La justicia internacional bajo asedio: el Tribunal Penal Internacional frente a las sanciones y la política

El choque entre justicia internacional y geopolítica

El Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, fue fundado en 2002 con un objetivo crucial: juzgar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años, esta institución se ha convertido en blanco de presiones políticas sin precedentes, especialmente desde los Estados Unidos, un país que no es parte del Estatuto de Roma —el tratado que estableció el TPI—, pero que no ha dudado en ejercer influencia directa sobre su operación interna.

El detonante: Netanyahu y la ofensiva en Gaza

El momento de mayor tensión se desencadenó con la decisión del TPI de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de posibles crímenes de guerra por su rol en la ofensiva militar contra Hamas en la Franja de Gaza. Las acusaciones incluyen la restricción de ayuda humanitaria y ataques deliberados contra civiles.

Esta medida, sin precedentes en el caso de líderes de una democracia aliada de EE.UU., provocó una reacción furiosa del expresidente Donald Trump, quien impuso sanciones económicas y personales contra varios miembros del tribunal.

Sanciones al estilo de regímenes autoritarios

Lo que antes era una herramienta usada contra líderes corruptos y grupos extremistas, se volvió contra los defensores de la ley internacional. Las sanciones impuestas por la administración Trump fueron particularmente draconianas. Como señaló Brenda Hollis, exfiscal del TPI y exteniente coronel de la Fuerza Aérea de EE.UU., los fiscales afectados vieron congeladas sus cuentas bancarias, revocadas sus visas y hasta interrumpidas sus comunicaciones digitales.

“Microsoft incluso canceló el correo electrónico que usaba el fiscal principal del TPI, Karim Khan”, relató Hollis. Estas medidas no solo obstaculizaron el trabajo del tribunal, sino que pusieron en riesgo la seguridad física y profesional de su personal.

El efecto paralizante sobre las investigaciones

Aunque algunos fiscales lograron obtener licencias especiales de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) para continuar su labor sin violar las sanciones, estas autorizaciones tienen un ámbito de acción muy limitado y no se aplican a quienes trabajan directamente en las investigaciones sobre Israel ni Afganistán.

Eric Iverson, fiscal estadounidense del TPI, ganó una demanda contra el gobierno de Trump para poder seguir trabajando. Antes del fallo, ni siquiera podía ofrecer asesoramiento legal a sus superiores sin exponerse a consecuencias legales. “Ni funciones básicas de abogado podía desempeñar”, explicó su abogada, Allison Miller.

La respuesta institucional: ¿fue suficiente?

Las críticas no recaen solo sobre los gobiernos externos. Brenda Hollis también dirigió su inconformidad hacia el propio TPI durante la gestión de Karim Khan, acusándolo de no tomar medidas suficientes para proteger a su personal. Según ella, su predecesora, Fatou Bensouda, sí había creado estructuras internas para blindar a sus subordinados de represalias durante un episodio similar de sanciones.

Tal fue la preocupación que Hollis impulsó la creación de la Asociación de Fiscales de Derecho Penal Internacional, que actualmente cuenta con cerca de 100 miembros, la mayoría vinculados al TPI.

“Gaza es la tumba del derecho internacional”

Desde Palestina, los afectados también elevan su voz. Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos —una de las tres ONGs sancionadas por EE.UU. por colaborar con el TPI—, fue tajante: “Seguiremos esta lucha hasta el último aliento”.

Las ONG Al-Haq y el Centro Al Mezan también han sido señalados por “participar directamente en esfuerzos del TPI para investigar, arrestar o juzgar a ciudadanos israelíes”, según palabras del secretario de Estado conservador Marco Rubio.

“Sin rendición de cuentas, Gaza se convertirá en el cementerio del derecho internacional”, advirtió Sourani.

¿Por qué Estados Unidos teme al TPI?

La hostilidad de EE.UU. hacia el TPI tiene raíces profundas. Aunque fue uno de los promotores iniciales del tribunal durante la administración Clinton, el país nunca ratificó el tratado que lo establece. Durante el gobierno de George W. Bush, este repudió abiertamente al tribunal, preocupado por una posible injerencia en sus operaciones militares internacionales.

La principal crítica estadounidense es que el TPI podría limitar su soberanía. También ha denunciado sesgos políticos —especialmente contra sus aliados estratégicos— y falta de mecanismos de rendición de cuentas interna.

La paradoja: ¿selectividad o universalidad de la justicia?

El caso israelí puso en la mesa una cuestión esencial: ¿puede existir una justicia penal internacional legítima si algunos de los países más poderosos del mundo no aceptan su jurisdicción? ¿Acaso se puede hablar de crímenes de guerra y lesa humanidad con imparcialidad si las consecuencias dependen del poder político de los involucrados?

“En los rincones más oscuros de Internet, hasta la Oficina Oval, hay quienes eligen qué violencia condenar”, denunció el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en un discurso reciente, en alusión aparentemente directa al expresidente Trump.

Un sistema frágil, pero imprescindible

Mientras la polarización política aumenta y los ataques contra el TPI escalan, es necesario reflexionar sobre el rol de esta institución en un mundo plagado de conflictos en Ucrania, Sudan, Israel, Palestina, Myanmar y más. La justicia internacional no es perfecta, pero representa el único esfuerzo estructural, codificado y multilateral para enfrentar la impunidad a gran escala.

Como lo resumió el activista y abogado sudafricano George Bizos, quien defendió a Nelson Mandela: “Sin justicia, no puede haber paz. Pero sin instituciones independientes capaces de impartir justicia, tampoco puede haber esperanza”.

¿Hacia dónde vamos?

La pregunta real es si el mundo permitirá que esta institución colapse bajo la presión de las potencias, o si se fortalecerá con mecanismos que la hagan más legítima, transparente y universal. La batalla que enfrenta el TPI no es solo legal, sino profundamente moral.

Mientras tanto, fiscales como Eric Iverson, organizaciones como el Centro Palestino de Derechos Humanos, y ciudadanos de todo el mundo siguen luchando contra la marea, con la convicción de que la ley debe estar por encima de la política. Su valentía y tenacidad mantienen viva la esperanza de que, en algún momento, el principio de justicia prevalezca.

Como advierte la historia, cada retroceso de la justicia internacional ha costado miles de vidas. Preservarla y fortalecerla no es solo deber de los juristas; es responsabilidad de toda la humanidad.