Tecnología, cultura y política: tres controversias que revelan la tensión social en EE.UU. y el mundo

Portland vs. ICE: cuando el urbanismo pone límites al poder federal

La ciudad de Portland, Oregon, ha iniciado un proceso formal contra el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusándolo de violar las condiciones de uso del suelo. El detonante: permitir la detención de personas por más de 12 horas, algo expresamente prohibido desde la autorización condicional emitida en 2011.

En un periodo de 10 meses, el municipio acusa al centro de haber violado esta disposición en al menos 25 ocasiones. La investigación se basó en datos obtenidos a través del Deportation Data Project.

El alcalde Keith Wilson no dudó en señalar: "ICE hizo compromisos claros sobre la duración de las detenciones, y creemos que los incumplieron más de dos docenas de veces". La ciudad también identifica otro incumplimiento: el tapiado de ventanas, en contradicción con los requisitos estéticos estipulados.

Este caso cobra especial relevancia en el contexto legal de Portland. La ciudad es considerada uno de los principales bastiones santuario de Estados Unidos: no permite que el personal policial local participe en detenciones relacionadas con inmigración, salvo orden judicial.

Protestas persistentes y la sombra de 2020

Desde hace meses, el edificio ICE ha sido blanco de manifestaciones nocturnas. Aunque menos masivas que las protestas raciales de 2020 que conmovieron la ciudad, estos encuentros han retrasado el retorno a la normalidad en la comunidad vecina.

Los manifestantes aparecen vestidos de negro, con cascos y máscaras. Durante el día, grupos de abogados y activistas atienden a los inmigrantes que acuden al lugar. La tensión ha llegado a tal punto que el expresidente Donald Trump evaluó enviar tropas federales, como lo hizo en otras ciudades durante su mandato.

Paradójicamente, un informe del Major Cities Chiefs Association indica que los homicidios en Portland se redujeron un 51% en la primera mitad de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, descartando un repunte generalizado del crimen.

Marubo vs. medios: ¿cuánto daño puede causar una narrativa?

Al otro lado del continente, una batalla legal tan peculiar como crítica acaba de cerrarse en California. La tribu amazónica Marubo, originaria del Valle de Javari en Brasil, demandó a The New York Times y TMZ por lo que consideraban una representación sensacionalista de su primer contacto con Internet.

Según la tribu, el artículo publicado en 2024 insinúa que los jóvenes Marubo "sucumbieron a la adicción a la pornografía" tras acceder a la red mediante satélites Starlink proporcionados por SpaceX, de Elon Musk. El artículo de Jack Nicas también mencionaba otros impactos relacionados con el internet: redes sociales adictivas, videojuegos violentos y estafas online.

TMZ amplificó la controversia con el titular: “El Starlink de Elon Musk convierte a tribu remota en adicta al porno”.

La comunidad, junto con su líder Enoque Marubo y la socióloga Flora Dutra, presentó una demanda por 180 millones de dólares alegando difamación y perjuicio cultural.

El fallo judicial: ¿libertad de prensa o sensacionalismo dañino?

Esta semana, la jueza Tiana J. Murillo desestimó el caso en la Corte Superior de Los Ángeles, argumentando que, aunque los reportes pueden percibirse como “despectivos o insensibles”, se enmarcan dentro del derecho a la libre expresión y el debate público.

“Nuestra periodista proporcionó una visión matizada del conflicto generado por la llegada de la tecnología a una comunidad aislada”, afirmó Danielle Rhoades Ha, vocera del Times.

Jack Nicas publicó posteriormente otro artículo aclarando: “Los Marubo no son adictos a la pornografía. No hubo indicios de ello, ni sugerencia de que todo el grupo lo fuera”. Afirmó haber pasado una semana con la comunidad, aunque la demanda sostenía que su estadía fue inferior a 48 horas.

Jimmy Kimmel y el costo político de la sátira

La tensión entre medios, política y libertad de expresión también se ha materializado en la televisión estadounidense. Jimmy Kimmel, legendario presentador nocturno, fue suspendido indefinidamente por ABC tras comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA.

En sus monólogos, Kimmel acusó a los seguidores de Trump de "capitalizar la muerte de Kirk" con fines políticos, llegando a ridiculizar la reacción del expresidente con frases como: "Esto no es cómo un adulto llora la muerte de un amigo. Es como un niño de 4 años llora a su pez dorado".

El conglomerado Nexstar Communications Group, que opera múltiples estaciones afiliadas de ABC, emitió un comunicado tajante: “Sus comentarios son ofensivos e insensibles en un momento crítico del discurso nacional”. Acto seguido, decidió dejar de transmitir su programa.

La respuesta conservadora no se hizo esperar. Trump celebró la decisión en su red Truth Social, y su ex colaborador Taylor Budowich comentó con ironía: “Bienvenidos a la Cultura de las Consecuencias. Los estadounidenses normales ya no toleran los absurdos”.

El debate resurge: ¿sátira política o cruzada ideológica?

La figura de Jimmy Kimmel ha sido, junto con Stephen Colbert, uno de los críticos más ferozmente visibles del expresidente Trump en la televisión abierta estadounidense. Los comentarios sobre el caso de Kirk, sospechoso de haber sido asesinado por un joven simpatizante LGBTQ con inclinaciones de izquierda, incendiaron las redes sociales y pusieron a la cadena en una encrucijada comercial y editorial.

Mientras que palabras como “periodismo insensible” o “cancelación por política” se repiten tanto en los medios progresistas como en los conservadores, muchos se preguntan: ¿cuál es el verdadero límite entre la libertad de expresión y la ética de comunicación?

Además, la decisión de CBS de cancelar el programa de Colbert por “razones financieras” este verano alimentó las sospechas de una tendencia: menos sátira política mainstream en la TV tradicional. ¿Una reacción del mercado o una forma de autocensura institucional?

Reflexión final: tres casos que exigen preguntas profundas

• ¿Puede una ciudad desafiar al gobierno federal mediante normas de uso del suelo?
• ¿Los medios internacionales deben aplicar criterios éticos distintos cuando narran culturas no occidentales?
• ¿Está el humor político en peligro ante las presiones comerciales y polarizaciones sociales?

En medio del sigilo de las largas noches de protesta en Portland, de los ríos caudalosos del Amazonas y del estruendo mediático de Hollywood, la pregunta subyacente parece ser la misma: ¿puede la democracia gestionar, sin violencia ni censura, los conflictos culturales y tecnológicos contemporáneos?