Deportaciones sin rumbo: el oscuro destino de migrantes enviados por EE.UU. a Esuatini

Una política migratoria cada vez más polémica

A mediados de 2023, cinco hombres provenientes de Jamaica, Cuba, Laos, Vietnam y Yemen fueron deportados por Estados Unidos a un destino sorprendente y cuestionable: el pequeño reino africano de Esuatini (antes conocido como Suazilandia). Desde entonces, estos individuos se encuentran recluidos en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Matsapha, sin cargos oficiales y sin acceso regular a representación legal.

Este caso es uno de los ejemplos más notorios del controvertido programa de deportaciones a terceros países impulsado por la administración del expresidente Donald Trump. El objetivo declarado por el Departamento de Seguridad Nacional era “utilizar todas las herramientas disponibles para sacar a delincuentes inmigrantes ilegales de nuestras comunidades”. Sin embargo, la falta de supervisión legal y los dudosos destinos elegidos abren la puerta a serias violaciones de derechos humanos.

¿Quiénes son los detenidos?

Las autoridades estadounidenses han afirmado que los cinco hombres habían sido condenados por delitos graves, como asesinato y abuso infantil, y que habían cumplido sus sentencias antes de ser deportados. Sin embargo, con su traslado a Esuatini, se enfrentan a una realidad legal completamente opaca, donde no se han presentado cargos adicionales y donde el gobierno local se niega incluso a confirmar oficialmente su paradero.

“Las autoridades de Esuatini deben divulgar oficialmente el paradero de los cinco hombres, concederles acceso regular y confidencial a sus abogados, y presentar fundamentos legales para su detención”, declaró recientemente Amnistía Internacional.

¿Por qué Esuatini?

La pregunta que muchos se hacen es por qué estos individuos fueron enviados a un país con el que aparentemente no tienen ningún vínculo. La lógica geopolítica se impone sobre las conexiones personales o culturales.

Esuatini ha sido uno de varios países africanos —junto con Sudán del Sur, Ghana y Ruanda— que han recibido deportados bajo acuerdos bilaterales poco transparentes promovidos desde EE.UU. En teoría, se suponía que los cinco hombres estaban simplemente “en tránsito” hacia sus países de origen. Sin embargo, han permanecido en custodia durante más de dos meses, y no hay señales de repatriación.

Este patrón de enviar personas sin conexión alguna a países lejanos y ajenos a su identidad ha sido calificado por críticos como una suerte de "destierro moderno". En la práctica, parece una forma de externalizar los problemas migratorios, sin hacerse responsable de las posibles consecuencias legales, humanitarias ni diplomáticas.

Esuatini: Una monarquía absolutista

No es casualidad que Esuatini sea uno de los pocos países del mundo todavía gobernado por una monarquía absolutista. Desde 1986, el rey Mswati III ejerce un poder total donde los partidos políticos están prohibidos de facto y donde la disidencia es reprimida con violencia. Numerosos informes de organismos como Human Rights Watch documentan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y silenciamiento de opositores.

Enviar migrantes —incluso con antecedentes penales— a un país con estas características genera preocupaciones legítimas. ¿Qué derechos pueden esperar tener en un sistema judicial que ni siquiera permite elecciones libres? ¿Quién supervisa su trato dentro de una prisión de máxima seguridad en un país con una larga trayectoria de abusos?

Paralelismos con otros casos

Este no es un caso aislado. En Ghana, según documentos judiciales revisados por medios internacionales, 11 deportados recientemente enviados desde Estados Unidos han interpuesto una demanda contra el gobierno ghanés por haber sido retenidos ilegalmente en un cuartel militar, sin cargos y en condiciones deplorables.

Incluso en países como Sudán del Sur o Ruanda —que también han recibido grupos de deportados bajo este programa—, la falta de información clara sobre su paradero y el silencio de las autoridades alimentan sospechas de detenciones arbitrarias.

Responsables estadounidenses sostienen que los gobiernos locales deben ser interpelados por el destino de los deportados. Sin embargo, sin un marco internacional de protección, queda claro que EE.UU. evade cualquier tipo de rendición de cuentas.

Una estrategia heredada: la “externalización” migratoria

La externalización de fronteras ha sido una práctica creciente en varios países occidentales. Acuerdos firmados por la Unión Europea con Libia o Italia con Túnez también han generado críticas similares, por fomentar políticas migratorias que subcontratan la seguridad fronteriza a naciones con débiles o inexistentes garantías legales para los migrantes.

“Es una forma de limpiar la imagen doméstica mientras se perpetúan abusos fuera del radar internacional”, afirma Nils Melzer, exrelator de la ONU sobre tortura.

El silencio ensordecedor de las autoridades

En el caso de Esuatini, los recursos legales están siendo sistemáticamente bloqueados. Un proceso judicial para impugnar la detención sin abogado de los cinco hombres ha sido pospuesto en múltiples ocasiones. Organizaciones locales también han presentado demandas contra el Estado, acusándolo de detención ilegal, pero hasta ahora sin respuesta sustancial del gobierno.

Por su parte, el portavoz del gobierno se ha limitado a reiterar que los hombres “están en tránsito”, sin explicar por qué ese supuesto tránsito se prolonga por más de dos meses.

Una política con efectos globales

Este tipo de acciones no quedan limitadas a los propios deportados. Su impacto se extiende a las comunidades migrantes que aún residen en Estados Unidos, quienes temen ser parte de una posible “exportación de problemas” sin derecho a defensa.

Con la campaña presidencial estadounidense en el horizonte, el legado de la administración Trump en materia migratoria aún genera debate. ¿Están realmente más seguras las comunidades estadounidenses al deportar a personas con antecedentes penales sin garantías? ¿O se está vulnerando el principio básico de justicia universal que dicta que todo ser humano tiene derecho a un proceso legal transparente?

¿Quién vigila al vigilante?

En última instancia, estas historias obligan a cuestionar el sistema global de control migratorio. ¿Es legítimo usar países con gobiernos autoritarios como herramientas de contención migratoria?

Si la respuesta es sí, ¿cuál será el próximo paso? ¿Deportaciones al mejor postor? ¿Convenios secretos con regímenes que ofrecen solo silencio judicial y cárceles precarias?

Según datos del TRAC Immigration Project de la Universidad de Syracuse, más de 150,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos en 2023, muchos de ellos sin posibilidad de apelación efectiva. Aunque la mayoría retornaron a sus países de origen, un número creciente está encontrando sus destinos en naciones “terceras”, donde las condiciones de recepción están lejos de ser transparentes o seguras.

El uso de políticas migratorias agresivas no puede sustituir la responsabilidad ética del Estado. Deportar no debería equivaler a deshacerse del problema a toda costa.

La necesidad de una vigilancia internacional constante

El caso de los cinco hombres detenidos en Esuatini debe encender las alarmas de la comunidad internacional. Organismos como la ONU, la Corte Africana de Derechos Humanos y ONGs de derechos humanos deben presionar activamente a Estados Unidos y a los gobiernos involucrados para garantizar el debido proceso, la transparencia y el respeto al estado de derecho, sin importar el delito anterior del individuo.

Como sostuvo el propio Amnistía Internacional: “La justicia nunca debe depender del lugar geográfico donde uno esté detenido”. A menos que la comunidad global actúe, lo que empieza siendo una política migratoria puede terminar como una red de nuevas injusticias globalizadas.