Trama, poder y censura: el caso de Jimmy Kimmel y la presión del gobierno sobre Disney

Las tensiones entre libertad de expresión, intereses empresariales y regulaciones gubernamentales alcanzan su clímax tras la suspensión del presentador y cómico más controversial de ABC

Jimmy Kimmel, uno de los rostros más reconocibles y polémicos del late night en Estados Unidos, ha sido suspendido de su programa en ABC, pero la decisión va mucho más allá de una simple controversia por sus chistes. Detrás de su salida del aire se encuentra una compleja red de intereses empresariales, presiones políticas de alto nivel y cuestionamientos sobre la libertad de expresión en una era marcada por la censura indirecta. Este artículo analiza en profundidad cómo el ecosistema mediático, político y corporativo convergió para poner en jaque a uno de los comunicadores más influyentes del país.

Una broma que cruzó la línea… ¿o solo molestó a los poderosos?

Todo comenzó cuando Kimmel hizo comentarios durante su programa burlándose de los simpatizantes del activista conservador Charlie Kirk, luego del intento de asesinato que este sufrió. Los comentarios fueron calificados como "repugnantes" por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, quien insinuó una posible investigación federal contra Kimmel y su cadena, ABC.

Horas después, dos de las mayores operadoras de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar Media Group y Sinclair Broadcasting, anunciaron que dejarían de retransmitir el show de Kimmel. Para los analistas, esta rápida cadena de eventos refleja no solo una represalia organizada, sino un ejemplo claro de coerción gubernamental disfrazada de decisión empresarial.

Disney y su relación con la Casa Blanca: entre el negocio y la presión política

La cadena ABC pertenece a Walt Disney Co., un conglomerado con tentáculos en todos los niveles del entretenimiento, desde parques temáticos hasta plataformas de streaming como Disney+ y ESPN+. Las decisiones oficiales que afectan a esta corporación pasan necesariamente por negociaciones con el Gobierno federal, que controla, entre otros aspectos, regulaciones de comunicaciones, licencias, fusiones y adquisiciones.

Durante la administración de Trump, no han sido pocos los enfrentamientos entre Disney y la Casa Blanca. Desde la crítica al programa de diversidad de la compañía (Reimagine Tomorrow), hasta investigaciones de la FCC y el Departamento de Justicia sobre prácticas antimonopólicas y recopilación de datos infantiles, Disney ha estado constantemente en la mira.

Entre los casos más relevantes:

  • Multa de $10 millones e imposición de cambios en su política de privacidad por recopilar datos de menores en sus plataformas.
  • Investigación antimonopolio por su intento de adquirir una participación en FuboTV.
  • Acuerdo por $15 millones para resolver una demanda por difamación presentada por Donald Trump contra ABC News y George Stephanopoulos.

Todo lo anterior ha llevado a que Disney actúe con extrema cautela, moderando incluso algunas de sus políticas de inclusión para evitar mayor escrutinio por parte del Gobierno.

Charlie Kirk, Disney y la cultura de la cancelación inversa

Charlie Kirk, a quien muchos consideran un símbolo del activismo conservador contemporáneo, se ha posicionando como una figura clave en la derecha mediática estadounidense. Su crítica constante hacia Disney y su postura en contra de las políticas inclusivas de la compañía formaron parte del trasfondo del conflicto.

En 2020, Kirk acusó a Disney de socavar "el tejido cultural de Estados Unidos" por cerrar Splash Mountain, una atracción basada en una película racialmente controversial de 1946. Además, denunció a la compañía como un vehículo de la agenda "woke" que, según él, margina las voces conservadoras.

Paradójicamente, la reacción del Gobierno de Trump a la broma de Kimmel evidencia una cancelación peinada de censura regulatoria, en manos de entidades que antes denunciaban esta misma práctica cuando afectaba a autores e ideas conservadoras.

Empresas mediáticas bajo presión

No solo Disney está sintiendo la fuerza de las presiones del actual clima político. Nexstar y Sinclair, los dos conglomerados que más estaciones afiliadas a ABC controlan (alrededor del 25%), también tienen sus propios intereses ante la administración federal:

  • Nexstar busca la aprobación del Gobierno para concretar su compra de Tegna, valorada en $6.2 mil millones.
  • Sinclair negocia con la FCC por errores en su documentación e intenta que se relajen las normas de propiedad de medios.

Ambas decisiones regulatorias son claves para su expansión, por lo cual su decisión de cortar el show de Kimmel podría analizarse como una forma de alinearse políticamente con las autoridades para asegurar sus objetivos empresariales.

¿Y la Primera Enmienda?

La polémica apagó la línea entre crítica y censura. Michael Eisner, exCEO de Disney, publicó un mensaje contundente en redes sociales: “¿Dónde está el liderazgo? Si los presidentes de universidades, los socios de firmas jurídicas y los directores ejecutivos no se enfrentan a los acosadores, ¿quién lo hará por la Primera Enmienda?”.

Incluso medios reconocidos por su inclinación conservadora, como The Wall Street Journal y The Free Press de Bari Weiss, expresaron preocupación:

“Cuando una cadena retira a una figura de alto perfil horas después de que el presidente de la FCC realiza una amenaza velada, ya no es una decisión empresarial. Es coerción gubernamental”, escribió The Free Press.

The Wall Street Journal, por su parte, recordó: “Los conservadores, que fueron víctimas de la cultura de cancelación durante tanto tiempo, deberían oponerse más que nadie a ella”

¿Qué sigue para Kimmel y el panorama mediático?

Disney está a la espera de múltiples aprobaciones clave del Gobierno, incluido el permiso para que ESPN adquiera derechos del NFL Network, una operación que también necesita luz verde de la administración Trump.

En este contexto, la empresa camina sobre hielo delgado. Defender abiertamente a Kimmel podría costarle caro desde un punto de vista político y financiero. Sin embargo, ignorar las implicaciones de su suspensión podría erosionar la credibilidad de sus valores corporativos ligados a la diversidad y la libertad creativa.

Mientras tanto, los comediantes y presentadores de otros programas se debaten entre solidarizarse con Kimmel o evitar poner en riesgo sus plataformas. Se abre así una nueva era post-cancelación en la televisión estadounidense, donde el miedo a consecuencias regulatorias sustituye al temor de perder patrocinadores o audiencias.

Una advertencia para la industria del entretenimiento

El caso de Jimmy Kimmel revela algo más profundo: la transformación del panorama mediático en un campo de batalla político, donde el humor puede convertirse en material explosivo y las decisiones editoriales están sometidas a un ajedrez de intereses gubernamentales, regulatorios y corporativos.

¿Puede protegerse la integridad artística o periodística cuando los jugadores del tablero tienen tanto que perder en la esfera política? ¿Será la comedia el nuevo punto de inflexión en la lucha por la libertad de expresión en América? Más allá de Kimmel, lo que está en juego es mucho más que un programa nocturno… es el derecho —cada vez más frágil— de cuestionar el poder sin temor a ser silenciado.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press