El Lío Salarial en Carolina del Sur: ¿Una Cuestión de Principios o de Supervivencia Política?

Una batalla legal que congeló los pagos legislativos

En Carolina del Sur, los legisladores no han recibido pagos desde julio de 2023 debido a una disputa legal en torno al primer aumento de su compensación en tres décadas. Todo comenzó cuando el senador estatal republicano Wes Climer presentó una demanda ante el Tribunal Supremo del estado, argumentando que el aumento violaba la Constitución de Carolina del Sur.

La cláusula en el presupuesto que desencadenó la controversia buscaba incrementar la llamada "compensación en el distrito" de 1,000 a 2,500 dólares mensuales. Esta partida presupuestaria, históricamente ambigua en cuanto al uso y fiscalización de sus fondos, fue aprobada sin mayor oposición en ambas cámaras legislativas. Pero Climer alegó que un aumento salarial no puede aplicarse sin esperar a la siguiente elección legislativa, como lo establece la Constitución estatal.

El golpe judicial: suspensión total de pagos

En una inesperada decisión a finales de junio, justo antes de que el aumento entrara en vigencia, el Tribunal Supremo no solo bloqueó el nuevo monto, sino también la compensación existente de $1,000 mensuales. Esto dejó a los 46 senadores y 124 miembros de la Cámara baja sin ingresos para actividades legislativas, lo que ha afectado su capacidad para realizar funciones básicas, como reuniones vecinales o la compra de equipo de oficina.

Algunos legisladores han tenido que recurrir a sus salarios privados para cubrir los costos asociados con la representación de sus distritos. El representante demócrata Hamilton Grant, por ejemplo, ha cancelado los ayuntamientos programados en su distrito de Columbia. “Sea uno republicano o demócrata, no deberíamos poner dinero de nuestro bolsillo para cumplir con nuestras obligaciones públicas”, afirmó Grant.

¿Un aumento tardío y poco transparente?

La propuesta de aumento se presentó en las etapas finales del proceso presupuestario. El senador republicano Shane Martin defendió el incremento, argumentando que la inflación y los costos modernos hacían obsoleta la cantidad existente. Curiosamente, su intervención en el Senado duró apenas 30 segundos y no generó oposición significativa en el debate. Fue recién al día siguiente, con la difusión mediática del aumento, que empezó a crecer el rechazo popular y político.

En términos comparativos, la remuneración actual de un legislador en Carolina del Sur se ubica entre las más bajas del país. Según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), el salario bruto anual es de $22,400, incluyendo pagos por gastos en distrito. Muy por debajo de otros estados con legislaturas a tiempo parcial como Alabama o Tennessee.

La verdadera brecha: ¿quién puede permitirse servir?

Grant asegura que ejercer como legislador le toma, en la práctica, tiempo completo. Como líder de una organización sin fines de lucro, siente el desgaste financiero continuo. “No es solo una cuestión de salario, es de acceso. Las decisiones políticas se alejan de la realidad del ciudadano común si solo jubilados o abogados pueden darse el lujo de servir”, expresó.

La baja remuneración limita la diversidad dentro del poder legislativo. Mientras California y Nueva York pueden legislar con cuerpos compuestos por maestros, enfermeros, obreros y técnicos, gracias a sus sueldos ajustados a tiempo completo (superiores a $100,000/año), en Carolina del Sur predomina un perfil homogéneo en la Asamblea: retirados y profesionales del derecho.

¿Sacrificio o vocación? El otro lado del debate

Pero Climer sostiene otro punto de vista. Para él, este tipo de servicio público implica una renuncia voluntaria y consciente al lucro. “El servicio público es un sacrificio por el bienestar de vecinos y amigos. Si estás en esto por el dinero, simplemente no deberías estar”, declaró.

Climer añade que su demanda le ha granjeado más críticas que aplausos dentro del Capitolio estatal. “Fue la única forma de hacer lo correcto”, agregó. Su abogado, Dick Harpootlian —exsenador demócrata con reputación de disruptor del establishment—, argumentó que el aumento fue insertado con intención de evadir el escrutinio público.

Según algunos analistas, este episodio revela las vulnerabilidades institucionales del estado: la falta de control sobre "gastos en el distrito", el escaso debate legislativo sobre temas delicados y la ambigüedad legal que termina en los tribunales.

La Corte Suprema decidirá el 22 de octubre

Tanto Climer como los defensores del incremento ya han presentado sus escritos legales. Los alegatos orales están programados para el 22 de octubre. Mientras tanto, los pagos seguirán suspendidos, y los legisladores tendrán que esperar hasta el inicio de la próxima sesión en enero de 2026 para recibir un pago retroactivo de $10,400 en compensación legislativa.

En sus argumentos, los abogados que cuestionan el aumento afirmaron que “solo la intervención de esta Corte puede rescatar a nuestra Constitución del abierto desprecio del poder legislativo”. Por su parte, los abogados del Senado respondieron que esa postura “menosprecia el juicio del electorado y de los colegas electos de Climer”.

El trasfondo político: simbolismo y estrategia

Este conflicto va más allá de lo económico. Es una lucha por la integridad institucional en un sistema donde las reglas de rendición de cuentas parecen laxas. También es un pulso partidista donde legisladores republicanos como Climer, que se oponen a la medida, buscan tejer un discurso de ética política ante el electorado. De hecho, antes de la suspensión judicial, 40 legisladores (todos republicanos) ya habían rechazado aceptar el aumento.

En última instancia, este caso servirá como un precedente jurídico clave sobre los límites del poder presupuestario del Congreso estatal. También alimentará el debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre la vocación de servicio y la compensación adecuada para los funcionarios electos en estados con legislaturas a tiempo parcial.

Como bien lo resume Grant: “No se trata de enriquecerse, se trata de poder representar sin endeudarse”.