Justicia a medias: El caso Jarius Brown y la impunidad policial en Luisiana

Una paliza que duró minutos, pero dejó huellas para siempre

Jarius Brown, de solo 25 años en 2019, fue arrestado en Luisiana tras presuntamente robar un automóvil. Esa noche, en el centro de detención de DeSoto Parish, dos agentes del sheriff lo llevaron a una rutina estándar: una revisión corporal en una sala de lavandería. Lo que ocurrió en los seis minutos siguientes es una muestra estremecedora de brutalidad policial.

El video, revelado tras años de esfuerzos legales, muestra algo que ni el propio informe del sheriff intentó justificar. Brown, completamente desnudo y esposado, fue golpeado más de 50 veces por dos agentes mientras era lanzado contra las paredes y el piso. Sufrió una nariz rota, la cuenca del ojo fracturada y un rostro tan inflamado que apenas podía reconocerse.

Reacción inicial: una mezcla de castigos livianos y negación estatal

La respuesta del Departamento del Sheriff fue, al principio, lo único que parecía sensato: uno de los agentes, Javarrea Pouncy, renunció, y el otro, DeMarkes Grant, fue suspendido. Pero la narrativa dio un giro alarmante cuando la Policía Estatal de Luisiana respaldó, tras meses de inacción, la versión de que Brown era el agresor.

“No había forma de defender lo que se ve en ese video,” dijeron los informes internos del sheriff. Sin embargo, la Policía Estatal determinó que no había evidencia suficiente para considerar criminal la golpiza. Brown tardó más de un año en ser entrevistado y, cuando el proceso se completó, lo tildaron de “drogado” y “no interesado” en proceder judicialmente. Nada más lejos de la verdad.

La llegada del Departamento de Justicia federal

Frente a la inacción estatal, el caso llamó la atención de los fiscales federales. Su conclusión fue diametralmente opuesta: Brown fue víctima de fuerza excesiva y los oficiales intentaron encubrir lo ocurrido mediante reportes falsos y versiones distorsionadas.

El agente Pouncy fue condenado y sentenciado a tres años de prisión federal por uso excesivo de fuerza. Grant recibió diez meses por obstrucción de la justicia. El primero no quiso declarar; el segundo solo dijo: “Lo que pasó, pasó”, sin mostrar remordimiento explícito.

Expertos independientes: "Excesivo y sin justificación"

Charles “Joe” Key, un exteniente de policía de Baltimore conocido por testificar a favor de cuerpos policiales, revisó el video para medios nacionales. Su conclusión fue tajante: no había nada que justificara el nivel de violencia desplegado contra Brown.

“Esto fue una represalia. Cualquier oficial que vea ese video y no lo reconozca como abuso no es competente ni veraz,” dijo Andrew Scott, ex jefe de policía de Boca Ratón, Florida.

Ni siquiera los agresores llevaron a Brown al hospital. Fue el propio alcaide quien notó la gravedad de las heridas y ordenó asistencia médica.

Un patrón repetido: Más casos de abuso en DeSoto Parish

El de Brown no es un caso aislado. Apenas un mes antes, otro agente fue acusado tras golpear brutalmente a un hombre afuera de un supermercado; evitó cargos a cambio de abandonar la profesión para siempre. También se registró el caso de otro agente acusado de violación en tercer grado, al forzar a una mujer arrestada a practicarle sexo oral.

Gary Evans, exfiscal del distrito de DeSoto, explicó que la Fiscalía local fue impedida de obtener el video por autoridades de la parroquia, y denunció una cadena de encubrimientos institucionales. El actual fiscal, Charles Adams, cerró la causa en 2021 siguiendo el dudoso informe de la Policía Estatal, convencido de que “habría hecho imposible una acusación en la corte estatal.”

El sistema legal como enemigo del ciudadano

Brown, hoy con 32 años, fue diagnosticado por su familia con un grave empeoramiento de su salud mental. Su padre, Derek Washington, afirmó que su hijo está incapacitado para funcionar en sociedad: no tolera multitudes, se encierra, y sufre paranoia constante.

“Piensa que todo el mundo quiere hacerle daño. Ya no es él. Es un desconocido,” lamenta Washington.

Intentaron recurrir al sistema judicial civil, pero una jueza local desestimó sus demandas, asegurando que la paliza no constituía un crimen violento. La decisión fue revocada por una corte de apelaciones. Hoy, el equipo legal de Brown, liderado por Michael Imbroscio y apoyado por la ACLU de Luisiana, busca una compensación por gastos médicos y daños psicológicos.

¿Dónde está la rendición de cuentas?

Mientras peligrosa retórica nacional gana terreno, como el llamado del expresidente Donald Trump a “desatar” a las fuerzas policiales, las agencias estatales parecen menos interesadas en supervisar correctamente la conducta de los cuerpos de seguridad. En este vacío, la responsabilidad queda, una vez más, en manos del Gobierno Federal, históricamente el último salvavidas para casos de brutalidad policial en comunidades rurales.

Cada elemento de este caso revela un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos más vulnerables, los revictimiza y los silencia. La impunidad, los retrasos intencionales, la falsificación de reportes y la denigración del fiscal para acceder a pruebas son prácticas que no pueden considerarse errores incidentales, sino prácticas estructurales.

Datos alarmantes: ¿Qué dicen las estadísticas?

• Según un estudio de Mapping Police Violence, 1,201 personas murieron en EE.UU. a manos de la policía en 2022, la cifra más alta registrada desde 2013.
• Solo uno de cada 100 casos de muertes causadas por agentes termina con una condena, según el mismo informe.
• La mayoría de estos incidentes ocurre en contextos donde los cuerpos policiales carecen de supervisión externa efectiva, como en zonas rurales del sur estadounidense.

La lucha civil contra el tiempo y el olvido

Casos como el de Jarius Brown muestran la enorme importancia de organizaciones como la ACLU, que luchan por extender el alcance del sistema jurídico civil en estados donde fuertes limitaciones estatales protegen a policías violentos con el argumento de inmunidad funcional o estatutos de limitación.

La historia de Brown no ha terminado, pero marca una frontera clara entre dos modelos de justicia: uno que calla, encubre e impide el acceso a pruebas, y otro que, aunque tardío, intenta restaurar algo del daño causado. Es una advertencia a quienes confían ciegamente en instituciones locales sin supervisión externa.

La búsqueda de justicia de Jarius Brown no es solo una historia personal. Es el reflejo de un sistema que, si no se reforma con urgencia, seguirá produciendo víctimas invisibles en las sombras del silencio institucional.