“La Ley de Iryna”: ¿justicia real o populismo punitivo en Carolina del Norte?

Por: Redacción Especial

El brutal asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, a manos de un hombre con antecedentes psiquiátricos y penales extensos, ha desencadenado una tormenta legislativa y mediática en Carolina del Norte. Más allá del doloroso crimen, la respuesta política ha abierto un nuevo capítulo en la eterna disputa entre seguridad, derechos humanos y justicia penal en Estados Unidos.

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna llegó a Estados Unidos escapando de la guerra en Ucrania, buscando seguridad y un nuevo comienzo. Sin embargo, encontró una trágica muerte en el sistema de transporte público de Charlotte, apuñalada por un hombre conocido por las autoridades locales: Decarlos Brown Jr., quien había sido arrestado más de una docena de veces, y liberado en enero tras una detención menor sin necesidad de fianza.

Brown fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y enfrenta también cargos federales, ambos castigables con la pena capital. Lo que distingue su caso es la combinación de violencia, enfermedad mental diagnosticada (esquizofrenia) y una serie de fallas administrativas que permitieron su libertad intermedia.

Nace “La Ley de Iryna”: reforma penal acelerada

En respuesta a la tragedia, la legislatura de mayoría republicana en Carolina del Norte propuso y aprobó rápidamente un paquete legislativo denominado “La Ley de Iryna”. Esta ley no solo limita las decisiones de los jueces y magistrados sobre libertad bajo fianza, sino que añade nuevas exigencias para la evaluación de salud mental en los acusados.

Entre los principales ejes de la reforma destacan:

• Fin de la libertad sin fianza para acusados con historial criminal o enfermedades mentales documentadas.
• Evaluaciones psiquiátricas automatizadas para ciertos delitos y perfiles de reincidencia.
• Restablecimiento de la pena de muerte, con opciones alternativas si la inyección letal es considerada inconstitucional o no disponible.

La ley fue aprobada con 82 votos a favor y 30 en contra en la Cámara estatal, y ya había pasado por el Senado, camino ahora a las manos del gobernador demócrata Josh Stein. Aunque Stein ha expresado simpatías por una reforma preprocesal, aún no ha señalado si vetará o firmará la ley. Las mayorías legislativas permiten anticipar que cualquier veto podría ser anulado.

Una respuesta cargada de política… ¿y populismo?

Durante el debate legislativo, la representante Tricia Cotham, republicana por el área metropolitana de Charlotte, fue enfática: “Este acto atroz era prevenible. Las prácticas de capturar y soltar violentos van a terminar hoy con su apoyo.” Su discurso, plagado de frases de impacto, fue recibido con ovación por sus colegas del Partido Republicano.

Pero no todos están convencidos de la eficacia de esta legislación. La demócrata Marcia Morey, exjueza de Durham, planteó dudas importantes: “Ser duros con el crimen no solo significa castigar después. Esta ley no hubiera evitado el asesinato de Iryna. Necesitamos ser inteligentes con el crimen.”

¿Se reactiva la pena de muerte en Carolina del Norte?

Una de las adiciones más controversiales llegó de la mano del líder del Senado, Phil Berger, quien incluyó una enmienda que permitirá al Secretario de Correcciones del estado seleccionar nuevos métodos de ejecución si la inyección letal queda proscrita.

Entre los métodos posibles se contemplan el pelotón de fusilamiento —utilizado en dos ocasiones en Carolina del Sur este año— y la electrocución. Con esta movida, Berger busca destrabar las ejecuciones estancadas desde 2006. Actualmente hay más de 120 personas en el corredor de la muerte en Carolina del Norte.

“Durante casi dos décadas, los obstáculos judiciales y administrativos han detenido la justicia verdadera para las víctimas”, declaró Berger en un comunicado.

La opinión contraria no tardó en llegar. La representante demócrata y exabogada de reos condenados a muerte, Vernetta Alston, calificó la enmienda como “barbárica” y denunció que se trataba de una utilización política de una tragedia: “Por mucho que creas en la pena de muerte, no se puede ignorar que estos métodos son arriesgados, crueles y potencialmente inhumanos.”

Salud mental: una deuda pendiente del sistema judicial

Uno de los puntos menos reforzados en la legislación, pero más destacados por la oposición, es la precaria red de salud mental en Carolina del Norte. Aunque “La Ley de Iryna” estipula ciertas evaluaciones psiquiátricas, no acompaña este mandato con acceso a centros hospitalarios, profesionales ni recursos financieros.

“Es una ley que responsabiliza, pero no previene”, afirmó el psiquiatra forense Dr. William Hansen, en entrevista con NPR. “Si diagnosticamos a alguien como Schizofrénico y después lo soltamos sin tratamiento, estamos simplemente delimitando formalidades.”

Según un informe de NAMI North Carolina (National Alliance on Mental Illness), más de un 60% de los condados rurales del estado carecen de cualquier tipo de centro de tratamiento psiquiátrico. Mientras tanto, la policía y el sistema carcelario han sido de facto las únicas instituciones lidiando con enfermedades mentales crónicas.

La reacción ciudadana y el aprovechamiento político

El ataque fue registrado por cámaras de seguridad en el tren ligero. La difusión de las imágenes causó una ola de indignación pública, y figuras como el expresidente Donald Trump aprovecharon el momento para señalar —una vez más— a los demócratas como “blandos con el crimen”.

Trump escribió en su red social Truth Social que “el crimen se descontrola en las ciudades progresistas como Charlotte porque están controladas por liberales que no creen en la ley ni el orden.”

El uso del asesinato de Iryna como combustible electoral ha sido cuestionado por analistas y defensores de los derechos civiles. “Piensan que criminalizar es sinónimo de gobernar… es una fórmula que garantiza votos, pero no justicia”, afirmó Angela Hightower, profesora de justicia penal en la Universidad de Carolina del Norte.

¿Se necesita más cárcel o más prevención?

El debate entre castigo y prevención marca todos los puntos de esta reforma. “La Ley de Iryna” apunta sus misiles a las últimas etapas de la cadena penal: fianza, evaluación y ejecución. Pocos apartados se enfocan en lo que falló antes: la falta de seguimiento a un individuo con problemas mentales, el débil sistema de notificación entre policías y jueces, o la inexistente infraestructura para estabilizar médicamente a personas como Brown.

Expertos como la criminóloga Louisa Caldwell sostienen que hay una narrativa pendiente: “La violencia urbana no es solo consecuencia de impunidad, sino de abandono previo… culpar al sistema judicial después de una tragedia es como cambiar la cerradura después del robo.”

Un espejo nacional: ¿modelo o advertencia?

Lo sucedido en Carolina del Norte es observado a nivel nacional. Durante la última década, EE.UU. ha vivido un péndulo entre reformas progresistas que buscan eliminar fianzas y reducir sentencias carcelarias, y oleadas conservadoras que reclaman más prisión y penalización.

Según el Bureau of Justice Statistics, en 2022 se registraron más de 4.5 millones de personas bajo supervisión correccional en EE.UU., y un 44% de ellas tenía diagnóstico de salud mental.

La Ley de Iryna podría servir como candado simbólico para muchos estados que buscan endurecer su política penal. Otros, en cambio, verán en ella un riesgo de retroceso, volviendo a un sistema que prioriza la cárcel sobre la salud pública y los derechos civiles.

Mientras Carolina del Norte espera la decisión final del gobernador, el país observa con atención, preguntándose si esta ley unirá el clamor por justicia con las lecciones necesarias para evitar otra tragedia… o si, como temen muchos, será el inicio de un renacimiento del castigo sin causa justa.