Rediseñando la democracia en Alabama: El fallo que podría cambiar el poder político en Jefferson County

Un nuevo capítulo en la larga lucha por la justicia electoral en el sur de EE.UU.

En una decisión que promete cambiar el equilibrio político en el corazón del sur profundo, la jueza federal Madeline H. Haikala emitió un fallo histórico declarando inconstitucional el mapa distrital de la Comisión del Condado de Jefferson (Alabama), dictaminando que su diseño respondió principalmente a criterios raciales, en una práctica conocida —y ampliamente condenada— como gerrymandering racial.

El caso tiene profundas implicaciones no sólo para los votantes negros de Alabama, que constituyen cerca del 40% de la población del condado, sino también para el debate nacional en torno a la representación equitativa y la manipulación política de mapas electorales.

La orden judicial: Un sistema viciado y una voz silenciada

La decisión de la jueza Haikala viene a raíz de una demanda de 2023 que alegaba que el plan aprobado en 2021 sobre-representaba a votantes blancos y empaquetaba a votantes negros en sólo dos de los cinco distritos del condado. En su dictamen, Haikala escribió: “Debido a que el plan de 2021 viola la protección contra la manipulación racial de la Decimocuarta Enmienda, el tribunal prohíbe permanentemente su uso en elecciones de la Comisión del Condado de Jefferson.”

Se trata de un paso inédito en una región con heridas históricas aún abiertas. Birmingham —la ciudad más grande del condado y epicentro metropolitano de Alabama— es reconocida por su papel en el Movimiento por los Derechos Civiles. Basta recordar la tragedia de 1963, cuando un atentado con bomba en la iglesia bautista de la Calle 16 mató a cuatro niñas negras durante uno de los momentos más turbulentos del siglo XX.

Voces silenciadas: ¿Quién gana y quién pierde con el mapa?

Según explicó Kathryn Sadasivan, abogada del Fondo Legal de Defensa de la NAACP, el plan preexistente no sólo sobreconcentraba el voto negro en dos distritos, sino que buscaba mantener proporciones raciales fijas en todos los demás. Este tipo de prácticas no solo contradicen el espíritu de la Ley de Derechos Electorales, sino que cuestionan la idea misma de representación igualitaria.

La jueza Haikala reconoció que, en ciertos casos, un mapa puede reflejar legítimamente mayorías raciales si ello es necesario para que los votantes de minorías puedan elegir a sus representantes preferidos. Pero enfatizó que, en este caso, los comisionados no presentaron ninguna evidencia que respaldara tal argumento.

Cara McClure y el poder de la ciudadanía organizada

La demanda fue encabezada por Cara McClure, activista y directora ejecutiva de Faith and Works Statewide Civic Engagement Collective, una organización dedicada a fomentar la participación cívica de comunidades marginadas. Sus palabras después del fallo son contundentes: “La Comisión es responsable de tantas cosas que impactan la vida diaria. Lo que necesitamos es garantizar que cada voto y cada voz cuenten. Y eso no estaba ocurriendo.”

McClure señaló también que espera sentarse a la mesa para diseñar un nuevo trazado de distritos que refleje verdaderamente los intereses de la población negra de Jefferson County.

Un redibujo que podría trastocar la mayoría republicana

Actualmente, la Comisión del Condado de Jefferson está compuesta por tres republicanos y dos demócratas. Bajo un nuevo esquema más equitativo, se abriría la posibilidad para que los demócratas —con un apoyo abrumador de la comunidad negra— recuperen el control político del organismo.

Según los analistas políticos locales, si los votantes afroamericanos no fueran concentrados deliberadamente en los mismos distritos, podrían tener influencia decisiva en al menos tres de los cinco asientos, cambiando drásticamente la política local sobre políticas públicas, educación, seguridad comunitaria y servicios básicos.

La sombra persistente del gerrymandering racial

La práctica del gerrymandering racial no es nueva: se remonta al menos al siglo XIX, pero adquirió notoriedad judicial en el siglo XX. En 1993, el caso Shaw v. Reno sentó un precedente al establecer que distritos diseñados con base puramente racial podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, hasta hoy ese criterio sigue siendo aplicado de forma desigual en diferentes estados.

En Alabama, la batalla legal por los mapas no es aislada. En 2023, la Corte Suprema de los EE.UU. dictó en Allen v. Milligan que el estado debía redibujar sus distritos congresionales porque el mapa federal aprobado diluía el voto negro, en violación del VRA (Voting Rights Act). Esta decisión revirtió años de erosión legal al VRA desde el controversial caso Shelby County v. Holder (2013), que debilitó los requisitos de supervisión federal en estados con historial discriminatorio.

¿Qué ocurre ahora?: Tiempos y tensiones

La jueza Haikala ha requerido a las partes (la comisión del condado y los demandantes) que presenten en los próximos 30 días un plan modificatorio de redistribución de distritos. De no lograrse consensos, será la corte quien imponga un nuevo esquema, abriendo el camino a litigios adicionales o apelaciones.

En una declaración por correo electrónico, el abogado del condado, Theo Lawson, expresó que están “revisando la orden para determinar los próximos pasos.”

Una ventana electoral con potencial histórico

La redistribución de distritos impacta directamente la manera en que se ejerce el poder político a nivel local. En lugares como Jefferson County, esta reestructuración puede definir no sólo elecciones individuales, sino el acceso equitativo a recursos para escuelas, carreteras, atención médica y otros servicios clave.

Históricamente, el sur de EE.UU. ha sido epicentro de resistencia y resiliencia. Este caso se inscribe en esa tradición de comunidades que, frente a la exclusión institucionalizada, optan por la movilización cívica y judicial.

El futuro de la representación democrática en juego

Este fallo judicial no sólo restaura derechos pisoteados por décadas, sino que señala el camino para otras jurisdicciones donde el poder sigue decidiéndose con mapas amañados. La decisión de la jueza Haikala debería servir como advertencia para otros condados y estados que, en nombre de la tradición o conveniencia política, han perpetuado prácticas discriminatorias.

El mensaje es claro: la Constitución no permite mapas preparados con prisma racial excluyente. Cada ciudadano, sin importar su origen, merece un asiento en la democracia local. El momento exige voluntad política y vigilancia ciudadana constante. Jefferson County podría ser, nuevamente, el epicentro de una transformación hacia una mayor justicia electoral.