Las líneas borrosas entre el ejército y la política migratoria de EE.UU.: una jugada peligrosa

La militarización silenciosa del sistema migratorio

La administración de Donald Trump ha sido conocida por forzar los límites del poder ejecutivo, y una de sus estrategias más controvertidas ha sido el uso del aparato militar en funciones tradicionalmente civiles. En este contexto, el envío de hasta 600 abogados militares para desempeñarse como jueces de inmigración temporales ha encendido las alarmas en el Congreso estadounidense, particularmente entre los senadores demócratas.

Este plan del Pentágono, aprobado por el entonces secretario de Defensa Pete Hegseth, encaja dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca tras el regreso de Trump al poder. Aunque el objetivo es aliviar un sistema colapsado, con una acumulación de más de 3.5 millones de casos pendientes en tribunales migratorios, críticos aseguran que el costo puede ser altísimo desde el punto de vista legal, ético y operativo.

Un choque institucional con historia

El uso del personal militar en tareas de aplicación de la ley no es nuevo, pero está fuertemente regulado en Estados Unidos por el Acta Posse Comitatus, una ley de 1878 que prohíbe al ejército desempeñar funciones de seguridad interna salvo en situaciones extraordinarias. Se trata de un principio fundacional de la democracia estadounidense: evitar que el poder militar interfiera en los asuntos internos del país.

En el pasado, esta disposición fue esencial para limitar abusos de poder. Por ejemplo, durante el escándalo de Watergate en los años 70, se plantearon preocupaciones similares cuando se discutió la posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas para sofocar protestas civiles.

“La preocupación no es menor. El hecho de que estos abogados militares pasen a estar bajo el mando del fiscal general y ejecuten decisiones administrativas dirigidas por este último representa claramente una función de aplicación de la ley”, indicaron los doce senadores demócratas del Comité de Servicios Armados del Senado en una carta pública.

El delicado equilibrio de la justicia militar

El cambio no solo compromete la neutralidad del sistema de justicia migratoria, sino que además pone en riesgo el ya frágil sistema de justicia militar. Apenas en 2022, el Congreso aprobó una profunda reforma del mismo creando Oficinas de Fiscales Especiales (OSTCs, en inglés), con la intención de mejorar la independencia en casos de delitos graves como la agresión sexual.

Desviar personal capacitado de estas tareas para ubicarlo en tribunales de inmigración podría desestabilizar los tímidos avances alcanzados tras décadas de presiones para reformar un sistema ampliamente criticado por su ineficacia y falta de transparencia. “Estos ajustes no pudieron llegar en peor momento”, señalaron los senadores, subrayando que esto afectará directamente la calidad y el tiempo de las cortes marciales.

Inmigración: entre prioridad política y riesgo institucional

El impulso de Trump para reestructurar el sistema migratorio ha tocado múltiples frentes: desde la política de tolerancia cero en la frontera que separó familias, hasta la reducción drástica del número de refugiados admitidos. La sobrecarga de los tribunales migratorios ha sido usada por la administración republicana como argumento para justificar medidas excepcionales, pero los críticos afirman que esta narrativa esconde una estrategia más ambiciosa: utilizar todas las herramientas del Estado –incluido el Ejército– para moldear definitivamente la política migratoria.

“El gobierno de Trump ve a los profesionales calificados como piezas intercambiables entre agencias”, denunciaron los senadores, “y no como actores fundamentales de sus respectivas misiones clave”.

La sombra de un pasado peligroso

El contexto sociopolítico no ayuda. Estados Unidos vive un resurgir de amenazas de violencia política, y el Congreso acaba de pedir incrementar los fondos destinados a la seguridad de sus miembros, así como de los magistrados de la Corte Suprema. En paralelo, la Casa Blanca presiona a favor de un proyecto presupuestal que podría desembocar en un shutdown parcial del gobierno federal si no se alcanzan consensos antes del 1 de octubre.

La historia reciente tiene ecos preocupantes. Durante el invierno de 2018-2019, el país enfrentó su cierre gubernamental más largo debido a la insistencia de Trump en obtener fondos para el muro fronterizo con México. Ahora, con un Congreso profundamente polarizado, la posibilidad de repetir ese escenario no es descabellada, y el tema migratorio vuelve a estar en el centro del conflicto.

En ese sentido, la utilización de fuerzas militares representa no sólo una medida desesperada, sino también un elemento simbólico de alto riesgo: la militarización de la frontera y del sistema judicial puede consolidar una visión autoritaria del gobierno que erosiona las bases del consenso democrático.

Lo que está en juego

• 3.5 millones de casos esperan resolución en los tribunales migratorios de EE.UU.
• 600 abogados militares podrían desempeñarse temporalmente como jueces administrativos de inmigración.
• Una ley de 1878 —el Acta Posse Comitatus— prohíbe el uso de las fuerzas armadas en asuntos civiles internos, salvo excepciones puntuales.
• Las OSTCs (Oficinas de Fiscales Especiales) están en fase inicial de implementación y su debilitamiento podría ralentizar o comprometer los juicios militares.

Otro paso hacia lo inconstitucional

Más allá de la presión inmediata, la medida podría abrir la puerta a otros usos de personal militar en funciones civiles si no es frenada a tiempo. Históricamente, los frenos y contrapesos han sido el pilar de la democracia estadounidense, y cuando el poder ejecutivo busca burlar los límites del Congreso a base de órdenes ejecutivas, el equilibrio institucional se ve gravemente comprometido.

Lo que para algunos es pragmatismo y eficiencia frente al colapso institucional, para otros es el uso cuestionable del poder para implementar políticas que probablemente no pasarían por el filtro legislativo. “Estas acciones son alarmantes no sólo por lo que implican ahora, sino por el precedente que sientan”, afirmó un jurista entrevistado por The Hill.

La lucha entre las ramas del gobierno

Senadores como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries acusan que los republicanos se niegan a negociar e intentan imponer su voluntad vía amenazas de cierre gubernamental, una táctica clásica para presionar concesiones. Pero lo que está detrás no es sólo una disputa presupuestaria, sino una batalla por el alma de un sistema democrático amenazado por el autoritarismo y la falta de transparencia.

“Tenemos un sistema judicial militar que todavía está reformándose tras años de fallas. Si ahora decidimos vaciarlo para tapar agujeros en el sistema migratorio civil, estamos descuidando el bosque por los árboles”, advirtió un asesor del Senado.

¿Es este el futuro que queremos?

Si el plan sobrevive al escrutinio legislativo y judicial, podría consolidarse como norma, y no como excepción. Ese escenario plantea preguntas profundas sobre el papel del ejército en la sociedad civil, la separación de poderes y la función del Congreso como fiscalizador de decisiones del Ejecutivo. ¿Es legítimo utilizar a profesionales militares en un contexto que hunde sus raíces en decisiones políticas? ¿Estamos preparados para el impacto que esto pueda tener en la justicia militar y civil?

El debate está abierto, y de su desenlace dependerá si Estados Unidos sigue siendo una nación de leyes donde el uso de la fuerza se encuentra debidamente limitado o si, por el contrario, dobla la apuesta hacia un modelo cada vez más autoritario.