¿Víctimas o Amenazas?: El uso político de la deportación en EE.UU.

En tiempos en que la migración y la libertad de expresión chocan violentamente con los intereses políticos, emergen historias que no solo despiertan indignación, sino que obligan a replantearnos el propósito del sistema judicial estadounidense. Los casos de Mahmoud Khalil, un activista palestino y estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, y de Felipe de Jesús Hernández Marcelo, un mexicano víctima de violencia en Iowa, representan una realidad preocupante: la utilización de las leyes migratorias como herramienta represiva.

Mahmoud Khalil: la voz palestina a juicio

Mahmoud Khalil, de 30 años, nació en un campo de refugiados en Siria, pero su historia se entrelaza con la lucha del pueblo palestino desde su raíz. Con ciudadanía argelina por parte de un pariente lejano y residencia legal en EE.UU., Khalil se convirtió en una figura visible de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza en el campus de Columbia University.

Su activismo contra la ocupación israelí lo colocó en la mira del gobierno, sobre todo tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que exacerbó las tensiones políticas globales. A pesar de no haber sido acusado formalmente de ningún crimen, Khalil fue arrestado en marzo dentro de su residencia estudiantil y acusado de apoyar actividades pro-Hamás, lo cual él niega enfáticamente. No existen pruebas sustanciales que lo vinculen con dicha organización.

Una decisión judicial sin precedentes

En septiembre, la jueza de inmigración Jamee Comans, desde Luisiana, avaló su deportación por presuntas omisiones en su solicitud de residencia permanente: se le acusa de no haber incluido su vinculación con una agencia de la ONU que sirve a refugiados palestinos. Aunque Khalil argumentó que se trató de un error involuntario, la jueza determinó que fue una "tergiversación consciente".

En ese mismo fallo, Comans afirmó que no era su competencia "cuestionar las determinaciones de política exterior del gobierno" y descartó los lazos familiares de Khalil en EE.UU. —su esposa y su hijo ciudadano— como razones suficientes para suspender la orden. Este razonamiento revela una visión altamente restrictiva de las causas humanitarias, posicionando la política exterior como un argumento incuestionable.

Una lucha legal que aún no termina

Los abogados de Khalil apelarán, aunque admiten que las perspectivas no son favorables debido a que el caso está bajo jurisdicción de una corte federal de tendencia conservadora. Sin embargo, un fallo previo del juez Michael Farbiarz en Nueva Jersey impide su detención o expulsión mientras se resuelve una demanda civil por violaciones a sus derechos constitucionales.

“Esta es una corte de canguros”, declaró Khalil en referencia al proceso migratorio, en el que cree estar siendo castigado por ejercer su libertad de expresión.

¿Dónde lo deportarían?

A pesar de haber nacido en Siria, un país que abandonó en 2013 tras participar en protestas contra Bashar al-Assad, Khalil podría ser deportado a Argelia, nación donde solo tiene vínculos mediante un pariente lejano. Su equipo legal ha advertido que el alto perfil de su caso lo colocaría en grave peligro de persecución o incluso muerte si fuera forzado a regresar a Siria o Argelia.

Felipe de Jesús Hernández: de víctima de un crimen a criminal migratorio

En una historia paralela y no menos desgarradora, Felipe de Jesús Hernández Marcelo, un mexicano sin papeles, ha estado detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) desde junio de este año, a pesar de que él fue la víctima de un violento intento de robo. Hernández recibió disparos que casi le arrebatan la vida, y acudió a la policía para reclamar sus pertenencias incautadas. En lugar de ayuda, fue arrestado y transferido a ICE debido a un antiguo proceso migratorio abierto por multas de tránsito impagas.

Con 28 años, Hernández vivía y trabajaba desde 2021 en Iowa, donde criaba a su hijo de nueve años como padre soltero y trabajaba en construcción para mantener a su familia extendida. Su vida cambió al convertirse en víctima de un crimen que, paradójicamente, lo expuso a la deportación.

El obstáculo del sistema para las víctimas

Hernández está en proceso de solicitud de una Visa U, un recurso legal establecido por el Congreso para proteger a víctimas de delitos que cooperan con la justicia. Sin embargo, en enero de este año ICE eliminó discretamente una política que protegía a estos solicitantes, dejando a muchas personas en situaciones similares al filo de la deportación.

Una jueza federal previamente otorgó a Hernández el derecho a una audiencia de fianza por su estado de salud y separación familiar. Sin embargo, en una audiencia posterior, otra jueza de inmigración, Alexandra Larsen, dictaminó que debía permanecer detenido por ser un “riesgo de fuga”, atribuyéndole múltiples infracciones, incluyendo un cargo por conducir con licencia suspendida.

No sólo es ley, es ideología

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, su gobierno ha multiplicado acciones de control y castigo contra migrantes y disidentes. Los casos de Khalil y Hernández tienen un trasfondo común: son perseguidos por razones que no se enmarcan únicamente en ilegalidades formales, sino en sus situaciones políticas y sociales.

En el caso de Khalil, hay un trasfondo evidente de represión a opiniones políticas que desafían los intereses exteriores de EE.UU. En el caso de Hernández, se trata de criminalizar la pobreza y precariedad migrante, incluso cuando la persona ha sido víctima de graves delitos dentro del propio territorio estadounidense.

¿Quién controla el relato?

La narrativa dominante del gobierno se justifica en la defensa del orden público y de la soberanía nacional. Pero, ¿qué precio paga una democracia cuando empieza a silenciar voces por lo que representan más que por lo que hacen?

Según datos del Department of Homeland Security (DHS), en 2023 más de 164,000 personas fueron deportadas desde EE.UU., entre ellas más de 12,000 menores no acompañados. Human Rights Watch ha denunciado que los procedimientos migratorios se han endurecido a tal punto que incluso solicitantes de asilo con causas justificadas son devueltos sin una audiencia significativa.

Las implicaciones más amplias

Estas historias tienen algo más en común: ambas han sido influidas por decisiones ejecutivas y políticas implementadas o reinstauradas bajo la administración Trump. El uso selectivo de la deportación apunta no solo a combatir la migración, sino a instaurar un modelo de control ideológico, donde disentir puede significar el exilio o la privación de libertad.

Todo esto se da mientras, paradójicamente, Estados Unidos se presenta como paladín de la libertad de expresión y garante de derechos humanos en el escenario internacional. En casa, sin embargo, activistas pro-palestinos y víctimas del crimen viven en constante temor a represalias judiciales que sobrepasan claramente el marco de una justicia imparcial y equitativa.

La necesidad de una reforma real

Los sistemas migratorios deben garantizar transparencia, justicia y humanidad. La aplicación de la ley no puede reemplazar la empatía, y sobre todo, no debería castigar la vulnerabilidad o la disidencia legítima.

El caso de Khalil debe generar un debate sobre hasta qué punto puede una nación restringir derechos fundamentales en nombre de la seguridad. El caso de Hernández exige una evaluación profunda del sistema de protección a víctimas y de la moralidad de una política que termina castigando al que pide ayuda.

Ambos muestran el rostro menos visible de un país que, en su búsqueda por el control, corre el riesgo de perder su alma democrática.