La pena de muerte en Singapur: justicia o castigo desmedido

Datchinamurthy Kataiah, un ciudadano malasio de 39 años, se encuentra al borde de la muerte por haber sido condenado en Singapur por tráfico de drogas. Su ejecución está programada para este jueves en la prisión de Changi, lo que reaviva el debate internacional sobre la aplicación de la pena de muerte en países con leyes antidrogas extremadamente estrictas.

La ley en Singapur: tolerancia cero

Singapur es conocido por tener una de las legislaciones antidrogas más severas del mundo. En la ciudad-estado, portar más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis es considerado tráfico y conlleva automáticamente la pena de muerte.

Datchinamurthy fue arrestado en 2011 por ingresar a Singapur con unos 45 gramos de heroína. Aunque su ejecución estaba programada originalmente para 2022, logró un aplazamiento de última hora debido a una apelación legal que, finalmente, fue desestimada en agosto.

¿Justicia o castigo desproporcionado?

Activistas de derechos humanos y agrupaciones como Transformative Collective Justice y Amnistía Internacional se han pronunciado en contra de este tipo de castigos, argumentando que el sistema judicial singapurense castiga de manera desproporcionada a los traficantes de bajo nivel, a menudo utilizados por redes más grandes que rara vez son perseguidas.

"Mi hermano nunca negó la responsabilidad, pero cree que el castigo es demasiado severo para una acción que cometió por ingenuidad y necesidad", expresó Rani, hermana de Datchinamurthy, en una carta leída durante una conferencia de prensa organizada por ONG malayas y singapurenses.

Un panorama regional disímil

Mientras que Singapur ha aumentado su ritmo de ejecuciones —pasando de cinco en 2022 a nueve en 2023, según Amnistía Internacional—, su vecino Malasia abolió la pena de muerte obligatoria en 2023, conmutando más de 1,000 condenas a muerte.

Esto resalta una profunda disparidad de enfoques judiciales en el sudeste asiático. Por un lado, naciones como Singapur justifican su estricta legislación como una medida necesaria para frenar el narcotráfico, un problema grave en la región. Por otro lado, países como Malasia están adoptando un enfoque más humanitario, reconociendo que la pena de muerte no es un disuasivo efectivo y puede terminar siendo una herramienta de injusticia, especialmente para personas vulnerables.

Ejecuciones en Singapur: ¿quiénes son los que mueren?

Los datos y patrones observados indican que una gran mayoría de los ejecutados en Singapur por delitos de drogas son extranjeros o ciudadanos de bajos recursos. Se convierten en chivos expiatorios de un sistema judicial inflexible:

• En 2022 y 2023, fueron ejecutados más de 10 ciudadanos extranjeros, muchos de ellos malasios.
• La ejecución de prisioneros ocurre normalmente entre uno o dos meses después de que su última apelación sea rechazada, aunque ha habido casos, como el de Datchinamurthy, en los que se logró postergar el castigo por más tiempo.
• El 70% de los ejecutados entre 2016 y 2023 fueron detenidos por tráfico y no por homicidios u otros crímenes violentos.

El primer gesto de clemencia desde 1998

En medio de esta política férrea, se presentó un hecho insólito en 2023: el presidente Tharman Shanmugaratnam, con la recomendación del nuevo primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, conmutó la pena de muerte a cadena perpetua a un ciudadano singapurense condenado por tráfico de drogas. Es el primer acto de clemencia de este tipo en el país desde 1998.

Este gesto fue recibido como señal de esperanza por numerosos grupos activistas, que lo citan como prueba de que el cambio es posible, incluso en contextos legales altamente restrictivos.

¿Disuadir o eliminar?

La pregunta central sigue siendo: ¿la pena de muerte realmente sirve para disuadir el narcotráfico? Estudios internacionales, incluyendo reportes del Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, han señalado la falta de evidencia contundente sobre el efecto disuasivo de la pena capital. De hecho:

• En países con penas severas, los índices de criminalidad no han mostrado reducciones proporcionales.
• El uso de la pena de muerte aparece más como una herramienta simbólica de “mano dura” que como una respuesta pragmática a redes de crimen organizado.

Además, muchas de las personas condenadas suelen haber sido obligadas, engañadas o presionadas para cometer estos actos, sin plena conciencia del alcance legal de sus decisiones.

La mirada internacional y el papel de Asia

Asia sigue siendo, según Amnistía Internacional, la región con mayor número de ejecuciones del mundo, especialmente debido a la opacidad reinante en países como China, Corea del Norte y Vietnam, donde no se revelan cifras oficiales.

El caso de Singapur, sin embargo, se desarrolla bajo el escrutinio público. Esto permite a las organizaciones internacionales hacer presión, como ya lo han hecho algunas enviando comunicados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de ASEAN.

La deuda pendiente de ASEAN

ASEAN, la agrupación económica y política del sudeste asiático, enfrenta hoy varios desafíos en su rol como mediador en derechos humanos. Activistas han solicitado a Malasia, que actualmente preside ASEAN, que asuma una posición firme para proteger a sus ciudadanos condenados fuera de sus fronteras.

“No pueden dejar que Singapur ejecute a sus ciudadanos mientras Malasia está haciendo lo contrario dentro de sus propios límites”, señaló Kokila Annamalai, directora de Transformative Collective Justice.

¿Un cambio necesario?

La ejecución de Datchinamurthy está programada para el mismo día en que su hermana cumple años. Eso, al igual que cientos de otros detalles humanos escudados tras leyes impersonales, muestra la urgencia de replantearse colectivamente cómo queremos impartir justicia.

La lucha continúa, no solo por él, sino por los más de 40 prisioneros en el corredor de la muerte en Singapur —muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes o personas con trastornos mentales no diagnosticados.

Tal vez sea momento de que Singapur, y el mundo, comprenda que una justicia efectiva no es la que castiga más, sino la que repara, previene y humaniza.