California contra los agentes enmascarados: ¿puede un estado frenar las deportaciones federales?

California acaba de encender una chispa política y legal al convertirse en el primer estado de Estados Unidos que prohíbe a la mayoría de los agentes del orden —incluidos agentes federales de inmigración— cubrirse el rostro durante actividades oficiales.

Esta medida responde directamente a un conjunto de redadas masivas realizadas recientemente por agentes federales en Los Ángeles, durante las cuales los oficiales portaban máscaras. Estas operaciones provocaron protestas de varios días y llamaron la atención del presidente Donald Trump, quien respondió enviando tropas de la Guardia Nacional y marines a la zona.

¿Qué implica esta nueva ley?

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en Los Ángeles, prohíbe expresamente a policías locales y a agentes federales —como los de ICE (Inmigración y Control de Aduanas)— el uso de pasamontañas, bufandas, mascarillas de esquí u otros accesorios que oculten su rostro mientras llevan a cabo procedimientos oficiales. No obstante, se hacen excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas como las N95 y equipo táctico.

Esta legislación no afecta a la policía estatal de California, pero sí apunta abiertamente a las fuerzas federales, especialmente a ICE, que han sido cada vez más activos bajo la administración Trump.

Una respuesta a las políticas migratorias de Trump

Newsom no escatimó en palabras al justificar la nueva ley:

“Lo que hace grande a California es también lo que hace grande a Estados Unidos: nuestra diversidad. Y eso está bajo ataque”, dijo en conferencia de prensa. “Estamos resistiendo las tendencias autoritarias de esta administración”.

En su declaración, Newsom hizo hincapié en el hecho de que el 27% de los residentes de California son inmigrantes, una cifra que supera con creces al promedio nacional y que convierte al estado en una de las entidades más diversas del país.

¿Puede California desafiar la autoridad federal?

Aquí es donde comienza una de las discusiones más complejas. A pesar de que California ha legislado en su propia jurisdicción, la capacidad para aplicar esta ley a agentes federales está en entredicho. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó públicamente la medida como “despreciable” y afirmó que pondrá en riesgo la seguridad de los oficiales.

Una alta funcionaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió el uso de máscaras por parte de los agentes:

“Los hombres y mujeres del CBP e ICE arriesgan sus vidas todos los días para arrestar a criminales ilegales violentos y proteger a los ciudadanos estadounidenses. Ocultar sus caras es, muchas veces, una medida para proteger su seguridad y la de sus familias”.

Desde el punto de vista legal, el debate gira en torno a si un estado puede imponer regulaciones a agentes federales. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley, sostiene que sí es posible, siempre que no interfiera significativamente con sus funciones:

“Los empleados federales deben respetar las reglas estatales generales, como detenerse en semáforos rojos mientras están en servicio”, escribió en el Sacramento Bee.

Un precedente nacional

California no está sola. Legisladores en otros estados como Illinois, Nueva York, Michigan, Massachusetts y Pensilvania han introducido propuestas similares. En conjunto, estas legislaciones representan una forma de resistencia al incremento de redadas migratorias y deportaciones masivas implementadas bajo la doctrina migratoria de Trump.

Por ejemplo, el miembro de la Asamblea, Al Muratsuchi (D-Torrance), impulsó otra ley conocida como California Safe Haven Schools Act, que impide a agentes de inmigración ingresar a escuelas y hospitales sin una orden judicial válida.

“Los estudiantes no pueden aprender si viven con miedo a ser deportados”, declaró Muratsuchi. “Este es un mensaje claro a Trump: mantengan a ICE fuera de nuestras escuelas”.

Entre el miedo y la legitimidad

Uno de los argumentos centrales a favor de la norma es que el uso de máscaras erosiona la confianza pública en las autoridades. Organizaciones de derechos civiles han documentado múltiples casos donde personas se hicieron pasar por agentes federales para cometer delitos, aprovechando la confusión generada por el rostro cubierto de los oficiales reales.

Por otro lado, los defensores del gobierno de Trump sostienen que el aumento en el odio hacia los agentes migratorios —que enfrentan hostigamiento público e incluso acoso en redes sociales— obliga a adoptar medidas de protección personal como el uso de máscaras.

Impacto en comunidades inmigrantes

Las redadas realizadas en Los Ángeles provocaron una ola de protestas ciudadanas que duraron varios días. En muchas comunidades de inmigrantes, especialmente las latinas e indocumentadas, el miedo ha impactado incluso en la asistencia escolar, el acceso a servicios médicos o el simple hecho de salir a trabajar.

Los funcionarios electos de California han señalado que esta legislación es parte de un esfuerzo más amplio por construir un estado santuario. Desde 2017, California ha liderado en la presentación de demandas judiciales contra la Casa Blanca relacionadas con inmigración. Hasta la fecha, se han registrado más de 40 demandas según datos del Departamento de Justicia del estado.

Protestas y contexto social más amplio

La ley firmada por Newsom llega en un contexto de efervescencia social. Apenas unos días después, en Nueva York, miles de manifestantes tomaron las calles reclamando justicia climática, fin a las políticas migratorias de Trump y mayores derechos para las comunidades indígenas, afrodescendientes y LGBTQ.

“El monstruo de arriba es el mismo en muchos escenarios”, dijo Tatiana Cruz, una de las activistas presentes en la marcha, quien agregó que su interés por la protesta comenzó luego de que dos amigos suyos fueran deportados.

¿Una confrontación inevitable?

Estamos, sin duda, ante una escalada de tensiones entre el gobierno federal y los estados llamados progresistas. California ha dejado claro que se piensa plantar frente a las políticas migratorias impulsadas por Washington, especialmente bajo una figura tan polarizante como Trump.

Sin embargo, esta batalla legal podría llegar a la Corte Suprema, especialmente si el gobierno federal decide impugnar la ley. DHS ya ha advertido que tomará “todas las medidas apropiadas para detener la obstrucción irresponsable” de estados como California, Illinois y Nueva York.

La cuestión de fondo es ésta: ¿qué nivel de autonomía tienen los estados para regular la actuación de agentes federales dentro de su territorio sin violar la Constitución?

Este es un precedente que bien podría definir la relación entre estados y gobierno federal en materia migratoria durante la próxima década. El uso de máscaras por parte de agentes migratorios puede parecer un asunto menor, pero detrás de ese simple objeto se esconden debates claves sobre seguridad, privacidad, derechos civiles y el alcance del poder federal.

Como afirmó Tamika Middleton, directora de la Women’s March:

“La crisis climática, las luchas económicas y por los derechos de inmigrantes son, en realidad, una sola gran lucha”.

California parece haberlo entendido. Y actuado en consecuencia.