El Retorno de los Yihadistas: Francia, Siria e Irak en el Tablero del Terrorismo Global
Una mirada crítica a la transferencia de combatientes del Estado Islámico a Irak y el dilema de Europa sobre sus ciudadanos radicalizados
La reciente entrega de 47 ciudadanos franceses sospechosos de pertenecer al Estado Islámico (EI) a las autoridades iraquíes vuelve a poner sobre la mesa una cuestión largamente debatida: ¿qué hacer con los combatientes extranjeros del EI y sus familias? Más allá de lo judicial y lo penal, la historia refleja tensiones diplomáticas, políticas de seguridad, y dilemas éticos del siglo XXI.
Una transferencia silenciosa, pero con eco internacional
En un movimiento sigiloso, sucedido hace mes y medio pero apenas conocido ahora, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) entregaron a Irak a los 47 ciudadanos franceses detenidos en campos del noreste de Siria. Esta red de centros de detención, protegida por fuerzas kurdas apoyadas por EE.UU., alberga a aproximadamente 9,000 supuestos miembros del EI. La noticia fue confirmada por tres funcionarios de seguridad iraquíes anónimos.
Llama la atención el silencio del gobierno francés frente a esta revelación. No es la primera vez que Francia recurre a Irak para juzgar a sus ciudadanos vinculados con el EI. En 2019, trece franceses ya fueron transferidos para enfrentar cargos por terrorismo en Bagdad.
Justicia iraquí: entre ejecuciones y cadena perpetua
Según datos de las autoridades iraquíes, 3,192 personas detenidas en Siria han sido transferidas a Irak en los últimos años. De ellas, 724 fueron condenadas a muerte y 1,381 a cadena perpetua. La dureza del sistema judicial iraquí ha generado reclamos de organizaciones de derechos humanos, que critican los procesos judiciales como demasiado rápidos y con garantías limitadas.
"Irak se ha convertido en el basurero judicial de Europa. Las democracias occidentales están encantadas de deshacerse de sus ciudadanos más problemáticos sin afrontar las consecuencias legales ni sociales", indicó Human Rights Watch en un informe de 2020.
Francia y su política de repatriación selectiva
Francia, al igual que muchos países europeos, ha mostrado una fuerte resistencia a repatriar combatientes adultos del EI. En cambio, ha accedido a traer de vuelta a algunos menores y mujeres. Recientemente, tres mujeres francesas y sus diez hijos fueron repatriados desde los campos del noreste sirio.
Desde la caída del "califato" del EI en 2019, Europa ha estado dividida entre el miedo a la radicalización y el deber humanitario. El entonces ministro de exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, declaró en 2019: "Estas personas deben ser juzgadas lo más cerca posible del lugar donde cometieron sus crímenes". Esto, en la práctica, significó delegar la responsabilidad penal a Irak.
¿Juicio justo o tercerización de la justicia?
La opinión pública francesa está mayoritariamente en contra del regreso de estos combatientes. Sin embargo, los expertos en derecho internacional advierten de los riesgos de externalizar la justicia. Irak aplica la pena capital y admite confesiones obtenidas bajo coacción, todo lo cual choca con el marco legal europeo.
En 2019, abogados de derechos humanos franceses presentaron quejas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que Francia estaba violando los principios del derecho internacional al permitir que sus ciudadanos fueran juzgados en un sistema que permite torturas y penas inhumanas.
El limbo sirio: campos de detención y campos de refugiados
Mientras se debate el destino de los prisioneros adultos, los campamentos de Al-Hol y Al-Roj siguen albergando a unas 56,000 personas, en su mayoría mujeres e hijos de excombatientes del EI. La situación allí es precaria, sin acceso a servicios médicos adecuados ni educación, y con frecuentes episodios de violencia interna.
La administración Autónoma Kurda de Siria ha manifestado reiteradamente estar desbordada y no contar con los recursos para mantener el control. Estados Unidos, una de las pocas potencias con presencia activa en la región, ha presionado a sus aliados europeos para repatriar a sus ciudadanos. Sin embargo, las respuestas han sido tibias.
¿Francia está eludiendo su responsabilidad?
Numerosos analistas creen que Francia y otros países europeos prefieren dejar que terceros países resuelvan un problema que consideran interno. Pero esta estrategia podría ser un bumerán legal y moral. Según David Thomson, periodista especializado en yihadismo, "los niños repatriados hoy son los adultos que Francia se negó a repatriar hace años – y que podrían radicalizarse debido al trauma de la detención".
Perspectiva histórica: de la guerra contra el terror al presente
Desde el 11 de septiembre de 2001, Occidente diseñó un modelo de "guerra global contra el terrorismo". Países como EE.UU. y Francia, para evitar costes políticos internos, externalizaron los costos legales y humanos a países como Afganistán, Irak y Siria.
Hoy, con la derrota territorial del EI pero sus células aún activas, muchos de esos combatientes extranjeros han quedado atrapados entre sistemas judiciales opuestos. Para Europa, que se precia de sus valores democráticos, permitir juicios masivos y ejecuciones sumarias en Irak representa una contradicción profunda.
La narrativa del regreso del terror: ¿justificada o política?
Si bien hay casos documentados de excombatientes retornados que participaron en ataques (como los autores del atentado de París en 2015), la mayoría de los expertos coinciden en que no todos los repatriados representan una amenaza inmediata. Algunos viajaron a Siria engañados, otros fueron reclutados por sus esposos o incluso nacieron en zonas de conflicto.
No obstante, el temor sigue latente en la opinión pública. Un estudio de IFOP realizado en 2022 muestra que el 81% de los franceses se oponen al retorno de adultos vinculados al EI. Ese número baja significativamente cuando se trata de niños, aunque aún polariza.
¿Qué futuro espera a los yihadistas en Irak?
El sistema judicial iraquí no solo enfrenta sobrecarga, sino también carencias institucionales. Muchos de los juicios a exmilitantes duran menos de 20 minutos, y las "confesiones" obtenidas mediante tortura son una herramienta habitual en las cortes.
Además, con la inestabilidad política en Bagdad y la presión de grupos chiitas pro-iraníes, hay poca certidumbre sobre la imparcialidad del proceso o el respeto de los derechos humanos básicos.
Una bomba de tiempo geopolítica
El no resolver adecuadamente estos casos podría alimentar nuevas formas de radicalización. Los niños que crecen en los campos, marginados y estigmatizados, son candidatos ideales para futuros movimientos extremistas.
Organismos como Amnistía Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja han instado a Europa a actuar con responsabilidad: repatriar, juzgar con garantías y aplicar programas de reinserción. Algunas iniciativas ya existen en Alemania y los Países Bajos, con resultados dispares.
Por ahora, Francia sigue apostando por la distancia geográfica como escudo político. Pero como señaló un exdiplomático francés: "Los efectos colaterales de nuestras decisiones tarde o temprano tocarán a nuestra puerta".