¿Se puede llevar al terrorismo internacional a juicio? La demanda que sacude a Hamas, Irán y Corea del Norte

Washington, D.C. — El 7 de octubre de 2023, Hamas irrumpió en el sur de Israel en un ataque coordinado con otras milicias que dejó más de 1,200 personas muertas, en su mayoría civiles, y generó un conflicto de enormes proporciones en Gaza. Hoy, casi un año después, las consecuencias legales cruzan fronteras: más de 140 ciudadanos estadounidenses o familiares de víctimas han llevado a tribunales federales de Estados Unidos una demanda de impacto global.

La demanda, presentada recientemente en un tribunal de Washington, acusa a varios países y grupos designados oficialmente como organizaciones terroristas —incluidos Irán, Siria, Corea del Norte, Hezbollah y Jihad Islámica Palestina— de haber brindado apoyo material a Hamas antes y durante el devastador ataque.

“La vida de nuestro hijo fue cortada sin sentido. Creemos que es fundamental que los responsables de este horror rindan cuentas en un tribunal de justicia,” afirmaron David y Hazel Brief, padres de una de las víctimas, en un comunicado emitido por la Liga Antidifamación (ADL).

Una demanda histórica de $7 mil millones

Los demandantes exigen al menos $7 mil millones en compensaciones, apoyándose en la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos (ATA, por sus siglas en inglés), una legislación que permite que víctimas de terrorismo presenten demandas civiles en tribunales federales. Esta ley ha sido usada en el pasado con éxito parcial, y permite, en determinados contextos, que gobiernos extranjeros sean declarados responsables por actos de terrorismo si proporcionaron apoyo material o financiero.

Este tipo de demanda no es nueva. Casos similares se han entablado contra Libia y Sudán, con resultados mixtos pero significativos, incluyendo reparaciones económicas que fueron cubiertas en parte mediante un fondo especial del gobierno estadounidense financiado por embargos, multas e incautaciones.

¿Qué leyes permiten demandar a gobiernos extranjeros?

Desde 1996, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) permite, en ciertos casos, que ciudadanos estadounidenses demanden a gobiernos extranjeros si están designados como patrocinadores estatales del terrorismo. Actualmente, el Departamento de Estado mantiene a Irán, Siria y Corea del Norte en esa lista.

Bajo la FSIA y la ATA, los demandantes pueden exigir compensaciones si demuestran que dichos gobiernos brindaron “apoyo material” —financiación, entrenamiento, armas, refugio— a grupos terroristas responsables de actos que afectaron a ciudadanos estadounidenses. Esta demanda busca precisamente eso, y la lista de acusados incluye:

• Irán: Acusado de financiar y armar a Hamas durante décadas.
• Siria: Refugio de operaciones y entrenamiento de grupos terroristas.
• Corea del Norte: Relación más indirecta, pero acusada de facilitar recursos tecnológicos.
• Hezbollah, Jihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina: acusados de participación directa o indirecta en el ataque.

¿Qué posibilidades reales existen de cobrar?

Aunque la demanda puede tener sólidos fundamentos jurídicos en territorio estadounidense, el cobro efectivo de una indemnización es otro cantar. Ni Irán ni Corea del Norte ni Siria tienen activos fácilmente bloqueables en EE.UU., y rara vez responden ante las cortes estadounidenses.

Aun así, el objetivo de estas demandas no siempre es meramente económico. Según Stacy Schwartz, experta en derecho internacional de la Universidad de Georgetown:

“Estas demandas muchas veces sirven para documentar legalmente los crímenes, dejar constancia pública y crear presión internacional sobre los gobiernos implicados.”

De hecho, los dictámenes en cortes estadounidenses pueden ser usados posteriormente para confiscar activos en otros países, o presionar a terceros a través de mecanismos de cooperación legal internacional.

¿Cómo se relaciona esto con la guerra en Gaza?

El sangriento ataque del 7 de octubre fue el detonante de la guerra más larga y devastadora entre Israel y Gaza en la última década. Según el Ministerio de Salud de Gaza (operado por Hamas), más de 65,000 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto. Israel afirma que aún hay más de 20 rehenes vivos, de los 251 secuestrados originalmente.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ya expidió cargos contra Yahya Sinwar, líder de Hamas, por conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses. Sinwar murió en un bombardeo israelí en octubre de 2024. Pero el caso no se limita a líderes militares: ahora la batalla busca extender la responsabilidad a los estados y grupos que han apoyado estos actos de violencia.

Perspectiva internacional: ¿Un arma diplomática?

Este tipo de demandas provocan reacciones mixtas a nivel global. Mientras que para algunos países es un acto legítimo de búsqueda de justicia, para otros representa una forma de injerencia política o incluso “lawfare” —use de juzgados como instrumento geopolítico.

La abogada Sarah Leah Whitson, exdirectora para Medio Oriente de Human Rights Watch, advierte:

“Estas demandas pueden ser vistas como selectivas si no se aplican con igual peso sobre todos los actores responsables de crímenes de guerra, incluidos gobiernos aliados de EE.UU.”

En otras palabras, los demandantes pueden estar legítimamente motivados por justicia, pero la aplicación desigual del derecho internacional socava su autoridad moral.

Un precedente con potencial transformador

La causa, coordinada entre la ADL (Anti-Defamation League) y el bufete Crowell & Moring, incluye testimonios impactantes de las víctimas del ataque y señala cómo estas organizaciones y gobiernos facilitaron logística, inteligencia o recursos financieros para una masacre de escala histórica.

La demanda también cita un informe de la Comisión de Investigación Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó las atrocidades del 7 de octubre y su relación con estructuras internacionales de apoyo a Hamas.

A largo plazo: ¿sirve de algo?

Las demandas contra países considerados patrocinadores del terrorismo no siempre concluyen con pagos, pero sí con sanciones, aislamiento diplomático y presión para que terceros congelen activos o limiten relaciones con estos gobiernos. Además, fortalecen los argumentos legales para listas negras, iniciativas legislativas y diplomacia multilateral.

“La lucha contra el terrorismo también se libra en los tribunales. Golpeando los bolsillos de quienes financian la barbarie,”

explicó uno de los abogados principales del caso, citado en una rueda de prensa reciente.

En el contexto de una guerra que ha fracturado la región aún más, este litigio adquiere un valor simbólico y estratégico. En palabras de los víctimas: “No buscamos venganza, pero sí justicia. Y justicia implica identificar a cada cómplice y cada financiador de los que empuñaron las armas aquel día.”

El proceso judicial recién comienza. Pero si logra sentar precedentes, podría abrir una nueva vía de presión contra grupos y gobiernos implicados en terrorismo, en una época marcada por la impunidad y el cinismo global.