Juez federal desbloquea proyecto eólico Revolution Wind frente a la costa este de EE.UU.

Un fallo que sacude la política energética y de seguridad de EE.UU.

El desarrollo energético y la seguridad nacional, a menudo considerados prioridades paralelas, chocaron recientemente en los tribunales de Estados Unidos. El proyecto de energía eólica "Revolution Wind", que promete abastecer aproximadamente el 2.5% de las necesidades eléctricas de los estados de Rhode Island y Connecticut, había quedado paralizado por una orden del gobierno federal. La razón, según se alegaba, eran preocupaciones de seguridad nacional que nunca se explicaron públicamente.

Sin embargo, el juez federal Royce Lamberth cambió el rumbo legal en una audiencia llevada a cabo el lunes en la Corte del Distrito de Columbia. El magistrado otorgó una orden judicial preliminar que permitirá reanudar de inmediato el trabajo en el proyecto, valorado en más de 5,000 millones de dólares. La decisión se produce en un momento crucial: con un 80% del proyecto completado y más de 1,000 trabajadores involucrados, el retraso estaba generando pérdidas diarias por 2.3 millones de dólares.

El origen del conflicto: ¿una pausa por seguridad nacional?

Desde el 22 de agosto de 2024, el proyecto Revolution Wind estaba suspendido por orden de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM), una agencia del Departamento del Interior. Hasta la fecha, la agencia no ha detallado públicamente cuáles fueron las supuestas preocupaciones de seguridad nacional que motivaron esa decisión.

Los principales impulsores del proyecto, la empresa danesa Ørsted y su socio Skyborn Renewables, no tardaron en presentar una demanda en un tribunal federal. Argumentaban que la suspensión era injustificada y podría implicar la pérdida del proyecto completo, además de miles de empleos directos e indirectos.

Impacto financiero y riesgo de colapso técnico

Durante la audiencia, el juez Lamberth abordó los costos devastadores de la pausa. Subrayó que, si el proyecto no sigue adelante con urgencia, perdería el acceso a un barco especializado indispensable para completar la instalación de los aerogeneradores. Ese barco estaría disponible nuevamente solo en 2028. Dado ese contexto, declaró:

“No tengo duda alguna de que los demandantes sufrirán un daño irreparable”,

justificando así su decisión de levantar la prohibición temporal.

Además del costo financiero, la cancelación hubiera supuesto una pérdida significativa en materia climática y energética para EE.UU. Ørsted calculó que, de anularse el proyecto, las pérdidas superarían los 1,000 millones de dólares adicionales.

El papel de Revolution Wind en la transición energética

Ubicado a unos 24 kilómetros al sur de la costa de Rhode Island, Revolution Wind no es solo un hito en infraestructura; también es parte fundamental en los objetivos climáticos de Estados Unidos. Se trata del primer parque eólico marino a gran escala para ambas regiones y podría convertirse en modelo para futuros desarrollos energéticos en la Costa Este.

Con una capacidad instalada prevista de 704 MW, se estima que podrá abastecer electricidad a más de 350,000 hogares cuando esté en pleno funcionamiento. El proyecto incluye también una serie de beneficios comunitarios y garantías laborales para los residentes.

Cabe destacar que Rhode Island ya cuenta con una instalación pionera, Block Island Wind Farm, con solo cinco turbinas. Revolution Wind representa una escala completamente diferente y un avance hacia el cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo de París.

Silencio oficial frente a la controversia judicial

Pese al fallo judicial que permitió continuar con los trabajos, ni la BOEM ni el Departamento del Interior han realizado declaraciones detalladas al respecto. Según medios estadounidenses, una fuente oficial afirmó simplemente que el Departamento no comenta sobre litigios en curso. Esta opacidad ha sido criticada tanto por los desarrolladores del proyecto como por las autoridades estatales de Rhode Island y Connecticut, que también se unieron a la demanda contra la suspensión federal.

El contexto político: la energía eólica en la mira

Este episodio no puede analizarse de manera aislada. Durante los últimos años, el crecimiento de la energía eólica —especialmente marina— ha recibido respaldo formal por parte de las administraciones federales, pero también ha encontrado resistencias internas vinculadas al lobby energético y, en ocasiones, a argumentos de seguridad nacional.

La administración Trump, por ejemplo, fue históricamente crítica con la energía eólica. En 2019, el entonces presidente Donald Trump incluso afirmó que los aerogeneradores “causan cáncer”, en declaraciones que fueron ampliamente desmentidas por la comunidad científica. Aunque la posición federal ha cambiado con distintas administraciones, perdura una tensión entre crecimiento verde y protección nacional que se expresa, como en este caso, en decisiones ejecutivas.

Una apuesta global: Ørsted y la energía danesa

Ørsted, una empresa con raíces en Dinamarca, es actualmente uno de los actores más influyentes en el desarrollo de energía renovable a nivel mundial. En Estados Unidos, se espera que sus inversiones en parques eólicos —incluyendo Revolution Wind, South Fork Wind (NY) y Skipjack Wind (MD)— superen los 10,000 millones de dólares en la próxima década.

Su participación en EE.UU. ha sido clave para estimular también la cadena de suministro doméstica, incentivando la producción local de componentes, el desarrollo de puertos e incluso la formación profesional para trabajadores especializados en montaje de turbinas y mantenimiento.

Papel de los estados: impulso local frente a trabas federales

Lo más llamativo de este caso es que la demanda legal contra el gobierno federal no surgió solo de empresas privadas. Los gobiernos estatales de Rhode Island y Connecticut se unieron como partes demandantes, una señal inequívoca de que los estados están dispuestos a confrontar decisiones que consideren perjudiciales para sus estrategias climáticas y económicas.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, y su par de Connecticut, Ned Lamont, han sido férreos defensores del proyecto desde su concepción. Ambos han reiterado que Revolution Wind es clave no solo para alcanzar las metas estatales de reducción de emisiones, sino también para crear empleos bien remunerados en sectores estratégicos.

“Esta infraestructura representa nuestro futuro energético. No permitiremos que decisiones indefinidas basadas en argumentos vagos de seguridad nacional socaven años de planificación”, declaró un funcionario del estado de Connecticut bajo condición de anonimato.

Un precedente que podría marcar jurisprudencia

El fallo del juez Lamberth podría tener consecuencias de largo alcance. No solo permite completar Revolution Wind; también sienta un precedente sobre cómo los desarrolladores pueden defender sus proyectos ante suspensiones federales injustificadas. Con varios megaproyectos pendientes de aprobación o en etapas incipientes a lo largo de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Virginia, la decisión judicial será seguramente citada en procesos similares.

Entre turbinas e intereses estratégicos

Finalmente, este caso se inscribe dentro de una pregunta más amplia que Estados Unidos —y el mundo— debe resolver: ¿cómo equilibrar la necesidad urgente de una transición energética con los imperativos de seguridad nacional?

Mientras que algunos sectores piden un mayor escrutinio sobre participación de empresas extranjeras (como Ørsted) en proyectos energéticos cruciales, otros reclaman agilidad, transparencia y compromiso estatal para no bloquear avances vitales en materia climática.

Por ahora, Revolution Wind vuelve a girar. Queda por ver si el viento seguirá soplando a favor o si nuevas tormentas judiciales y políticas emergerán en el horizonte.