El debate sobre antifa en EE.UU.: ¿terrorismo doméstico o discurso político?

¿Qué es realmente antifa?

Antifa es la abreviatura de “antifascista”, y se refiere a un movimiento descentralizado —no una organización formal— compuesto por diversos grupos que se identifican con la izquierda radical en Estados Unidos. Desde sus inicios ha tenido un objetivo claro: resistir y enfrentar el avance del fascismo, el racismo y la supremacía blanca.

Sin embargo, su imagen pública ha sido moldeada tanto por sus acciones como por sus detractores, especialmente dentro del Partido Republicano. Las expresiones de antifa abarcan desde la protesta pacífica hasta tácticas más disruptivas, lo que ha llevado a abrir un debate nacional sobre qué tan legítimo es catalogarlos como una amenaza a la seguridad nacional.

Trump vs. antifa: un enfrentamiento de años

Durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump mostró una fijación particular contra antifa, culpándolos de muchas de las protestas violentas en ciudades estadounidenses tras la muerte de George Floyd en 2020. Su postura resurgió con fuerza en septiembre de 2025, cuando firmó una orden ejecutiva para designar a antifa como una organización terrorista doméstica.

En sus propias palabras en redes sociales, Trump calificó al grupo como un “desastre radical de izquierda, enfermo y peligroso”, y aseguró que presionaría para investigar a sus presuntos financiadores. No es la primera vez que recurre a esta estrategia: el entonces fiscal general William Barr también atribuyó tácticas “tipo antifa” a agitadores durante las protestas de 2020.

El dilema legal: ¿puede el presidente hacer esto?

El principal obstáculo para la designación de antifa como grupo terrorista doméstico radica en la legislación estadounidense actual. A diferencia de los grupos extranjeros, enlistados por el Departamento de Estado, no existe una lista oficial de organizaciones terroristas nacionales debido a las protecciones constitucionales que permite la Primera Enmienda.

El Grupo de Investigación del Congreso (CRS) señala que las leyes actuales no permiten al Departamento de Justicia clasificar “formalmente” a un grupo nacional como terrorista sin atravesar zonas grises legales, entre ellas el derecho a la libre asociación y expresión política.

Entonces, ¿qué implica realmente esta orden ejecutiva? Poco, legalmente hablando. Pero como herramienta política, tiene un poder significativo: redirige recursos federales hacia la vigilancia y posible procesamiento de activistas y agrupaciones vinculadas con el antifascismo militante.

Estrategias de antifa: entre la protesta y el enfrentamiento directo

De acuerdo con un informe del CRS de 2018, los simpatizantes de antifa suelen abarcar una gama de acciones dentro y fuera de la legalidad. Esto incluye:

• Organizar protestas y contraprotestas contra eventos de extrema derecha.
• Hacer pública la información personal de individuos considerados como supremacistas blancos (una práctica conocida como doxxing).
• Impulsar la cancelación de conferenciantes u organizadores “con inclinaciones fascistas” en universidades y espacios públicos.
• Participar en entrenamientos de autodefensa.

Uno de los casos más emblemáticos fue la contra-protesta organizada en Charlottesville, Virginia, en 2017, en respuesta a una marcha de supremacistas blancos que terminó con el asesinato de Heather Heyer. También se les ha vinculado con enfrentamientos en Portland, Oregón, y Washington D.C., particularmente con miembros de Proud Boys y otras agrupaciones de extrema derecha.

¿Qué busca Trump con esta designación?

En el contexto político actual, la ofensiva contra antifa sirve como una poderosa herramienta de movilización ideológica. Para Trump, alimenta la narrativa de que América está amenazada “desde dentro”, por fuerzas radicales como las que supuestamente representa antifa. Su retórica se alinea con una estrategia electoral en la cual posicionarse como el defensor del “orden y la ley” gana terreno entre sus votantes más conservadores.

