El infierno del olvido: Cuando ICE detiene a héroes que combaten incendios

Un bombero detenido mientras luchaba contra el fuego

Rigoberto Hernández Hernández, un trabajador forestal de 23 años de origen mexicano, fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras participaba en labores de contención del incendio Bear Gulch, uno de los más grandes de Washington durante este año, consumiendo más de 75 kilómetros cuadrados. El arresto se llevó a cabo el 27 de agosto en el Bosque Nacional Olympic, cuando Hernández formaba parte de una cuadrilla de 44 personas que trabajaban incansablemente para controlar el fuego.

La detención fue parte de una investigación criminal en contra de dos contratistas para los que trabajaban Hernández y otro colaborador. Sin embargo, el foco del problema no está en esa investigación, sino en el hecho de que los agentes federales irrumpieron en una zona de respuesta a emergencias, contraviniendo las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que establecen límites claros sobre la ejecución de leyes migratorias en contextos de emergencia.

¿Quién es Rigoberto Hernández?

Hernández llegó de niño a Estados Unidos con sus padres, trabajadores migrantes agrícolas, y se crio entre Oregon, California y Washington, siguiendo el ritmo de las temporadas de cosecha. Hace tres años se estableció en Oregon y encontró una vocación en los trabajos forestales, específicamente en la ardua tarea de lucha contra incendios forestales. Este era su tercer año enfrentando llamas, talando árboles y retirando vegetación para mantener el fuego alejado de comunidades y recursos críticos.

En 2017, Hernández recibió una certificación para solicitar la Visa U, un beneficio migratorio otorgado a víctimas de delitos que colaboran con autoridades policiales o fiscales. En 2018 presentó formalmente su solicitud, pero hasta la fecha continúa esperando una resolución. Según las leyes vigentes, los solicitantes de Visa U pueden permanecer en libertad mientras su caso está en curso. Entonces, ¿por qué sigue detenido?

Las contradicciones del sistema

La Patrulla Fronteriza justificó su arresto afirmando que tanto Hernández como su colega estaban en el país de forma irregular y que no interrumpieron labores de emergencia, ya que no eran bomberos activos sino personal de apoyo que cortaba leña. Una interpretación reactiva que minimiza el papel esencial que cumplen miles de trabajadores como Hernández en las cuadrillas forestales.

“Lo que hacen estos hombres es peligroso, vital, y muchas veces invisible. No son meros ayudantes; son una parte integral de la respuesta ante incendios,” declaró el abogado Rodrigo Fernández-Ortega, de la organización Innovation Law Lab, quien representa a Hernández.

La organización presentó una petición de habeas corpus y una orden temporal de restricción solicitando su liberación del Centro de Detención del ICE en Tacoma, Washington, donde lleva más de un mes recluido.

¿Se criminaliza la solidaridad?

La detención de Hernández ha provocado la indignación de legisladores y representantes políticos de Oregon. Seis líderes demócratas del Congreso, encabezados por el senador Ron Wyden, emitieron un comunicado exigiendo la liberación de Rigoberto. “Es realmente escandaloso que una administración utilice recursos migratorios para detener a quienes arriesgan su vida por nuestra seguridad,” denunció Wyden.

Este incidente parece formar parte de una tendencia creciente en la que trabajadores esenciales, muchos de ellos inmigrantes, son retenidos por razones de estatus migratorio incluso cuando desempeñan labores críticas. ¿Podemos seguir llamándolos ilegales mientras apagan nuestros incendios?

Los riesgos de un sistema roto

Estados Unidos depende fuertemente de trabajadores inmigrantes para combatir incendios forestales. Según datos del Departamento de Agricultura (USDA), aproximadamente el 30% del personal de combate de incendios contratados por empresas privadas son migrantes, muchos sin documentación. La razón es simple: escasez de mano de obra y condiciones laborales extremadamente duras.

“Pagan mal, las jornadas son largas, agotadoras, y pocas personas quieren ese trabajo. Pero gente como Rigoberto está dispuesta a hacerlo porque entienden el valor de proteger bosques, propiedades y vidas,” afirmó David Hernández, experto en políticas migratorias de la Universidad UCLA.

Un fuego legal que arde lento

El proceso para obtener una Visa U puede demorar años. Desde la aprobación legislativa del programa en el año 2000, se ha convertido en una herramienta crucial para proteger a quienes colaboran en investigaciones criminales siendo víctimas o testigos. No obstante, la falta de recursos y voluntad política ha convertido el proceso en una trampa burocrática. Para 2023, más de 150,000 solicitudes estaban aún en espera.

“Cada día que Rigoberto pasa detrás de rejas es una afrenta a la justicia. Es víctima de un sistema migratorio que castiga la paciencia y premia el miedo,” recalcó Fernández-Ortega.

El efecto dominó de una injusticia

La detención de estos trabajadores genera un mensaje de temor hacia otros inmigrantes empleados en labores comunitarias. Organizaciones de derechos civiles han alertado sobre el potencial efecto intimidante que estos arrestos pueden tener sobre miles de personas dedicadas a labores esenciales en zonas rurales y urbanas.

“Si castigan a quienes están protegiendo vidas, ¿qué se puede esperar del sistema? Los mensajes son confusos: se les llama héroes cuando el humo llega a las ciudades, pero se les trata como delincuentes cuando buscan un camino para quedarse,” lamentó Cristina Ramírez, defensora de derechos laborales.

Un llamado urgente

Rigoberto Hernández no está solo. Pero su caso es un símbolo poderoso de cómo políticas mal ejecutadas pueden destruir el espíritu de alguien que solo buscaba servir con dignidad. Con cada día que pasa en el Centro de Detención de Tacoma, la promesa de América como tierra de oportunidades se desvanece un poco más.

Mientras el fuego forestal se sigue extendiendo, las prioridades del gobierno parecen más enfocadas en el control migratorio que en valorar la vida y el sacrificio de quienes marchan directo al humo, a la ceniza, a la adversidad. La historia de Rigoberto Hernández es un recordatorio directo: a veces, los bárbaros no están fuera, sino al mando del sistema.

¿Y ahora qué?

Los abogados de Rigoberto esperan una decisión judicial en las próximas semanas. Mientras tanto, la presión pública —tanto a nivel local como nacional— sigue creciendo. La comunidad latina, trabajadores rurales y activistas por los derechos migratorios exigen una revisión urgente al proceder del ICE en contextos de emergencia.

Este caso plantea preguntas fundamentales: ¿Debe haber zonas libres de detención para proteger a quienes asisten en desastres? ¿Deben suspenderse procesos migratorios durante emergencias para salvaguardar la respuesta comunitaria? ¿Cómo se protege de verdad a los portadores de Visa U durante su espera?

Estas son llamas que no se apagan con silencio. Estas son llamas que arden en la conciencia de una nación entera.