemática judicial en expansión, la administración Trump también enfrenta desafíos diplomáticos debido a vacantes en puestos clave. Mike Waltz, exasesor de seguridad nacional, aún no ha sido confirmado como embajador ante las Naciones Unidas, a días de una cumbre global crítica.

Su nominación, estancada por obstrucciones demócratas, simboliza no solo el conflicto entre partidos, sino también un patrón de improvisación institucional en las designaciones del Ejecutivo. Waltz cargaba con un bochornoso antecedente: fue destituido tras compartir por error un chat privado con un periodista. Aunque él lo negó, el caso está siendo investigado por el Inspector General del Pentágono.

Una democracia en tensión: el peso de la política sobre la justicia

La estrategia judicial de Trump expone una peligrosa intersección entre política y justicia. Mientras la administración proclama resultados inmediatos en materia de seguridad, los tribunales y jurados están manifestando una creciente desconfianza. Todo ello apunta a una urgencia por revisar cómo se instrumentalizan las instituciones judiciales en nombre del orden público.

Como lo dijo recientemente el Senador Jim Risch: “El bloqueo de los demócratas a las nominaciones ejecutivas del presidente está afectando el papel de Estados Unidos en el extranjero”. Pero más allá de temas diplomáticos, el verdadero costo podría estar en casa: un sistema judicial saturado, decisiones cuestionables y el peligroso precedente de usar el aparato de justicia con fines más políticos que jurídicos.

Más que un operativo de seguridad, estamos viendo una prueba de resistencia de las instituciones democráticas estadounidenses, donde el equilibrio entre seguridad, justicia y libertad vuelve a estar bajo una presión histórica.