Rodrigo Duterte ante la justicia internacional: crónica de una política letal
El expresidente de Filipinas enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, cargando con el legado sangriento de su guerra contra las drogas.
Un líder polémico con métodos extremos
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, no es un político ordinario. Se ganó una reputación internacional como un presidente de mano dura, particularmente por su impuesta “guerra contra las drogas”, una campaña que ha dejado miles de muertos y que ahora lo coloca en el centro de un proceso histórico en la Corte Penal Internacional (CPI). El pasado lunes, la CPI hizo públicas las acusaciones que enfrenta: crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos selectivos y operaciones de eliminación masiva. ¿Cómo llegó Duterte a este punto y qué significa este proceso judicial para Filipinas y para el sistema internacional de justicia?Las cifras detrás del horror
Desde el inicio de su mandato, Duterte prometió acabar con el crimen y el narcotráfico “a cualquier costo”. Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, entre 12,000 y 30,000 personas podrían haber muerto como resultado de ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno, muchas de ellas sin juicio previo. La Fiscalía de la CPI ha revelado tres cargos específicos por crímenes de lesa humanidad:- 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando Duterte era alcalde de la ciudad sureña de Dávao.
- 14 asesinatos selectivos en 2016 y 2017, ya como presidente.
- 43 muertes durante operaciones de “limpieza” entre 2016 y 2018.
De Dávao al poder nacional: una trayectoria manchada
Rodrigo Duterte no llegó al poder de manera inesperada. Su estilo confrontacional y sus acciones en Dávao —donde se rumorea que patrocinó un escuadrón de la muerte— le granjearon popularidad entre quienes deseaban mano dura contra la delincuencia. En 2016, logró una victoria aplastante, convirtiéndose en uno de los líderes más votados en la historia del país. Durante su mandato, sus declaraciones eran tan aterradoras como sinceras. En numerosas ocasiones, invitó públicamente a los ciudadanos a matar a los drogadictos y ofreció protección a policías que eliminaran a presuntos criminales.“Si sabes de algún adicto, ve y mátalo porque cuidar de él nos costará mucho si vive”, dijo en un discurso en 2016.Estas palabras alimentaron la violencia, y las fuerzas de seguridad se sintieron autorizadas a actuar impunemente, muchas veces eliminando sin juicio a personas pobres que se sospechaba tenían vínculos con las drogas.
¿Justicia o vendetta política?
El arresto de Duterte en marzo de 2024 fue recibido con reacciones divididas. Sus seguidores más fervientes acusaron al actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., de utilizar a la CPI para eliminar a un enemigo político. Cabe recordar que Marcos Jr. ha mantenido una relación tensa con Duterte y que ha mostrado una mayor apertura al escrutinio internacional. Los partidarios del expresidente han argumentado que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que el país se retiró del Estatuto de Roma —el tratado fundacional de la CPI— en 2019. Sin embargo, la CPI ha sostenido que sigue siendo competente para investigar crímenes cometidos mientras el país aún era miembro y durante un año después de su salida.La política antinarcóticos como justificación
Duterte siempre defendió su política como una cruzada necesaria para limpiar a Filipinas del narcotráfico. Para él, su guerra era una cuestión de seguridad nacional e incluso de desarrollo económico. Sin embargo, las críticas apuntan a que se trató de una estrategia basada en el miedo y la eliminación extrajudicial selectiva que no atacó las raíces del narcotráfico. Según el Consejo Nacional de Drogas Peligrosas de Filipinas, alrededor del 1.8% de la población adulta había consumido drogas ilegales en algún momento. A pesar de las miles de muertes, las cifras relacionadas con el uso de drogas no mostraron una reducción significativa al término de su mandato.Reacción internacional y de organismos de derechos humanos
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, describió en 2020 la campaña antidrogas como "una violación sistemática y masiva de los derechos humanos". Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que Duterte rinda cuentas desde su primer año de gobierno. Además, varios países miembros de las Naciones Unidas han presionado para que se realice una investigación independiente sobre la situación en Filipinas. El proceso ante la CPI es percibido como un avance hacia la rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la justicia nacional ha sido casi inexistente para las víctimas.La prueba para la justicia internacional
El caso Duterte es una prueba de fuego para la Corte Penal Internacional, que ha tenido dificultades previas para lograr condenas de líderes poderosos. La detención del expresidente y la apertura de un juicio podrían sentar un precedente crucial sobre la capacidad de la comunidad internacional para penalizar los abusos de poder. Sin embargo, los desafíos no son menores. Los abogados de Duterte han argumentado que su cliente no está en condiciones de ser juzgado debido a supuestos problemas de salud física y mental. Esto retrasó el inicio del juicio en La Haya, en lo que muchos consideran una estrategia dilatoria.¿Qué opinan los filipinos?
Dentro de Filipinas, la opinión pública sigue dividida. Mientras algunos sectores celebran la posible condena de un hombre al que consideran responsable de miles de muertes injustificadas, otros lo siguen viendo como un héroe anticrimen. Una encuesta del Social Weather Stations de 2023 reveló que el 52% de los filipinos cree que hubo muchas ejecuciones extrajudiciales durante la guerra antidrogas, pero el 48% cree que Duterte hizo lo correcto para proteger al país. Esa división revela un país que aún no ha sanado las heridas de una política letal.Temores de retaliación política
El proceso judicial contra Duterte también podría intensificar la polarización política. Muchos temen que su juicio sea aprovechado por facciones políticas para deslegitimar a sus oponentes. En un país con una historia de impunidad para corruptos y dictadores —como el mismo Ferdinand Marcos padre—, la CPI podría ser tanto un revulsivo como un arma de doble filo.El legado de la violencia
Más allá del juicio, una de las grandes preguntas es cómo Filipinas lidiará con el legado de la guerra contra las drogas. Miles de familias aún claman justicia para sus seres queridos asesinados sin razón y sin juicio. Organizaciones locales como "Rise Up for Life and for Rights" y "Families of Victims of the Drug War" han documentado cientos de casos y siguen trabajando para visibilizar a las víctimas. El juicio internacional es un paso, pero no el único necesario para la reparación.¿Un nuevo capítulo para Filipinas?
El futuro del país dependerá en gran parte de cómo maneje su pasado. El juicio a Rodrigo Duterte puede ser una oportunidad para demostrar que, incluso los líderes más poderosos, deben rendir cuentas cuando violan los derechos fundamentales. Si lo logra, marcará un antes y un después no solo para Filipinas, sino para todas las naciones donde el autoritarismo y la violencia aún se escudan bajo la bandera del orden. Este artículo fue redactado con información de Associated Press
