Haití en llamas: drones, bandas y la militarización extranjera de la violencia

Una nueva tragedia en Cité Soleil

El 14 de septiembre de 2025, el barrio de Cité Soleil, en el corazón de Puerto Príncipe, volvió a ser el epicentro del dolor para decenas de familias haitianas. Esta vez, la causa no fueron enfrentamientos entre bandas o agentes gubernamentales: fueron drones explosivos lanzados, presuntamente, por las fuerzas del orden público. Ocho niños y cinco adultos murieron, y al menos seis menores más resultaron heridos gravemente.

La comunidad, dominada por la coalición de pandillas Viv Ansanm —designada como organización terrorista por el gobierno estadounidense—, fue blanco de un ataque que tenía como objetivo a Albert Steevenson (alias "Djouma"). Este líder pandillero habría estado celebrando su cumpleaños y repartiendo obsequios a niños del lugar.

Las víctimas, el rostro más amargo de la violencia

Claudia Bobrun, madre de una niña fallecida, lloraba mientras mostraba en su celular una imagen demoledora: su hija de ocho años yacía ensangrentada en una calle de tierra. Otro testimonio, el de Michelis Florville, reveló cómo perdió en segundos a dos nietos y a su hijo. “La gente corría para cualquier lado”, recordó, mientras el humo aún despejaba el aire.

Historias como estas se repiten de forma alarmante. Nanouse Mertelia no puede olvidar a su hijo, a quien encontró sin un brazo y sin una pierna. “Me pidió que lo llevara al hospital, pero perdió demasiada sangre. Murió en mis brazos”, relató con la voz quebrada.

Drones explosivos: ¿ataques quirúrgicos o masacres arbitrarias?

El uso de drones explosivos en Haití no es nuevo. Desde marzo de este año, organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples operaciones “kamikaze” lanzadas desde el aire, bajo el pretexto de eliminar cabecillas de pandillas. Sin embargo, las víctimas han sido, en su mayoría, civiles: niños, mujeres, familias enteras.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) de Haití denunció que la policía lanzó drones en Cité Soleil sin tomar en cuenta la alta densidad de población civil. “Los drones no deben ser selectivos cuando se trata de matar, pero sí deben respetar la vida de inocentes. Es inadmisible que los líderes criminales sigan caminando libremente mientras los civiles pagan el precio más alto”, indicaron en un comunicado.

Un operativo sin supervisión: la fuerza especial fantasma

La operación no fue ejecutada de forma convencional. Desde inicios de 2025, el gobierno haitiano permitió la creación de una fuerza especial integrada por unidades de policía y contratistas extranjeros, cuya supervisión corre por cuenta de un oscuro entramado administrativo. No pertenece oficialmente a la Policía Nacional de Haití ni responde directamente al Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

Según investigaciones de la prensa local, estos operativos estarían siendo coordinados con apoyo de Vectus Global, firma de seguridad presidida por Erik Prince, ex miembro de los Navy SEALs de EE. UU. y fundador de la polémica Blackwater. El plan contempla el despliegue de 200 mercenarios en Haití, tanto para labores de seguridad como de combate directo contra bandas.

¿Intervención humanitaria o privatización del conflicto?

Este fenómeno no es nuevo en la historia contemporánea, pero sí alarmante en el contexto de Haití. Se repite el patrón observado en Irak y Afganistán durante los años 2000, en que la guerra se tercerizó en manos de contratistas privados. “Lo que estamos viendo en Haití es el laboratorio de un nuevo tipo de ocupación militar: sin tropas oficiales, sin banderas, sin responsabilidad”, señaló la periodista y activista haitiana Monique Clesca en entrevista con Le Nouvelliste.

El problema, como siempre, lo pagan los civiles. Hasta septiembre de 2025, según la ONU, más de 5.000 haitianos han muerto o resultado heridos en incidentes ligados a bandas o a operativos de seguridad, muchos de ellos civiles. Y cerca de 200.000 personas se han visto forzadas a desplazarse por estallidos de violencia. Haití vive lo que algunos llaman una guerra informal sin ejército.

¿Y el papel de la comunidad internacional?

La misión respaldada por la ONU, liderada por fuerzas kenianas, suma solamente 991 efectivos de los 2.500 prometidos, y tiene un fondo de $112 millones, insuficiente frente a los $800 millones que estiman se necesitan anualmente. La lentitud, la burocracia y la falta de voluntad política están dejando vía libre a soluciones improvisadas y peligrosamente militarizadas.

“Estamos abandonando nuestra responsabilidad colectiva hacia Haití, lo cual abre la puerta a empresas privadas armadas que operan por fuera de todo escrutinio. Ese vacío lo paga el pueblo haitiano en sangre”, afirmó Carlos Ruiz Massieu, representante especial de la ONU para Haití, el pasado mes de agosto.

El ascenso de las bandas y la paradoja del control territorial

Mientras tanto, bandas como Viv Ansanm, G-9 y 400 Mawozo continúan extendiendo su control sobre barrios enteros y rutas estratégicas. El caso de Jimmy Chérizier (alias "Barbecue"), líder visible del G-9, es paradigmático. A pesar de ser señalado por decenas de crímenes, da conferencias de prensa, patrulla con su grupo y se presenta como una suerte de redentor social.

La paradoja haitiana es evidente: las bandas reemplazan al Estado, distribuyen comida, imponen su propia justicia (brutal, claro está), y hasta organizan celebraciones comunitarias como la que terminó en tragedia en Cité Soleil.

¿Hacia dónde camina Haití?

En medio de una crisis sistémica donde no hay elecciones desde 2016; sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021; y bajo gobiernos transicionales que parecen más delegados internacionales que representantes legítimos, Haití sigue atrapado en una espiral sin salida.

La militarización extranjera no es la solución, pero parece ser la única vía que hoy los actores internacionales están dispuestos a financiar. Mientras tanto, la población haitiana sobrevive entre drones, balas y un silencio internacional casi absoluto.

Como dijo un vecino de Cité Soleil, que prefirió resguardar su identidad: “Aquí ya ni siquiera lloramos; solo enterramos y seguimos esperando nuestro turno”.

Datos para entender el contexto

• Muertos por violencia armada en Haití en 2025: más de 5,000 (fuente: ONU).
• Desplazados internos: aproximadamente 200,000 personas.
• Miembros activos de la banda Viv Ansanm: se estima entre 3,000 y 4,500.
• Presupuesto estimado para operar la misión conjunta: $800 millones/año.
• Presupuesto recaudado hasta septiembre: $112 millones.

Un llamado urgente

Haití necesita algo más que seguridad tercerizada. Requiere una reconstrucción institucional profunda, rendición de cuentas, justicia para las víctimas y, ante todo, un compromiso mundial real con el pueblo haitiano, no con sus recursos ni con sus rutas estratégicas. Las vidas de sus niños así lo demandan.