¿Quién protege nuestra salud? Cuando la ciencia, los colorantes y las vacunas se convierten en política

¿Un adiós simbólico a los colorantes artificiales?

El anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) de eliminar el aditivo Naranja B de la lista de colorantes permitidos generó más escepticismo del esperado entusiasmo por parte de los defensores de la salud pública. Este pigmento sintético, aprobado desde 1966 para colorear salchichas, no se ha utilizado desde 1978.

En palabras de la agencia: “Su uso ha sido abandonado por la industria”, justificando así su decisión como una simple actualización normativa. Pero para grupos como el Center for Science in the Public Interest, esta medida no pasa de ser una maniobra estratégica sin impacto real. Como señala Sarah Sorscher, directora de Asuntos Regulatorios del centro: “Están dispuestos a actuar solo cuando la medida no tiene ninguna consecuencia en la industria alimentaria”.

Colorantes bajo la lupa

Aunque Naranja B no representa una amenaza real hoy en día, el debate sobre salud y colorantes artificiales está más vivo que nunca. La FDA ya prohibió recientemente el Rojo N.º 3, ampliamente utilizado en dulces, medicamentos y alimentos procesados, por su potencial riesgo cancerígeno.

Actualmente, seis colorantes más están bajo revisión por parte de la agencia:

• Verde N.º 3
• Rojo N.º 40
• Amarillo N.º 5
• Amarillo N.º 6
• Azul N.º 1
• Azul N.º 2

Todos estos pigmentos derivan de compuestos a base de petróleo, y su consumo se ha vinculado, aunque de forma no conclusiva, a problemas de hiperactividad y falta de atención en niños.

La salud pública tampoco es ajena a las presiones políticas. Mientras el Secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., se compromete a eliminar estos colorantes del suministro alimentario, la industria y ciertos sectores políticos cuestionan si hay base científica suficiente para vetarlos completamente.

Vacunas y desinformación: un campo minado

Más allá de los aditivos alimentarios, las vacunas han entrado en una tormenta política y social. Los gobiernos de California, Oregón, Washington y Hawái formaron este año la West Coast Health Alliance para defender la ciencia inmunológica ante lo que consideran una “politización de la salud pública”.

El detonante fue la destitución del panel asesor de vacunación de los CDC por parte de Kennedy Jr., exactivista antivacunas convertido en Secretario de Salud. El nuevo comité, que incluye miembros sin formación epidemiológica sólida y voces abiertamente críticas de las vacunas, ha generado gran preocupación entre científicos y legisladores.

Susan Monarez, exdirectora del CDC, fue despedida tras negarse a validar cambios en el calendario de vacunación infantil sin respaldo científico. “Querían que aprobara decisiones de gran impacto sobre la salud pública sin evidencia alguna”, declaró Monarez ante el Senado.

La respuesta de los estados

Frente al caos provocado en las agencias federales, los estados demócratas han querido tomar las riendas de las políticas sanitarias. La West Coast Health Alliance recomienda que:

• Todas las personas mayores de 6 meses reciban la vacuna contra la gripe.
• Los bebés sean protegidos contra el virus respiratorio sincitial (RSV).
• Niños entre 6 y 23 meses, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en proceso de embarazo y personas con factores de riesgo reciban la vacuna contra la COVID-19.

Mientras tanto, otros estados como Florida han tomado el camino contrario, eliminando requerimientos de vacunación escolar y ampliando el discurso antivacunas como estrategia política.

Massachusetts, por otro lado, exige ahora que las aseguradoras cubran las vacunas recomendadas por su departamento de salud, incluso si estas no cuentan con el aval federal. Y Pensilvania y Nuevo México han empoderado a farmacias y autoridades locales para garantizar el acceso a las inmunizaciones.

La polémica investigación sobre vacunas y autismo

Tal vez la historia más controversial del momento es el contrato sin licitación pública otorgado por el Departamento de Salud de EE. UU. al Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) para investigar un presunto vínculo entre vacunas y autismo. Esta hipótesis, ampliamente desacreditada por la comunidad científica, vuelve a cobrar vida bajo la dirección de Kennedy Jr.

El profesor Juergen Hahn, experto en ingeniería biomédica del RPI, tiene previsto usar inteligencia artificial para examinar patrones en muestras de sangre de niños con autismo. Cabe destacar que Hahn no es un investigador reconocido en inmunología ni cuenta con acceso privilegiado a bases de datos sanitarios nacionales.

Para Alycia Halladay, de la Autism Science Foundation, este estudio representa un retroceso. “No han encontrado ninguna relación en más de 20 años y millones de niños estudiados”, explica. “Gastar recursos nuevamente en esto es frustrante y una distracción de investigaciones más necesarias”.

La ciencia frente a la desinformación

Organismos como la Academia Nacional de Ciencias y los CDC han reiterado durante años que las vacunas no causan autismo. Los factores detrás del espectro autista incluyen variables genéticas, edad del padre, hipertensión materna y exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo.

La situación se complica porque, según fuentes internas, la CDC no controla la totalidad de los datos de seguridad de vacunas. Dichos datos, en realidad, están custodiados por más de una docena de organizaciones asociadas desde hace casi dos décadas, lo que entorpece la investigación federal legítima.

Una batalla por la legitimidad de la ciencia

El intento por resucitar investigaciones sobre teorías desacreditadas y el debilitamiento de las autoridades científicas han puesto en jaque la credibilidad del sistema de salud pública estadounidense.

Como dijo la Alianza de Salud de la Costa Oeste: “Estas decisiones desmantelan la supervisión independiente basada en la evidencia, e inyectan política en decisiones cruciales para la salud de los estadounidenses. Estamos en un momento donde la claridad y la confianza son más necesarias que nunca”.

En una época plagada de ruido, desinformación y polarización ideológica, lo que está en juego es mucho más que colorantes o vacunas. Se trata del pacto de confianza entre el ciudadano y las instituciones encargadas de velar por su bienestar. Y ese vínculo, una vez roto, es muy difícil de recomponer.