Armas, crimen y política: la peligrosa dinámica del tráfico de armas en Brasil
El auge del crimen organizado y el rol silencioso de Estados Unidos en el flujo de armas al país sudamericano
Brasil está enfrentando una creciente ola de violencia armada, y los datos más recientes muestran que muchas de las armas empleadas por el crimen organizado no solo provienen de fábricas locales, sino que también cruzan fronteras con facilidad alarmante, especialmente desde Estados Unidos. Un análisis reciente del Instituto Sou da Paz revela detalles oscuros de cómo el debilitamiento de las regulaciones sobre armas en países como EE.UU. también alimenta el caos al sur del continente.
Un crimen que sacudió São Paulo
En noviembre de 2023, el asesinato del empresario criptográfico Antônio Vinícius Lopes Gritzbach marcó un punto de inflexión. El atentado, perpetrado en plena luz del día en las cercanías del aeropuerto internacional de São Paulo, puso en evidencia la violencia con la que operan las organizaciones criminales. Según los reportes policiales, el hecho se ejecutó utilizando armas de uso restringido, incluyendo un fusil semiautomático Smith & Wesson adquirido originalmente en Virginia, Estados Unidos, hace más de 15 años.
Gritzbach había llegado a un acuerdo de colaboración con las autoridades y se comprometió a testificar en contra del Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las mafias más poderosas de América Latina. El hecho de haber roto este tipo de lealtad selló su sentencia de muerte.
Las cifras del tráfico de armas en Brasil
El estudio realizado por el Instituto Sou da Paz analizó casi 7.000 armas incautadas entre 2019 y 2023 en el sudeste brasileño, donde operan simultáneamente el PCC y el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Los resultados son contundentes:
- Un incremento del 11.4% en la incautación de armas de uso restringido.
- La mayoría de las armas son fabricadas en Brasil, pero Estados Unidos aparece como el segundo país de origen más frecuente.
- Muchas de las armas ingresan por rutas ilegales desde Paraguay, Perú y Bolivia.
Según Natalia Pollachi, coautora del estudio, se trata tanto de armas completas como de componentes, lo cual permite que se ensamblen en el país sin controles efectivos: "Partes y componentes de armas restringidas se venden con muy poca regulación en EE.UU. y son traficadas hacia Brasil con relativa facilidad", indica.
El legado político de Bolsonaro y su impacto
Durante el mandato de Jair Bolsonaro, las leyes sobre armas se flexibilizaron de manera sin precedentes. Con una postura apoyada por sectores del agronegocio, coleccionistas y clubes de tiro, Bolsonaro promovió normas que permitieron a civiles acceder a armas anteriormente destinadas exclusivamente a policías y militares.
Entre los cambios destacan:
- Legalización de pistolas 9 mm y fusiles semiautomáticos para civiles.
- Incremento del número de armas permitidas por individuo de 2 a 4.
- Menos restricciones para coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores (los llamados CACs).
Como resultado inmediato, la cantidad de armas registradas en manos privadas casi se duplicó: de 1.3 millones en 2018 a casi 3 millones en 2022. Muchas de estas entraron en el mercado negro a través de robos, ventas ilegales y adquisición por parte de "compradores de paja" —personas que adquieren armas para luego venderlas clandestinamente.
El giro de Lula: ¿es suficiente?
Al asumir la presidencia nuevamente en 2023, Luiz Inácio Lula da Silva implementó rápidamente una serie de decretos destinados a frenar esta tendencia:
- Reducción del número de armas permitidas por persona de 4 a 2.
- Reinstauración de prohibiciones a armas automáticas y semiautomáticas.
- Solicitudes obligatorias de justificación para la posesión de armas.
Aunque bien recibidas por sectores académicos y organizaciones civiles, estas medidas se enfrentan al enorme desafío de revertir el impacto de cuatro años de políticas permisivas, sumado al tráfico internacional de armas.
Estados Unidos: protagonista involuntario
Una de las revelaciones más llamativas del estudio es el papel de Estados Unidos. Las armas fabricadas en ese país representan la mayor parte del armamento extranjero incautado en operaciones criminales en Brasil. De hecho, EE.UU. es un proveedor clave no solo de armas completas, sino también de componentes que luego son ensamblados localmente.
Según Carolina Ricardo, directora ejecutiva de Sou da Paz: “Las regulaciones más laxas en EE.UU. han creado una vía legal accesible para la adquisición de armamento, muchas veces con la fachada de legalidad pero dirigidas al crimen organizado”.
Este fenómeno no es exclusivo de Brasil. En México y Canadá se han registrado patrones similares, con armas estadounidenses alimentando cárteles y bandas urbanas. En palabras de Ricardo: “Si EE.UU. quiere que América Latina luche contra el narcotráfico y el crimen organizado, también debe reconocer su propia responsabilidad en el problema”.
El poder corruptor del armamento moderno
De todas las armas analizadas, muchas responden a un mismo patrón: son modelos de uso militar. Fusiles como el AR-15 o rifles semiautomáticos de marcas como Smith & Wesson, Colt y Glock terminan en manos de bandas que utilizan equipamiento comparable al de las fuerzas policiales.
Esto no solo supone una amenaza directa a la seguridad pública, sino que también representa un desafío enorme para las fuerzas del orden, que con frecuencia se ven superadas en potencia de fuego ante narcos y milicianos fuertemente armados en enfrentamientos urbanos.
¿Armas legales, crimen ilegal?
El dilema se profundiza cuando observamos la línea cada vez más delgada entre la legalidad e ilegalidad en la adquisición de armas. En la era Bolsonaro, muchos presuntos "coleccionistas" actuaron como fachada para el acopio y reventa ilícita de armamento. La ausencia de un sistema centralizado de monitoreo facilitó sobremanera el desvío de armas del mercado legal al ilegal.
Una frase de Ricardo captura esta paradoja: “La legalización sin control produjo una legalidad ficticia que terminó beneficiando al crimen”.
Impacto social y percepción ciudadana
Mientras tanto, la sociedad civil paga el precio. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023, Brasil registró más de 40 mil homicidios en los últimos doce meses, siendo el 77% de ellos perpetrados con armas de fuego. Esto, a pesar de la reducción respecto a años anteriores, sigue ubicando a Brasil entre los países con más muertes violentas del mundo.
La percepción del ciudadano es mixta. Algunos sectores urbanos, principalmente de clases media y alta, apoyaron medidas liberalizadoras al considerar que les brindaban mayor autonomía. Sin embargo, las comunidades periféricas, donde el crimen organizado impone autoridad de facto, resultaron las principales víctimas del aumento del armamento en circulación.
¿Qué futuro espera?
Brasil enfrenta un cruce de caminos: por un lado, la necesidad urgente de desarticular redes de tráfico armado y fortalecer los controles sobre el mercado legal; por otro, la presión internacional para que modernice sus políticas de seguridad. El presidente Lula ha reconocido el vínculo entre armas y crimen, pero deberá enfrentarse también al lobby armamentista nacional e internacional, además de reforzar la cooperación con vecinos como Paraguay y Bolivia.
En este contexto, también se vuelve imprescindible que Estados Unidos tome cartas en el asunto desde su propia estructura legal. Una mayor vigilancia a la exportación de armas y piezas, controles más estrictos sobre ventas a particulares y cooperación judicial con América Latina son pasos necesarios para contener una crisis armada que ya ha cruzado fronteras hace tiempo.
En palabras de Kofi Annan: “La proliferación de armas pequeñas y ligeras es una verdadera arma de destrucción masiva en cámara lenta”. Brasil está viviendo esa destrucción, y el tiempo para revertirla comienza ahora.