Trump, la Corte Suprema y el poder presidencial: ¿estamos ante el fin de las agencias independientes?

La política estadounidense vive momentos cruciales en su equilibrio institucional. El pasado lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que considerará una cuestión que podría redefinir la relación entre el presidente y las agencias federales independientes: anular una decisión de 1935 que limita la capacidad del ejecutivo para despedir a los miembros de juntas directivas en estos organismos.

En una decisión separada —pero sintomática del momento— la Corte permitió al expresidente Donald Trump proceder con la destitución de Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC), mientras el caso continúa. Esta señal, junto con fallos recientes en casos similares, apunta a un avance del poder presidencial sobre organismos que, históricamente, han operado de forma autónoma.

Una historia que arranca en los años 30

El precedente clave que ahora está en juego es Humphrey’s Executor v. United States, una decisión unánime de la Corte Suprema en 1935. En aquella época, el presidente Franklin D. Roosevelt intentaba implementar su ambicioso paquete del New Deal, pero chocó con un miembro de la FTC que se resistía a su plan. Tras intentar despedirlo sin una justificación formal, el comisionado llevó el caso a juicio y la Corte falló a su favor: los comisionados de agencias independientes solo pueden ser removidos por “mala conducta o negligencia en el deber”. Esta decisión sentó las bases para una era de agencias federales que operan sin interferencias partidarias.

Desde entonces, estas entidades se volvieron esenciales para la vida institucional de EE.UU. Se encargan de temas sensibles como el comercio (FTC), derechos laborales (NLRB), disputas entre empleados federales (MSPB) y muchos otros ámbitos.

Donald Trump y el nuevo impulso al poder del Ejecutivo

Pero el expresidente Trump —y ahora probablemente otro mandato en camino— quiere cambiar las reglas del juego. Su administración ha argumentado reiteradamente que el presidente debe poder despedir a cualquier funcionario del Ejecutivo por cualquier razón, en lugar de depender de criterios como “mala conducta”. Según su lógica, si el encargado de ejecutar la ley es el presidente, entonces también necesita el control sobre quienes forman parte del aparato regulador.

Como reportó el Solicitor General D. John Sauer, el impedimento de remover a funcionarios afecta “irreparablemente” al poder ejecutivo. Para Trump y sus aliados, permitir que los miembros de agencias no respondan directamente al presidente representa una amenaza a la eficiencia administrativa y una carga para la gobernabilidad.

Una Corte Suprema con mayoría conservadora

Esto sería inaceptable décadas atrás. Pero el panorama judicial ha cambiado. Con la designación de tres jueces conservadores por parte de Trump —Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett—, la Corte tiene ahora una clara mayoría conservadora 6-3 que ha demostrado ser históricamente favorable a reducir el alcance del “Estado administrativo”.

La postura de la Corte quedó manifiesta cuando, sin mayores explicaciones —como es costumbre en el llamado docket de emergencias—, los jueces permitieron el despido de Slaughter. Las juezas liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron. Kagan fue particularmente crítica, alegando que la mayoría está dando “control absoluto de todas esas agencias al presidente”.

¿Qué hay en juego realmente?

Mucho más que un simple despido está en discusión. De anularse Humphrey’s Executor, el presidente tendría poder discrecional para expulsar a funcionarios con nombramientos confirmados por el Congreso solo por no alinear sus decisiones con la agenda presidencial. Esto podría desmantelar el principio de que estas agencias representan la experticia técnica independiente, y politizar decisiones que deberían guiarse por el conocimiento especializado y no la conveniencia partidista.

Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio tiene el poder de investigar y sancionar grandes conglomerados tecnológicos por prácticas monopólicas. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) media en conflictos sindicales y supervisa elecciones de sindicatos. La Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB) revisa litigios iniciados por trabajadores públicos federales. Si sus integrantes son vulnerables a despidos casuales por parte del presidente, su imparcialidad queda amenazada.

Precedentes históricos y batalla legal

Este enfrentamiento entre ramas del poder no es nuevo. Ya en 2020, en el caso Seila Law LLC v. CFPB, la Corte dictaminó que el presidente puede despedir al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada tras la crisis del 2008, sin necesidad de demostrar negligencia.

Y en otras decisiones recientes, como Collins v. Yellen (2021), se sostuvo que el presidente también puede destituir al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA). Ambos fallos esbozan ya una tendencia a reinterpretar el equilibrio institucional a favor del ejecutivo.

Con la revisión próxima de Humphrey’s Executor, esa tendencia podría culminar en la eliminación total de protecciones para funcionarios de agencias independientes, redefiniendo el modelo político de los últimos 90 años.

El debate político se intensifica

Desde sectores conservadores, esta posibilidad se ve como una victoria para la “desregulación”. Para ellos, muchas de estas agencias se han convertido en “pequeños gobiernos” no electos que aplican normativas lejos del control ciudadano. Piensan que devolverle el control al presidente asegura responsabilidades más claras y evita exceso regulatorio.

Sin embargo, expertos legales no logran consenso. Algunos advierten que si los comisionados pueden ser despedidos según el vaivén político, disciplinas como el derecho de competencia o la regulación médica acabarán subordinadas a intereses electorales. Se altera la coordinación entre saber técnico y toma política de decisiones.

Además, abrir la puerta al despido discrecional podría facilitar nombramientos ligados al favoritismo, escaladas de corrupción o la parálisis completa de agencias incómodas para el poder.

¿Y si gana Trump otra vez?

La discusión gana aún más relevancia porque Trump parte como uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Si regresa a la Casa Blanca con un fallo de la Corte a su favor, podría reestructurar profundamente el gobierno sin necesidad del Congreso. Habría camino libre para cambiar directores de agencias clave, redireccionar normativas, suspender investigaciones regulatorias y mucho más.

Sería una agenda que no necesitaría negociaciones legislativas, sino solo designación de leales —y despido de críticos— desde la dirección del Ejecutivo.

¿Y el Congreso?

Muchas voces, incluso dentro del Partido Republicano, entienden que todo nuevo poder presidencial debería pasar por el Congreso, para preservar el juego de contrapesos que define a la Constitución.
Los abogados de Rebecca Slaughter insistieron precisamente en eso: “Si se van a otorgar nuevos poderes al presidente —que el Congreso ha prohibido expresa y repetidamente—, esa decisión debería venir de los representantes del pueblo”.

El futuro de las agencias independientes en la cuerda floja

La audiencia de este caso ante la Corte se celebrará en diciembre, si no hay cambios. Lo inusual es que el expediente no ha concluido aún su paso por tribunales inferiores; esto denota la urgencia o prioridad política que los jueces conservadores otorgan a la revisión del precedente de 1935.

Entretanto, otros funcionarios de agencias, incluido Gwynne Wilcox (NLRB) y Cathy Harris (MSPB), seguirán caminos paralelos en tribunales inferiores, en espera de lo que la Corte dictamine.

¿Corre peligro la independencia regulatoria?

En opinión de los críticos del giro conservador de la Corte, lo que está en juego es mucho más que un cambio normativo. Es el concepto mismo de control institucional equilibrado y separado de poderes. Autoridades designadas por mérito, confirmadas por el Senado y protegidas contra presiones partidarias podrían convertirse en figuras que deben su permanencia únicamente a su afinidad con el ejecutivo en turno.

Ese tipo de reconfiguración ha sido observada en modelos menos democráticos o más inestables políticamente, y podría implicar impactos duraderos en la confianza pública, la democracia deliberativa y la justicia regulatoria.

La interrogante está planteada frente a la Corte y el país: ¿Cuánto poder es demasiado poder para un presidente?