Su orden ejecutiva cita directamente a antifa como un grupo que “usa medios ilegales para ejecutar una campaña de violencia y terrorismo con el objetivo de derrocar al gobierno de Estados Unidos”. También ordena a las agencias federales utilizar sus competencias para investigar, interrumpir y desmantelar operaciones ilegales del grupo o cualquier individuo que actúe en su nombre.

Un marco normativo inexistente

El problema que enfrenta esta medida no es moral, sino legal. A diferencia de países como Francia o Alemania, donde ciertos partidos o grupos ideológicos pueden ser removidos del ámbito legal por representar amenazas al orden constitucional, Estados Unidos se rige por una interpretación amplia del derecho a la libre expresión. Esto implica que, a menos que un participante de antifa cometa un crimen, su afiliación o ideología no puede ser castigada en sí misma.

Así lo explica Mary McCord, exfiscal del Departamento de Justicia: “Designar como terrorista a un grupo descentralizado, sin liderazgo, ni estatuto legal, sería simplemente imposible sin vulnerar la Constitución” (NPR, 2020).

¿Un símbolo político más que jurídico?

El uso de órdenes ejecutivas para enfatizar amenazas internas no es nuevo. Sin embargo, su efecto legal puede ser limitado, mientras su impacto político y mediático es inmediato. La orden firmada por Trump no proporciona una hoja de ruta legal clara, ni crea nuevas figuras penales, pero sí valida una narrativa que asocia el activismo radical de izquierda con terrorismo.

Esto es particularmente alarmante para organizaciones de derechos civiles como ACLU (American Civil Liberties Union), que han advertido que el peligro de este enfoque radica en que “criminaliza la disidencia” y abre la puerta a abusos por parte de las fuerzas del orden.

Contexto actual: elecciones, protestas y polarización

La designación de antifa como enemigo público recibe renovado enfoque a medida que se aproximan las elecciones presidenciales. La muerte del activista conservador Charlie Kirk y los enfrentamientos con grupos como antifa han sido utilizados para avivar la polarización. Trump insiste que perseguirá a los responsables si recibe apoyo del fiscal general y su gabinete.

Todo esto ocurre en un contexto donde el Congreso enfrenta desafíos presupuestarios y amenazas de un posible cierre de gobierno. Trump, previo a reunirse con los líderes demócratas, ha dejado claro que confrontar “la amenaza de la izquierda radical” está en el tope de su agenda.

Antifa como punto ciego del debate estadounidense

Paradójicamente, mientras el país enfrenta desafíos complejos como la violencia armada, los crímenes de odio, y la desinformación electoral, se invierte una gran cantidad de energía política en combatir a una agrupación descentralizada con presencia minoritaria. Según estimaciones del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo, menos del 5% de los arrestos durante las protestas de 2020 estuvieron vinculados a personas identificadas como antifa.

Además, estadísticas del FBI hasta comienzos de 2023 indican que grupos de derecha extrema y supremacistas blancos han sido responsables de más del 90% de los crímenes de odio con motivación política registrados en la última década. Frente a esto, clasificar antifa como “el enemigo interno” parece una jugada calculada, más orientada a complacer a ciertas bases que a ofrecer soluciones reales.

¿Hacia dónde va este debate?

Veremos un aumento continuo en el uso de la narrativa antifa, particularmente en publicaciones políticas, debates presidenciales e incluso legislación estatal. Ya se han documentado intentos en estados como Florida y Texas para penalizar simbologías o slogans asociados con el movimiento.

No obstante, el futuro legal de esta designación es incierto. Mientras no se modifique la Constitución o se cree una normativa federal específica de terrorismo interno, la iniciativa de Trump podría quedar como una pieza más de propaganda política con poco alcance real. Eso sí: sentará precedentes peligrosos si futuras administraciones intentan replicar esta táctica con otros sectores ideológicos.

Como escribió el historiador estadounidense Timothy Snyder en su libro Sobre la tiranía: “El estado comienza a convertirse en tiránico el día en que decide que protestar es una forma de terrorismo”.